Lo último que quiere un gobernante en cualquier rincón del mundo es que el territorio que comanda aparezca ante los ojos de la sociedad en forma negativa. Absolutamente nadie desea ser criticado, juzgado y mucho menos crucificado por su manera de gobernar. Lastimosamente, es nuestro estado, Jalisco, el que se ha colocado en esa indeseable vitrina y el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien a escasas semanas de concluir su mandato, -hasta hace algunos días aparentemente sin mayores sobresaltos-, dan la vuelta al mundo señalados en los principales medios de comunicación a nivel internacional por el tema del trailer de la muerte.
Jalisco está en estos momentos reflejado en una fotografía que ha dado la vuelta al mundo, está siendo exhibido en un par de imágenes en las cuales aparece un individuo en la parte trasera de un camión caminando sobre bolsas de plástico con cuerpos dentro como si fueran basura. Jalisco genera terror a cualquiera que ve esas imágenes y se entera que esos mismos tráileres con cientos de cadáveres circulan por las calles de la metrópoli.
Disminuir la violencia y los índices de criminalidad, generar tranquilidad, sosiego, y certidumbre, fueron las banderas de campaña tanto de Enrique Peña Nieto como del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
Durante los Gobiernos a nivel federal de Felipe Calderón y en Jalisco, de Emilio Gonzalez Márquez, inició el ascenso en los índices de la criminalidad a escala nacional y estatal. Es sabido que Calderón equivocó la estrategia para enfrentar la violencia y la inseguridad y en ese sentido, provocó el empoderamiento de los carteles del crimen organizado, lo que permitió un incremento en ejecuciones y en las víctimas de la violencia.
Ni Peña a nivel nacional ni Sandoval en la escala local pudieron detener o siquiera intentar frenar esa tendencia; y el tema es que en el caso local hubo altibajos, hubo etapas que sí se dio una disminución, que sí hubo tranquilidad, pero también periodos muy álgidos y creo que cierra el sexenio con un índice muy fuerte de inseguridad y sobre todo de incertidumbre y desasosiego.
Quedará marcado el sexenio, -aunque sea injusto porque se dejan de lado algunos logros importantes en materia de promoción económica, de innovación, de Ciencia y Tecnología, algo en Educación, asuntos de fomento turístico- por lo que la gente tiene en su mente, es decir, el problema de la inseguridad.
En el ámbito nacional, también el fracaso más grande, – entre muchos-, del gobierno de Peña Nieto ha sido la incapacidad para abatir la criminalidad y la inseguridad, obviamente la corrupción y la impunidad. Los grandes escándalos en materia de número de desaparecidos, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los miles de cuerpos encontrados en fosas por todo el país es la marca también. Si bien es cierto, en Jalisco no se percibe tanto el escándalo de la impunidad y la corrupción, el asunto es que hay una infiltración en los cuerpos de la seguridad y eso va de la mano de la corrupción.
Falta poco para que termine la presente administración y continuamos sin resolver el problema del hacinamiento en reclusorios; en donde conviven los reos de alta peligrosidad con reinsertables. Seguimos con territorios en manos del hampa, tanto geográficos como estructurales, con policías infestadas de personas que no cumplieron el control de confianza.
Seguimos sin una estrategia clara de combate a la delincuencia, con volantas que a alguien se le ocurrió que volvieran a presentarse en la sociedad, cuando es evidente que no cumplen su cometido y que según estadísticas incrementan la violencia porque no dan seguridad ni a los policías ni a los ciudadanos.
Continuamos con temas sin resolver como el asunto de los cuerpos que no se han reclamado y ya se venció el plazo para ello. Reformas que debieron haberse planteado y procesado y que siguen sin hacerse para que se facilite el tema de la exposición de restos y que se facilite la tecnología no solo para identificarlos sino ser parte activa de una investigación criminal.
Sigue sin avanzarse en que sea útil el nuevo sistema penal acusatorio; se siguen teniendo grandes fallas como en la previsión, en el combate al delito, en la procuración de justicia, la impartición de la misma y en la adaptación y reinserciones.
Y lo más lamentable, seguimos los ciudadanos en un estado de indefensión y con una mala calidad de vida porque aún con los avances que pudieran existir en diferentes materias estamos inmersos en la zozobra, la incertidumbre, la inseguridad que evita que todo lo demás tenga un sentido positivo porque de nada sirve que haya atracción, que haya inversión, si ésta se va a destruir ante la falta de seguridad y certidumbre.
En lo que se refiere al estado de derecho, de acuerdo a una publicación revelada en los últimos días, entre las 32 entidades federativas Jalisco ocupa la posición 23 con un índice de 0.37. Somos el quinto estado con mayor corrupción, y estamos reprobados en respeto a los derechos fundamentales y en justicia penal.
Un claro ejemplo de lo mal que estamos en estos temas es lo ocurrido con los nuevos vagones de la línea tres del Tren Ligero que aún ni siquiera se han puesto en circulación y ya fueron vandalizados por un par de jóvenes sin oficio ni beneficio que violentando e incurriendo en faltas de todo tipo decidieron grafitearlos.
Sorpresivamente las autoridades lograron ubicarlos casi de inmediato y someterlos a enmendar su falta haciéndolos despintar sus creaciones impresas, no sin antes anunciarlo con bombo y platillo como si fuera la hazaña del año y difundiendo mediante transmisiones en vivo en redes sociales las imágenes de ambos jóvenes limpiando los vagones.
Pero no conforme con ello, al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, se le ocurrió que también debía dar la nota en este tema y se subió a él invitando a los dos vándalos a participar en un concurso para pintar un mural con temática del Día de muertos. El alcalde pidió que se les perdonen sus faltas sin importar los delitos en que incurrieron y que se les pueden configurar para ser castigados por ley. Al contrario, decidió que los dos individuos de 22 y 27 años, que no son niños ni adolescentes, sino hombres mayores de edad que incurrieron en faltas como daño a las cosas, -para lo cual el Código Penal de Jalisco establece sanciones de hasta 50 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multas de cuatro mil a 16 mil pesos-, se les condone la multa y el trabajo comunitario y que se aplique borrón y cuenta nueva.
En este contexto el llamado es para que, el nuevo Gobierno que entrará en funciones en diciembre próximo, extreme la atención y el cuidado en estos temas, que avancen, trabajen, tengan los planes y programas listos más rápido, que escuchen las voces de la sociedad, que escuchen a expertos, que vayan más allá del diálogo y la construcción de planes y proyectos en manos de personas con la misma afinidad ideológica o política del partido que va a gobernar sino que vayan más allá a escuchar la voz de los que son usuarios de los servicios públicos, a la gente que tiene experiencia en los diversos temas de justicia, de seguridad, de control para que tengan proyectos que puedan aterrizarse y que den frutos.
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