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La numerosa comitiva del entonces gobernador panista de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, aguardaba en el exclusivo restaurante de París que se le asignará una mesa. Tenían una reservación conseguida con mucho esfuerzo y mediante recomendaciones puesto que en ese lugar, hay que reservar con meses de antelación.
El mandatario habló por teléfono con otros miembros del viaje a los que invitó que se sumarán a la extraordinaria experiencia de comer en ese emblemático sitio parisino. Luego se dirigió a su equipo cercano y pidió que avisaran al maitre que serían cuatro personas más.
El flemático individuo de rostro de cartón aclaró que eso era imposible. Su reservación era para el número específico, ni uno más. Abrir un solo lugar era impensable.
Entonces, molesto, el gobernador conminó a todos a retirarse al ritmo de la coloquial frase: “De mejores sitios nos han corrido”.
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En 2005 en un vuelo México—París, coincidí con Marcela Torres Peimbert, a la sazón esposa del gobernador de Querétaro, quien viajaba con una comitiva de su estado a una gira de trabajo por Alemania.
Harían escala en la ciudad luz. Era un contingente de unos cuantos funcionarios y todos tenían asiento en clase turista con excepción del gobernador, Francisco Garrido Patrón, que lo hacía en primera clase.
Marcela me dijo que en Querétaro las giras de trabajo eran así. Apenas dos o tres días, todos en clase económica y solamente el mandatario estatal lo hacía en clase premier.
“No somos como en Jalisco, donde tu gobernador y sus secretarios viajan todos en primera clase”, me explicó.
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Los viajes de Francisco Ramírez Acuña y el misterio del manejo de los gastos en el extranjero, fueron todo un escándalo en el segundo gobierno del PAN en el estado.
En aquel tiempo, intenté conseguir a través de la estrenada Ley de Transparencia, información sobre el número de viajes, acompañantes, gastos de restaurantes, boletos de avión, hoteles, etcétera, pero la Secretaría de Finanzas me respondió con un argumento muy simple: “Es información reservada”.
Por otras vías, fluía la información sobre comidas en el extranjero, comitivas numerosas, funcionarios que aprovechaban para hacer turismo y no llevaban nada preparado para las jornadas “de trabajo”, otros que viajaban con la familia para conocer mundo y quienes invitaron a la novia.
La poca transparencia del sexenio de Ramírez Acuña que le valió el mote de gobierno “opaco”, derivó en la primera denuncia penal contra un gobernador al negarse éste a entregar un recibo de su salario a la petición del ciudadano Vicente Viveros Reyes.
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, cuyo titular era Augusto Valencia, interpuso la denuncia por abuso de autoridad (expediente 02/2005) pero previo a asumir su encargo como Secretario de Gobernación en el gabinete de Felipe Calderón, la Procuraduría de Justicia del Estado desechó la acusación al considerar que Ramírez Acuña no actuó con dolo…
Quise traer a cuento estos episodios, ante el lamentable intento de reforma a la Ley de Transparencia de Jalisco que pretende entre otras cosas, dejar a criterio del sujeto obligado otorgar información a los ciudadanos y le abre amplios vericuetos para simplemente ignorar las peticiones.
La sola insinuación de hacer más tortuoso el camino del que pide información del ejercicio público (que no es propiedad de los funcionarios), me hace que me remonte en un túnel del tiempo a los años de tinieblas donde se ejercía a discreción e impunemente el presupuesto.
Y eso que ya pasó una década, que el gobierno cambió de color y que nos vendieron la frase que sabían cómo hacerlo.
