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Los mexicanos debemos ver con beneplácito la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha concedido un amparo para que se de a conocer el expediente sobre las denuncias que tiene en su contra el arzobispo emérito, Norberto Rivera Carrera, por el posible ocultamiento de casos de pederastía en que habrían incurrido 15 sacerdotes bajo su égida, de manera que podremos saber hasta dónde las autoridades mexicanas han sido complacientes con el prelado, o si realmente se ha dado seguimiento a las denuncias interpuestas en contra de quien, en su momento, reconoció haber estado enterado de los casos de pederastas y haber ejecutado procesos eclesiásticos pero sin dar aviso al Ministerio Público como era lo conducente.
Habrá que recordar que el ex arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, fue señalado como protector y encubridor de sacerdotes pederastas, lo que en cierta medida derivó en la renuncia al cargo que ostentaba en diciembre de 2017. Sin embargo, hasta ahora ha gozado de impunidad ante la pasividad e inacción de las autoridades que no se conoce hayan ido más allá en las pesquisas de la denuncia.
El jueves, medios de comunicación informaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo promovido por Alberto Athié Gallo, para que se pueda entregar una copia de la carpeta de investigación.
Fue por unanimidad que la Primera Sala de la SCJN aprobó la propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para revocar su decisión original de negar acceso al ex sacerdote Athié Gallo a la investigación.
“Se debe analizar el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, cuando dichos delitos sean de lesa humanidad o representen una grave violación de derechos humanos”, señaló.
El ex sacerdote denunció a Rivera Carrera ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) por ocultar a las autoridades competentes 15 casos de pederastia cometidos por sacerdotes a su cargo, sucesos que el cardenal públicamente dijo conocer durante una conferencia el 19 de diciembre de 2016.
Aquí en la arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros”, dijo entonces Rivera Carrera.
No obstante, Athie Gallo pudo confirmar que ninguno de los casos fue notificado al Ministerio Público Federal. De esta forma, Rivera Carrera habría violado el Código Nacional de Procedimiento Penales (CNPP) y la Ley de Asociaciones Religiosas.
Tras la denuncia, el ex sacerdote intentó consultar la carpeta de investigación iniciada contra Norberto Rivera. No obstante, la dependencia no le permitió al ex prelado tener acceso a la investigación ya que son estrictamente reservados solo tienen acceso las víctimas, el acusado y sus abogados, pero no el denunciante.
Ahora, la SCJN reconoció es congruente que la sociedad tenga acceso a información de investigaciones que se vinculan a violaciones graves a derechos humanos. Fue por esta razón por la que ordenó a la FGR realizar el análisis necesario, conforme a las normas vigentes en la materia, para determinar si era posible dar acceso a las indagaciones.
“Conforme a los lineamientos sobre la constitucionalidad de la normatividad aplicable, la autoridad debe analizar exhaustivamente, y así fundar y motivar, si la persona denunciante puede tener acceso a la investigación y esclarecimiento de los hechos”, determinó.
De acuerdo con la propia cúpula de la Iglesia Católica en México, se han investigado a 271 sacerdotes por casos de abusos a menores en la última década, y sumados a los que han sido procesados por otras faltas, da un total 426 clérigos, informó el pasado martes 14 de enero la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
El presidente del CEM, Rogelio Cabrera López, detalló que de los 426 sacerdotes que han sido o son investigados, 173 están en proceso -el 40.6 por ciento- y otros 253 ya fueron completados. En la conferencia de prensa de las autoridades eclesiásticas estuvo presente también Alfonso Miranda, el secretario general.
Hasta ahora, confirmaron, 217 integrantes de la iglesia católica investigados han sido expulsados de la orden (el 51% del total), y 155 de los casos han sido notificados a las Fiscalías correspondientes en México. Sin embargo, la CEM no tiene un registro del número de víctimas.
El caso del párroco poblano Nicolás Aguilar, acusado de cometer más de 86 actos de pederastia en Tehuacán, Puebla y Los Ángeles, California es uno de los tantos que manchan a Rivera Carrera y permiten develar cómo bajo su gestión la Iglesia Católica mexicana apoyó y encubrió casos de abusos sexuales contra los niños que son parte de sus huestes.
Norberto Rivera Carrera no solo estuvo al tanto de los delitos de algunos sacerdotes, sino que también les permitió continuar oficiando misas en las diócesis de Tehuacán y Puebla, a pesar de las denuncias civiles que se presentaron en su contra por violación y corrupción de menores en Estados Unidos y México.
De hecho, no se puede dejar de mencionar que la iglesia católica en el país padeció con Norberto Rivera los escándalos de protección a sacerdotes pederastas con Marcial Maciel, Nicolás Aguilar —por quien el cardenal fue demandado ante la Corte de Los Ángeles, California— así como el caso del sacerdote Carlos López Valdés, cuyo proceso penal continúa por abuso sexual cometido entre 1994 y 1999.
Además, entre esos personajes que incurrieron en abusos y que deben pagar por sus crímenes estarían el Cardenal Juan Sandoval ÍIñiguez, ex Obispo y ex Arzobispo de Guadalajara, así como los sacerdotes Luis Garza Medina y Álvaro Corcuera, quienes fungían como Vicario General y Director General de Los Legionarios de Cristo, por encubrimiento de al menos 35 casos de pederastia de integrantes de esa comunidad clerical que fundó el defenestrado Marcial Maciel, debiendo recordarse que Sandoval Íñiguez reconoció haber conocido de los crímenes sexuales y confesó públicamente que incumplió con lo que le obliga la ley y la Constitución de la República al omitir deliberadamente detener y entregar a la justicia a los sacerdotes incriminados a los que “sólo les castigó eclesiásticamente” al suspenderlos temporalmente de sus prerrogativas sacerdotales y cambiarlos de adscripción, por lo que resulta, es culpable de pedofilia y pederastia por negligencia y complicidad al propiciar impunidad de criminales que siguen libres y quizá continúen cometiendo crímenes, sin menoscabo de que hay sustento en cuanto a que el cardenal supo del apropiamiento doloso de bienes de jovencitas huérfanas entregadas por parientes a diversas órdenes religiosas y que además fueron utilizadas en servicios forzados de prostitución y como empleadas en casas de familias adineradas.
En reiteradas ocasiones he señalado que las autoridades en México están obligadas a hacer una exhaustiva investigación a través de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, para llegar hasta las últimas consecuencias a fin de que los responsables de flagelos como el que se ha dado cuenta no queden impunes simple y sencillamente porque no se mide con la misma vara a la hora de aplicar la justicia o porque los delitos prescriben. Ojalá ahora sí llegue la justicia.
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@salvadorcosio1
