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Al aceptar el convenio marco para vender las 200 unidades habitacionales que tiene en el complejo de las Villas Panamericanas, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco recibiría menos recursos que si hubiera peleado jurídicamente porque se cumpliera el contrato de compra-venta que firmó en el año 2010.
Según el actual convenio firmado con Green Life Capital, SAPI de C.V., el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) que antes se llamó Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe) y Pensiones, recibirían mil 500 millones de pesos por la venta de las unidades comprendidas en las villas en un lapso de 4 años.
El primer monto como anticipo de 200 millones y los restantes mil 300 millones de pesos en pagos trimestrales a partir de marzo de 2020 y hasta agosto de 2023 conforme al flujo de efectivo que arrojen las ventas de los edificios.
Cada año calendario tendrían la suma garantizada de 325 millones hasta sumar los mil 300 millones de pesos. Del monto global de la operación, mil 005 millones serían para IJALVI (ya que aportó 690 millones para la construcción de las villas) y 495 millones para IPEJAL (su aportación fue de 340 millones de pesos).
Sin embargo, una revisión al contrato de compra-venta firmado el dos de diciembre de 2010 entre Corey Integra, Sociedad Anónima de Capital Variable y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (cuya copia posee este columnista), muestra que tan sólo por el incumplimiento de la empresa en la entrega de las unidades habitacionales, el organismo ya debería haber recuperado su inversión.
El contrato se refería al proyecto Villa Bosque/Villas Panamericanas, como un complejo habitacional en cuyas paredes quedaría grabada la historia de los Juegos Panamericanos 2011.
La parte vendedora ofrecía entregar las unidades libres de gravamen, al corriente del pago de impuesto predial, servicios de agua, electricidad y sin adeudos.
En la cláusula sexta del contrato, Corey se comprometía a entregar las unidades al Ipejal a más tardar el 15 de febrero de 2012 y en caso de incumplimiento pagaría una pena equivalente al uno por ciento mensual sobre el valor de cada unidad no entregada.
Además, la cláusula octava señalaba que garantizaba el cumplimiento con una fianza equivalente al 10 por ciento del valor total del contrato.
El documento es firmado por Héctor Francisco Cornejo Reynoso como apoderado legal de Corey, Integra, S.A. de C.V. y Eduardo Mar de la Paz como presidente del consejo directivo de Pensiones y Salvador Sánchez Guerrero como director general.
Pero desde la fallida fecha de entrega el 15 de febrero de 2012, han transcurrido 90 meses y tan sólo por concepto de la pena pactada en el contrato del uno por ciento mensual, la parte vendedora debe 306 millones además de la fianza de 34 millones para sumar un gran total de 340 millones de pesos, curiosamente la misma inversión que hizo Pensiones en las villas.
A esto tendría que sumarse la entrega de los departamentos o en su defecto el rembolso de otros 340 millones que, sin considerar intereses, significaría una operación para Pensiones de 680 millones, es decir, 185 millones de pesos más que con la operación pactada con Green Life Capital, SAPI de C.V.
