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La puerta para convertir al Instituto de Pensiones de Jalisco en una coladera, se abrió prácticamente cuando fue reformada su ley.
Mientras el 13 de noviembre de 2009 las polémicas reformas que desaparecían la Dirección de Pensiones para dar paso a un instituto eran aprobadas en el congreso con 23 votos a favor y 12 en contra, en la Plaza Liberación maestros de la sección 47 manifestaban ruidosamente su apoyo para acallar las voces de quienes se oponían a los cambios.
Hasta entonces, era un simple departamento en la estructura del gobierno estatal que administraba medianamente bien los recursos aportados por los miles de burócratas en el estado.
Sin embargo, la reforma de ley impulsada y consolidada en el gobierno de Emilio González Márquez, tenían como fin permitir que Pensiones utilizara los fondos en inversiones arriesgadas que en teoría tendrían como resultado mayores dividendos para los fondos de los trabajadores.
En el rubro de las reservas e inversiones, las reformas permitían al organismo en su artículo 158 inversiones nacionales e internacionales, no obstante establecía una condición para que se efectuaran: “El Instituto podrá realizar toda forma de inversión, aisladamente o en asociación, que esté permitida por las leyes, previo el cumplimiento de los requisitos que las mismas establezcan, cuidando siempre de la seguridad y rentabilidad de las inversiones, en beneficio del patrimonio institucional”.
La historia ha demostrado que dicha reingeniería fue un fracaso. El primero de los movimientos fue Chalacatepec, donde fueron invertidos 89 millones de dólares en una asociación con la empresa Rasa Land para un supuesto desarrollo turístico que nunca fue realizado.
Destaca también el caso de Abengoa, una compañía española en la que invierten 604 millones de pesos en bonos bursátiles que también se perdieron porque la firma se fue a la quiebra.
Pensiones siguió además participando a través de fideicomisos en números proyectos inmobiliarios donde particulares aportan tierras y el instituto los fondos.
De ese tipo de alianzas hay un puñado de expedientes donde Pensiones no ha tenido utilidades.
Por si fuera poco, el instituto tampoco se convirtió en un modelo de administración de los fondos provenientes de ayuntamientos y otras dependencias, ya que adeudan cientos de millones de pesos al organismo.
En sentido estricto, ni siquiera ha ejercido la presión adecuada para recuperar esas carteras ya que ayuntamientos descontaron de los salarios las cuotas de pensiones pero no entregaron los recursos, lo que podría ser constitutivo de un delito.
A todo esto habrá que añadir que se ha incumplido con una tarea fundamental que el Ipejal tiene por naturaleza que atender: la salud de sus pensionados y jubilados.
La carencia de medicamentos ha sido una constante desde hace varios años, incluso antes de la crisis nacional y a esto se suma la mala atención en clínicas, retraso de cirugías, etcétera.
Y el último de los puntos y de los más sensibles, es la carga que enfrenta el instituto con las jugosas pensiones por jubilación que sigue entregando.
Tan solo en diciembre pasado, fueron autorizadas dos que rozaron los cien mil pesos y una más que superó los 150 mil pesos, historias que merecerán un capítulo aparte.
