Artículos relacionados
A diferencia del ejercicio “inédito” de un gobierno subnacional (un estado) que acudió a rendir cuentas “con la frente en alto” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la contaminación del Río Santiago, hubo un momento en el proceso que junto al gobierno federal intentó impedir que se dictaran medidas cautelares.
En el apartado de la resolución 7/2020 donde el organismo internacional dictó la medida cautelar 708-19, el Estado mexicano prácticamente lo negó todo.
Enumeró que se han llevado a cabo acciones de saneamiento de la Laguna de Chapala y en los municipios de El Salto y Juanacatlán, que existían 19 plantas de tratamiento de aguas residuales y que hay dos mega plantas de tratamiento en el área metropolitana, “El Ahogado” y “Agua Prieta”.
Argumentaron que las aguas del río registran mejorías, que aumentaron el presupuesto para la Comisión Estatal del Agua en Jalisco y que cuentan con un “Plan de Gobernanza y Desarrollo del estado de Jalisco”, donde figura la recuperación integral del Río Santiago.
Por todas estas acciones, las autoridades consideraron que las denuncias de organizaciones por la grave contaminación del río estaban siendo atendidas por lo que no se cumplen los requisitos del artículo 25 del reglamento de la CIDH para el otorgamiento de medidas cautelares por elementos de “gravedad, urgencia e irreparabilidad”.
El 18 de julio de 2019, vecinos del río y distintas organizaciones, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictara las medidas a favor de habitantes de zonas aledañas al río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud, debido a la contaminación del afluente y anexaron numerosas pruebas.
El organismo internacional, revisó estudios que acreditan la presencia en el río de contaminantes tóxicos vinculados a actividades industriales y que pueden provocar cáncer. Recibieron información de las 300 industrias asentadas en la región que descargan sus desechos y recibieron imágenes de las espumas pestilentes que cubren la cascada en El Salto. Encontraron que las plantas de tratamiento referidas, solo tratan residuos domésticos, pero no atienden los desechos industriales que son la principal fuente de contaminación.
Conocieron estudios técnicos que muestran los elevados casos de niños con daños renales en Agua Caliente y San Pedro Itzicán, así como presencia de pesticidas en la orina de menores.
Con la información entregada, la CIDH resolvió que existían elementos suficientes para decretar la prima facie y considerar que los habitantes se encuentran en una situación de gravedad, urgencia y enfrentan un riesgo de daño irreparable…
Pero, efectivamente, en un hecho inédito y sin que mediara convocatoria, una delegación de Jalisco acudió a Washington a “rendir cuentas” sobre lo que ha hecho el gobierno estatal para atacar la contaminación del Santiago.
Destacaron 4 mil 637 millones de pesos invertidos en cuatro años (la mayor parte en plantas de tratamiento), hospitales en construcción y unidades de hemodiálisis.
Previo a la reunión, hubo tres mensajes. El martes 18 de octubre, el jueves por la mañana en los preparativos y minutos antes de ingresar al encuentro, donde se repitió una y otra vez, el ejercicio “inédito” de que un gobierno subnacional acudiera a informar con precisión y a rendir cuentas.
Sólo que, al salir del histórico encuentro, se emitió un escueto comunicado y un mensaje de un minuto y 26 segundos donde se daba cuenta de que les había ido “muy bien”, que había compromisos específicos y que se llevaban “tareas”.
De qué clase de compromisos o tareas, nada se dijo. Es decir, de este lado no se rindieron cuentas.
