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En la historia de malas inversiones sin castigo por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), la de las Villas Panamericanas es un caso de escándalo.
Con el tiempo encima para la edificación de las villas que albergarían a los atletas de los Juegos Panamericanos en 2011, el gobierno estatal encabezado por Emilio González Márquez, ideó una estrategia que incluyó la asociación en 2009 del entonces Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe) y Corey Integra, la firma privada que ganó la licitación para construir el complejo, en la que el instituto aportaría 690 millones de pesos.
Como los recursos no le alcanzaron a la constructora y ante la negativa de los bancos de apoyar un proyecto de tan alto riesgo –-como quedó demostrado con el tiempo–, el Instituto de Pensiones también intervino el dos de diciembre de 2010 para “comprar” 200 unidades habitacionales del prometido desarrollo denominado Villa Bosque.
La parte vendedora se comprometía a entregar los 200 departamentos a más tardar el 15 de febrero de 2012. De no ser así, la cláusula sexta del contrato de promesa de compra-venta establecía que la parte vendedora pagaría el uno por ciento mensual sobre el valor de cada unidad no entregada.
Por si fuera poco, la cláusula octava señalaba que la desarrolladora garantizaba el cumplimiento con una fianza equivalente al 10 por ciento del valor total del contrato, es decir, 34 millones de pesos.
El documento fue firmado por Héctor Francisco Cornejo Reynoso como apoderado legal de Corey, Integra, S.A. de C.V., Eduardo Mar de la Paz como presidente del consejo directivo de Pensiones y Salvador Sánchez Guerrero como director general.
Tras los polémicos Juegos Panamericanos de 2011, las villas no fueron recibidas por el ayuntamiento, no hubo permiso de habitabilidad y comenzaron los procesos legales en su contra.
En agosto de 2019, Green Life Capital, SAPI de C.V. aparece en escena y compra los derechos de Corey Integra sobre las villas y llega a un acuerdo con el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) que antes se llamó Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe) y Pensiones, quienes recibirían mil 500 millones de pesos por la venta de las unidades comprendidas en las villas en un lapso de 4 años.
Del monto global de la operación, mil 005 millones serían para IJALVI (ya que aportó 690 millones para la construcción de las villas) y 495 millones para Ipejal (su aportación fue de 340 millones de pesos).
Pero desde la fallida fecha de entrega el 15 de febrero de 2012, habían transcurrido hasta agosto de 2019 un total de 90 meses y tan sólo por concepto de la pena pactada del uno por ciento mensual, la parte vendedora debía en intereses 306 millones de pesos, además de la fianza de 34 millones para sumar un gran total de 340 millones de pesos, los mismos que había aportado Ipejal en el contrato.
A esto tendría que sumarse la entrega de los departamentos o en su defecto el rembolso de otros 340 millones que, sin considerar intereses, significaría una operación para Pensiones de 680 millones, es decir, 185 millones de pesos más que con la operación pactada con Green Life Capital, SAPI de C.V.
