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La postura de la Asociación Conciencia Cívica, del Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Fundación Cuenca Lerma Chapala, Vecinos de Rancho Contento y la Federación de Sindicatos del Estado, quienes desde hace más de 10 años se han opuesto a que se edifique y luego que se dé alguna utilización de vivienda al complejo denominado Villas Panamericanas que sirvió para albergar a 7 mil 500 atletas durante los Panamericanos de 2011, sigue siendo la misma, “no permitiremos por ningún motivo que se violente el orden jurídico ni que se siga lesionando el medio ambiente ni que se sigan realizando acciones para generar un negocio ampliamente lucrativo para unos cuantos empresarios voraces con la complacencia del gobernador, en perjuicio de la mayoría”, dijo en conferencia de prensa el presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona.
Adicionalmente, señaló que el Tribunal de Justicia Administrativa les dio la razón al advertir que hay una suspensión de 2013 que impide la comercialización de ese inmueble, toda vez que están vigentes las suspensiones que han interpuesto, “particularmente la que presenté en 2013, y que se ha pretendido violentar el pasado 30 de agosto cuando la empresa creada al vapor que aparece como compradora, Green Life Capital, obtuvo un fallo a favor para reactivar las licencias que se obtuvieron entre 2009 y 2011 para la edificación y venta del inmueble. Sin embargo ese mismo viernes presentamos un nuevo recurso legal y el Tribunal de Justicia Administrativa nos otorgó la razón al advertir que existe una suspensión de 2013 que impide la comercialización de la Villa Panamericana.
La medida, interpuesta por Conciencia Cívica, da cinco días hábiles a Zapopan, Ipejal, Ijalvi y Grupo Corey para que suspendan cualquier emisión de licencias o dictámenes y que no se ejecute el contrato de promesa de compraventa y el convenio de asociación para promoción de vivienda, que se tenía previsto firmar en la opacidad el último día del mes de agosto pasado.
Cosío Gaona dijo que en caso de que se atienda la instrucción girada por la autoridad judicial, procedería una sanción administrativa que va desde arrestos hasta separación del cargo y acción penal.
“Es además de un precedente que no puede permitirse que se violente el estado de derecho, es la realidad del intento de voraces empresarios y voraces socios en el ámbito administrativo que ahora quieren prohijar un convenio que permite enriquecerse más a costa del dinero público, que permite recibir en todo caso si así fuera el asunto, corcholatas a un costo muy alto”.
Los defensores de El Bajío y el Bosque La Primavera, esperan que no cambie la postura del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, que consideran está actuando como debe ser; ya que” no debe propiciar que se rompa el orden jurídico ni permitir que se lleve a fondo ese ecocidio y ese ultraje al pueblo de Jalisco”, concluyó Cosío Gaona.
