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Mientras los abogados de Rosario Robles aseguran que su cliente es víctima de una «persecución política» y arguyen el juez que instruyó darle prisión preventiva actuó bajo “un criterio aislado e ilegal, faltando al debido proceso”, lo cierto es que desde cualquier óptica, la ex secretaria de Desarrollo Social tiene muchos elementos en su contra, y también personajes e instituciones que están decididos a dejarla en prisión acusada de formar parte de una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por 5 mil 73 millones de pesos.
No podemos perder de vista que Rosario Robles es el personaje de más alto nivel encarcelado por el famoso caso denominado “La Estafa Maestra”, que involucra a varios de los principales colaboradores del expresidente Enrique Peña Nieto. La ex funcionaria tiene un panorama complicado en la lucha que ha iniciado por demostrar su inocencia y lograr su libertad, pero también ella tiene toda la información que los jueces están buscando; debe conocer a la perfección la ruta que siguió ese recurso del que se le señala y a dónde fue a parar. Es decir que no todo está perdido, aunque faltará ver si está dispuesta a poner cabezas de primer nivel para salvar la suya.
Por lo pronto, Robles llevará su juicio en prisión a razón de que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito -por omisión del desvío multimillonario en contra del erario- como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el sexenio pasado cuando la ex funcionaria estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol).
El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para la conclusión de la investigación complementaria aunque en caso de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo.
Por su parte el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le negó la suspensión definitiva a Rosario Robles Berlanga contra cualquier orden de captura que se gire en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).
Es importante contextualizar que La Estafa Maestra es el nombre de una investigación periodística realizada por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que se publicó en 2017 y surgió a partir de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto del gobierno de Peña Nieto en 2013 y 2014.
La Estafa Maestra documentó irregularidades en la asignación de contratos para servicios diversos en al menos once dependencias públicas. Además de Sedesol, en la supuesta red de corrupción están involucradas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos (Pemex) entre otras. En algunos casos, los contratos no se cumplieron o el presupuesto que se asignó era superior al costo real.
La investigación también estableció el uso de algunas universidades públicas para desviar recursos fiscales. Las instituciones eran contratadas para hacer estudios e investigaciones que no se realizaban o se cobraba más dinero del costo real por el servicio.
Así fue como La Estafa Maestra, ese excelso trabajo de un grupo de periodistas encabezados por Salvador Camarena, fue presentada a la opinión pública:
“Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.
Por eso está en la cárcel
Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.
El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.
Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.
La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido”.
Según la FGR, la exfuncionaria supo que sus colaboradores asignaron de forma irregular decenas de contratos a universidades y empresas «fantasma» y no hizo nada; ahora, tras la comparecencia en que se le ordenó llevar el proceso tras las rejas, ha trascendido que Robles habría argumentado que en su momento notificó tanto a José Antonio Meade (el excandidato presidencial postulado por el Partido Revolucionario Institucional), quien la relevó en la Secretaría de Desarrollo Social, de dichas irregularidades, lo mismo que al ex presidente Enrique Peña Nieto, lo cual deberá probar ante el juez, quien la acusa, entre otras cosas de no haber impedido el desvío.
En algún momento de 2013, prácticamente al inicio de su sexenio, Enrique Peña Nieto dirigió a la entonces Secretaria de Desarrollo Social, palabras de aliento: “Rosario, no te preocupes», le dijo a quien había sido señalada de usar programas sociales en supuestos desvíos con fines electorales. Una vez concluido el sexenio de Peña, Rosario no solo está preocupada sino tras las rejas, recluida en el reclusorio de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, con serias posibilidades de purgar una larga condena y perder su patrimonio y el de varias de sus generaciones, tras ser acusada de participar en una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por 5 mil 73 millones de pesos.
Por cierto, el nombre del juez que lleva el caso es Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, a quien la pareja de Rosario Robles, Carlos Ahumada exhibió recibiendo fajos de dinero. Ante ello no se puede descartar que los abogados defensores de la exsecretaria de Desarrollo Social promuevan una recusación para pedir que se sustituya a Felipe de Jesús Delgadillo del proceso, lo que quizá sería lo más adecuado para evitar que se manche la legitimidad del trámite procesal.
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