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Los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que iniciaron una visita por varios estados de México, no podían haber empezado por otro lugar que no fuera Jalisco.
La entidad ocupa el primer lugar en los casos de personas desaparecidas en el país y si a la comisión internacional le abren todas las puertas para revisar el manejo institucional que ha tenido el fenómeno, encontrarán un panorama desolador.
Para empezar, el manejo retorcido de las cifras y de los programas oficiales donde presumen acciones a favor de las víctimas de las desapariciones, pero que en la práctica ocurre todo lo contrario.
Si la jefa de la delegación de la ONU y presidente del comité, la peruana Carmen Rosa Villa Quintana, revisa el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) creado por el Gobierno de Jalisco, encontrará situaciones curiosas y apartados impecables (al menos en la letra).
Aunque se trata de una herramienta para orientar a las víctimas de desaparecidos, el sistema comienza por darte cifras de los ¡localizados!, siempre partiendo del primero de diciembre de 2018 (cuando inició la administración estatal) y hasta el 31 de octubre de 2021.
Según estas cifras, hay ocho mil 101 localizados, cinco mil 325 hombres y dos mil 776 mujeres; seis mil 798 con vida y mil 303 sin vida.
Después se refiere al total de personas desaparecidas donde reconocen diez mil 909, aunque la Secretaría de Gobernación, señala más de 12 mil y organismos civiles insisten en que son más de 14 mil.
En esta estadística, revelan que en los últimos tres años, de 2019 al 2021, cuatro mil 955 personas han desaparecido, lo que representa el 45 por ciento del total acumulado en el estado.
Los delegados podrán también conocer el Manual de Información para Víctimas de Desaparición, que en cinco apartados se refiere a las medidas que hay que seguir en el caso de una desaparición y enumera las “debidas diligencias” de las autoridades que no tienen desperdicio.
Describe que las autoridades están obligadas a actuar dentro de un plazo razonable para la búsqueda de la persona desaparecida, así como brindar la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral.
Además, que la investigación de ser inmediata, pronta, diligente, sin prejuicios, estratégica, proactiva, contextual, empática, protegida, exhaustiva, participativa, coordinada y sin obstrucciones.
También se supone que las víctimas deben recibir trato respetuoso, asistencia, información oportuna, copia de la denuncia, asesoría jurídica y atención cuando la solicites.
Organizaciones ciudadanas de búsqueda que han surgido en Jalisco, podrán dar cuenta a la misión de la ONU que estos ofrecimientos son de ficción, que hay madres que tienen meses aguardando una diligencia en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para confrontar restos y completar el cadáver del hijo para que pueda ser entregado y que hay miles de restos sin identificar.
Y todavía puede que les cuenten la historia de tres italianos que desaparecieron en 2018, que dos años y cinco meses después la Comisión Nacional de Búsqueda vino a la sierra de Jalisco a buscarlos y que más de tres años después, apenas comenzó el juicio contra los policías que intervinieron en su desaparición forzada.
