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La polémica por el manejo de las inversiones en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el uso discrecional de los fondos y la desatinada intervención del Comité de Inversiones, ya había sido detectada desde hace años por auditorías de la contraloría estatal, pero no hubo seguimiento a los casos, ni mucho menos funcionarios sancionados.
Una auditoría realizada al organismo del primero de octubre al 31 de diciembre de 2012 y del primero de enero al 31 de marzo de 2013 (el sexenio de Emilio González Márquez y previo al de Aristóteles Sandoval), dio cuenta de una serie de irregularidades.
Observaciones dirigidas al entonces presidente del consejo directivo de Pensiones, ya fallecido, Óscar García Manzano, señalaban en el apartado de inversiones que éste había modificado las Políticas de Inversión en Mercados Financieros del organismo sin tener facultades para hacerlo.
Las modificaciones, habrían sido para concentrar en su persona y con el apoyo del Comité de Inversiones, las decisiones sobre el destino de los recursos del organismo, lo que según la contraloría era un uso discrecional de los recursos y ejercicio indebido del cargo.
Pero García Manzano acreditó que fue el consejo directivo que le autorizó para que tomara “las decisiones financieras que resulten más rentables para el instituto”.
Respecto al ejercicio 2012 y parte de 2013 donde la contraloría encontró que no se respetaron las políticas de inversión, García Manzano aclaró que él dejó el cargo en septiembre de 2010 y que cedió el puesto a Eduardo Mar de la Paz.
Reconoce que se infringieron las políticas de inversión que llevaron a una crisis al organismo, pero que la “responsabilidad de estas infracciones deberá de caer en presidentes, consejeros, directores y asesores”, que siguieron a su salida de Pensiones.
En la auditoría, la contraloría observa la decisión del Comité de Inversiones de invertir 199 millones 225 mil pesos en el Fideicomiso irrevocable F/00899 en certificados bursátiles de Artha, Operadora, S.A. de C.V. en 2012, sin contar con autorización del consejo directivo.
Señala que sólo se recuperaron poco más de 96 millones, por lo que hubo una pérdida de 102 millones de pesos.
En la explicación de esta operación, el entonces director de Pensiones, Salvador Sánchez Guerrero, respondió que fue el Comité de Inversiones el que dio luz verde a esta inversión y posterior contrato analizado por el comité, la dirección jurídica y el asesor externo.
Y sobre el fideicomiso de Chalacatepec, la contraloría precisa que al 30 de abril de 2013, se suponía que Pensiones debería haber recibido un total de 67.9 millones de dólares como parte del plan de negocios presentado en sesión del consejo directivo del 26 de noviembre de 2009, tras la inversión de 89 millones de dólares, pero no había ingreso alguno.
La respuesta que obtuvo en ese momento sobre el proyecto de Chalacatepec y que aparece en el expediente, fue demoledora:
“La cobertura para proteger el monto de la participación al Fideicomiso F 380 IRREVOCABLE “Proyecto Chalacatepec” mencionada en la sesión ordinaria del Consejo Directivo realizada el pasado 26 de noviembre de 2009, nunca se llevó a cabo, por lo que no existe ningún contrato para proteger o garantizar la inversión en dicho fideicomiso”.
