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Según el super asesor financiero de Emilio González Márquez, el empresario Oscar García Manzano y Pérez Mújica, las reformas para dar vida al Instituto de Pensiones del Estado, estaban diseñadas para crear un organismo rentable y “perenne”.
La corrida financiera estimaba un período de cien años en las cuales la estabilidad financiera del organismo se iba a consolidar con un aumento en las aportaciones de los trabajadores que culminaría con 11.5 para el año 2018; con modificaciones en la edad de jubilación e inversiones.
Mientras el 13 de noviembre de 2009 las polémicas reformas que desaparecían la Dirección de Pensiones para dar paso a un instituto eran aprobadas en el congreso con 23 votos a favor y 12 en contra, en la Plaza Liberación maestros de la sección 47 encabezada por Guadalupe Madera Godoy, manifestaban ruidosamente su apoyo para acallar las voces de quienes se oponían a los cambios.
Personaje cercano al proceso desde una posición discreta como secretario de Prensa y Propaganda en el SNTE, fue Francisco Ayón López, hoy convertido en el presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones y acusado de haber impulsado una serie de inversiones de alto riesgo para los fondos de los burócratas.
Un estudio elaborado para el nuevo instituto en agosto de 2010 por parte de la firma Valuaciones Actuariales, S.C., con sede en Saltillo, Coahuila, confirmaba lo que tanto presumían sus promotores: que cumpliéndose las hipótesis establecidas en el estudio, efectivamente Pensiones del Estado de Jalisco tendría una “vida financiera perenne”; sin embargo, el mismo trabajo advertía que cualquier cambio en las hipótesis y en las prestaciones de la ley, pondrían en riesgo la seguridad social de sus afiliados.
La nueva ley del Instituto de Pensiones nació dando “mangas anchas” al director del organismo y al consejo directivo integrado por apenas cinco personas.
En el rubro de las reservas e inversiones, las reformas permitían al organismo en su artículo 158 inversiones nacionales e internacionales, no obstante establecía una condición para que se efectuaran: “El Instituto podrá realizar toda forma de inversión, aisladamente o en asociación, que esté permitida por las leyes, previo el cumplimiento de los requisitos que las mismas establezcan, cuidando siempre de la seguridad y rentabilidad de las inversiones, en beneficio del patrimonio institucional”.
En las últimas semanas el Instituto de Pensiones del Estado ha sido cuestionado tras revelarse inversiones realizadas en fondos internaciones que utilizan bancos en paraísos fiscales, incluida Suiza; además, se ha hecho un recuento de polémicos proyectos como el de Chalacatepec, las Villas Panamericanas y su participación reciente en el desarrollo de La Mandarina en Nayarit y el hotel Four Seasons en la Ciudad de México.
Propietario de condominios, de fincas, de terrenos, de estacionamientos, de edificios, de unidades médicas, locales comerciales, departamentos y hasta salones para eventos, el patrimonio de Pensiones y sus rentas es tan variable como caprichoso.
Casi un año después de las reformas, el nueve de noviembre de 2010 en el gobierno de Emilio González Márquez, fue adquirido el terreno “El Manglar II” en Puerto Vallarta en 290 millones de pesos; el once de octubre de 2012 también en Vallarta, fue adquirido el predio Amapas por 352 millones de pesos, ambos para reserva territorial.
Y el 14 de febrero de 2013, a dos semanas de concluir la administración de Emilio González Márquez, fueron adquiridas para “reservas territoriales”, siete parcelas ubicadas en San Isidro, Querétaro, por las que se pagaron 37 millones 660 mil pesos.
