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En lo que va del año, al menos 25 policías han sido asesinados en Jalisco, mientras 37 han sufrido algún tipo de agresión. El más reciente homicidio contra un uniformado se registró este fin de semana en la colonia El Rosario del municipio de Tonalá; un elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado que se encontraba en su día franco. Es una realidad que los policías en Jalisco están siendo “levantados”, desaparecidos y ejecutados, sin que el parecer, exista estrategia alguna para frenar esta tendencia negativa que ya supera la cifra alcanzada al final del año pasado.
Los atentados en su contra no solo han incrementado, también han subido de nivel, ahora los asesinan en sus hogares frente a sus familiares, en días de asueto o durante sus vacaciones. Pareciese que no existe un modus operandi de ataque como tal, por lo menos que se conozca, salvo estar en el lugar y en el momento incorrecto, cualquiera puede ser objeto de venganza y agresiones por parte de las mafias.
Un diario local tituló hace algunos días “Los policías de Jalisco tienen miedo”. Lo tienen porque carecen de lo más elemental para protegerse y desempeñar de manera eficiente y eficaz su labor.
Los policías tienen miedo porque ellos saben que un factor fundamental en esta “guerra” con el crimen organizado -que el gobernador dice que no es guerra-, es la estrategia y la coordinación, justamente lo que salta a la vista que se carece.
Es de suponer que quien se encuentra al frente de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, el Doctor Macedonio Salomón Tamez Guajardo, debe contar con ciertas destrezas, pero en otros campos, no en el de la seguridad; y es necesario y urgente reconocer que no es el elemento adecuado para estar a cargo de la seguridad de la segunda entidad en importancia en nuestro país.
Los jaliscienses no merecemos que por capricho u otras razones se le mantenga en el puesto. En áreas tan delicadas como las relacionadas con la prevención, procuración de justicia, y seguridad no pueden ser entregadas como pago de favores o para cumplir compromisos a gente que no está capacitada para desempeñarse en ellas.
Los policías se sienten huérfanos y con justa razón; ellos son quienes en primera instancia arriesgan el físico para resguardarnos a todos, y están completamente vulnerables.
En marzo pasado, el Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal para fincar una pena de 40 a 70 años de prisión y multa de hasta 84 mil 490 pesos en los casos de homicidio calificado, cometidos en contra de personas que desarrollen funciones de seguridad pública, impartición o procuración de justicia.
Pero no solo no ha servido de freno para los malos, sino que han intensificado e incrementado el nivel de sus agresiones contra los policías, aunque el gobernador Enrique Alfaro, rechace que se está en guerra con el crimen organizado.
El lunes 8 de julio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también se pronunció respecto a los recientes ataques en contra de policías, tanto de corporaciones estatales como municipales, y urgió a las autoridades a brindar garantías a los elementos en seguridad física e integridad personal.
El organismo, mediante un escrito, dijo haber contabilizado al menos 37 agresiones en lo que va de la presente administración estatal, entre ellos 25 homicidios. Criticó que varios de los ataques se han realizado de forma cruel, como el ocurrido el 21 de junio pasado, cuando un policía, en su día de descanso, fue asesinado en su domicilio y frente a su familia.
Señala además que los asesinatos, privaciones de la libertad, desapariciones y agresiones contra los elementos, generan un clima de inseguridad social.
La comisión advirtió que se integraron las actas de investigación 123/2018, 124/2018, 70/2019, 76/2019, 110/2019 y 122/2019, con relación a las condiciones laborales de los policías, en las que “se identifican patrones de carencia en equipamiento, capacitación y falta de garantías a los derechos de seguridad social, así como salario y prestaciones suficientes”.
Derechos Humanos, puso el dedo en la llaga al advertir que “la seguridad pública no es posible si a quienes son los principales responsables de garantizarla no se les respetan sus derechos humanos ni cuentan con las condiciones y elementos mínimos para realizar su trabajo de forma adecuada”.
Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
