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La revisión y recomposición de los asuntos del orden de reinserción es una deuda que el gobierno anterior dejó pendiente, pero el tema tampoco ha sido prioridad bajo el mandato de Enrique Alfaro Ramirez, quien pese a enfrentar una crisis de inmensas dimensiones en el tema de la seguridad en el estado, ha soslayado todo lo relacionado con la reinserción y readaptación que tan urgente resulta en las circunstancias que vive nuestra entidad.
Y es que en Jalisco se incumple la ley que obliga a que los reos de alta peligrosidad, los vinculados al crimen organizado o a delitos graves de delincuencia organizada, deban estar recluidos en establecimientos carcelarios de acuerdo a su condición, separados de los internos que son reinsertables a la sociedad o de mediana o baja peligrosidad y más aún separados de los inimputables.
Se permite que las cárceles sean gobernadas por el famoso autogobierno, por los reos más importantes, con más poder económico y de fuerza y que desde ahí, los grupos, los capos, y las mafias armen, establezcan, proyecten y operen los asuntos que provocan desestabilización social por delincuencia.
Habrá que recordar que tan solo 10 días antes de que concluyera su mandato, el martes 19 de febrero de 2013, el entonces gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, celebró por todo lo alto la inauguración del Reclusorio Federal de Alta Seguridad, denominado “Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco” que tuvo un costo de mil 700 millones de pesos y fue diseñado para mil 700 personas en su capacidad máxima. En ese momento se presumió que dicha edificación albergaría a reos de alta peligrosidad y que además serviría para despresurizar otros centros penitenciarios de la entidad. Hasta ahí todo bien. Pero a más de 6 años de distancia luce como un gran elefante blanco.
En esa oportunidad, una publicación de el diario “El Informador” dio a conocer que el reclusorio contaría con celdas automatizadas, cada una, para albergar a tres reos, equipada con mesa, sillas semifijas, un retrete y una regadera en cada una. “El metal de las puertas tendrá una duración de 50 años. En un ala se contabilizan 28 celdas en dos niveles. Para ingresar se llega por laberínticos pasillos dotados de numerosas cámaras de vigilancia y cercados por mallas y alambre de púas en los tramos exteriores. Las torres de vigilancia tienen vista libre a los caminos y áreas de esparcimiento. La reja perimetral acciona una alarma cuando es tocada, y los ingresos cuentan con barreras de contención automatizadas que se levantan y que pueden detener camiones de tres toneladas a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Al fondo de cada ala –se aseguró– están las áreas para cuando visitan las parejas. Entre el equipo dispuesto para el centro se contaban 4 mil dispositivos electrónicos. 900 puertas automáticas. 500 cámaras. Ingresos con sistemas de rayos X. Lectura de tarjetas. Sistemas de barreras y bolardos. Sistemas de intercomunicación (para menor uso de radios y celulares). Monitoreo que permite conocer si se enciende un teléfono celular y que identifica a la compañía operadora.
González Márquez dejó al gobierno que lo sucedería la decisión de cuándo comenzaría a trasladar los presos, solo se congratuló de que la obra estaba terminada. Nada pasó después, el nuevo gobierno ignoró ese edificio hasta hace poco más de un año cuando invirtió alrededor de 33 millones de pesos en obras de rehabilitación y modernización.
Sin una explicación a los jaliscienses, Aristóteles Sandoval nunca dio al Reclusorio de Alta Seguridad la funcionalidad para la que fue destinado.
Durante la campaña electoral en la que tuve el honor de participar como candidato a la gubernatura de Jalisco, reiteré lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, que es apremiante que las autoridades del Estado trasladen a reos de alta peligrosidad que se encuentran en diferentes cárceles del estado para concentrarlos en el reclusorio metropolitano de alta seguridad como lo marca la ley. La Constitución establece que los reos de delitos graves, de delincuencia organizada deben estar en un reclusorio de alta especialización, de alta seguridad, y actualmente están en reclusorios de Puerto Vallarta, de Ciudad Guzmán y en el reclusorio preventivo de Puente Grande, mientras el reclusorio metropolitano de alta peligrosidad está sub-utilizado.
Se está incumpliendo con esta medida constitucional del artículo 18 de la Carta Magna. Aparentemente no hay una causa para no hacerlo y sí existe un motivo de ilegalidad. Además, esto genera el hacinamiento que tenemos en los reclusorios y la mezcla de los tres niveles de reos; los de alta peligrosidad que debieran estar en ese tipo de instalación, los ordinarios y los de baja peligrosidad y alto índice de reinserción que merecen estar ubicados en un reclusorio especializado.
El artículo 18 de La Constitución establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Al no cumplirse con este mandato de ley, se prohíja el autogobierno que es uno de los motivos del alto índice de criminalidad en Jalisco. No podemos soslayar el riesgo que representa tener a estos tres niveles de delincuentes en un mismo sitio. Se debe proteger a los reinsertables y separarlos de los que de acuerdo a su perfil y nivel de criminalidad no son candidatos para reintegrarse a la sociedad.
Sigo pensando que es necesario crear un modelo de reinserción temprana y la construcción del Hospital Psiquiátrico Penitenciario ya que se cuenta con enfermos psiquiátricos crónicos y psiquiátricos ambulatorios que están también en un lugar inadecuado incumpliéndose el derecho humano a la salud mental y al trato diferenciado por su inimputabilidad, por su enfermedad.
El gobernador Aristóteles Sandoval dejó la administración con un saldo desfavorable en el tema de reinserción y readaptación. A él lo perseguirá el fantasma de haber dejado el reclusorio Metropolitano sub utilizado después de que Emilio González se lo entregó en charola de plata. Solo él conoce los motivos y si fue mayor su temor a los presos, a quienes gobiernan el autogobierno, y/o a las organizaciones delictivas.
En el caso del gobernador Enrique Alfaro, también durante la campaña electoral abordó el tema de la reinserción e hizo compromisos que hasta ahora no ha cumplido, algunos de ellos fueron los siguientes:
Crear una Secretaría de Seguridad Pública que tenga como órgano desconcentrado a la entidad especializada en la reinserción social
Dar autonomía a la defensoría pública y dotarla de los medios para que pueda consolidar el principio y mandato constitucional de equidad.
Desarrollar sistema de sanciones distintos de la prisión y un adecuado programa de seguimiento y evaluación.
Nada de ello ha sido prioridad para el Gobernador que tiene a la entidad con los peores números en prácticamente todas las áreas involucradas con la seguridad. No sabemos qué puede estar esperando para tomar cartas en el asunto cuando la emergencia está a la vista de todos.
Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
