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Definitivamente no todo está perdido, cuando un par de valientes jueces ponen la Carta Magna por delante para impartir justicia apegados a lo que marcan las leyes que rigen nuestro país.
A la fecha, son ya dos tribunales especializados los que han considerado procedente retrasar la vigencia de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que irresponsablemente recibió mayoría de votos en el Poder Legislativo por parte de representantes de las fracciones que simpatizan con el partido en el poder y con el propio presidente, quien fue el artífice de esa propuesta que de acuerdo con especialistas, investigadores, empresarios, académicos, organismos nacionales e internacionales, así como representantes de otros países, viola el acuerdo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) en relación con que el Estado no debe dar un trato discriminatorio a inversionistas extranjeros y nacionales.
Dicha reforma también viola la constitución, impide la competencia en el sector eléctrico nacional y viola los derechos de libre concurrencia y la certeza jurídica.
Hay que recordar que apenas unas horas después de que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, un juez federal otorgó la suspensión provisional para que se detuviesen todas las consecuencias derivadas de dicho acto.
El primer juicio de amparo fue iniciado por el abogado de la empresa Parque Solar Orejana, en un escrito presentado el miércoles 10 de marzo.
El juzgado que lleva el caso determinó que esta suspensión general debía tener efectos generales, porque si solo se da a la empresa que inició el amparo podría tener una ventaja competitiva y ocasionar distorsiones en el mercado.
“De esta manera, al decretarse esta medida cautelar, este juzgador adecua los efectos a los de una hipotética sentencia protectora, la cual podría tener un efecto general, a efecto de proteger y garantizar los derechos a la competencia y libre concurrencia en una dimensión individual y colectiva”, dice la síntesis de la medida precautoria.
Con esta medida, las autoridades sujetas al cumplimiento de la Ley de la Industria eléctrica, entre las que se encuentran la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, deberán abstenerse de ejecutar los preceptos reclamados, incluyendo los artículos transitorios del Decreto en cuestión, dijo el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que lleva el caso.
En la segunda suspensión, Rodrigo de la Peza Figueroa, juez primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones otorgó el beneficio de la justicia federal al estimar que pudiera afectarse el equilibrio entre competencia y libre concurrencia.
Al igual que el juzgado segundo de distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, el tribunal encabezado por De la Peza Figueroa estableció que la suspensión provisional tiene efectos generales, lo cual implica que beneficia no solo a los promoventes del juicio de amparo sino al resto de las empresas de la industria eléctrica.
Trascendió que van a ser varios amparos y en estos días habrá muchas suspensiones. El primer juicio de amparo es el 18 de marzo. Ese día habrá una audiencia para saber si otorga o no el juzgado segundo de distrito la suspensión definitiva contra la reforma en tanto se resuelve el amparo de fondo.
Y en este contexto es de esperar que todavía se derrame mucha tinta en torno a este asunto, dadas las reacciones que ha tenido el presidente López Obrador, a quien no solo no cayó en gracia la resolución del juez, sino que comenzó un linchamiento mediático y dirigió una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise su proceder y se le investigue.
Aunque fue vergonzosa la respuesta del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, quien también es titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al remitirse a señalar que se investigará la actuación del juez y se actuará en consecuencia, es de reconocer la postura asumida por otros magistrados y jueces, quienes expresaron su malestar ante la intromisión de poderes por parte del Ejecutivo.
En una publicación de Milenio, La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial aseguró que el único compromiso de sus integrantes es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo estado de derecho.
“Magistrados de circuito, como Alfredo Barrera, Carlos Soto y Hugo A. Bermúdez; el juez de distrito Miguel Luna, el ex ministro José Ramón Cossío y los especialistas en derecho Miguel Carbonell y Geovanni Sandoval, así como múltiples abogados litigantes, se pronunciaron contra el “ataque” al Poder Judicial, pues se trata de una decisión apegada a derecho, y coincidieron en que cualquier desacuerdo debe dirimirse en los tribunales.
El ex ministro José Ramón Cossío publicó en redes sociales que son “lamentables” los comentarios del gobierno por la suspensión del juez a las reformas eléctricas, “tanto por el franco desconocimiento del derecho, como por la manera de tratar el tema fuera del único lugar en donde deben hacerlo: el recurso”.
El juez de distrito Miguel Luna expresó que las resoluciones jurisdiccionales se combaten mediante el recurso correspondiente, por lo que “otro tipo de amenazas directas son una afrenta a la independencia judicial”.
El abogado Miguel Carbonell tuiteó: “Un estadista es el que gobierna con base en el conocimiento científico y con apoyo de especialistas, no quien todo lo confía a incondicionales que le hacen reverencias y le dan la razón incluso cuando no la tiene”.
Mientras que los magistrados Alfredo Barrera, Carlos Soto y Hugo A. Bermúdez coincidieron en no denostar o poner en duda al juzgado, mucho menos ser motivo de persecución por parte de los poderes del Estado.
Diego Galeana, secretario de juzgado de distrito, dijo que el Poder Judicial no debe estar al servicio de particulares, porque “está al servicio de todos para frenar el ejercicio arbitrario del poder”.
El constitucionalista de la SCJN, Geovanni Sandoval, escribió: “El juez que decretó la suspensión no se formó en el periodo neoliberal, se formó en la Corte, en el periodo más importante de su historia: la del desarrollo de los derechos humanos”.
Gerardo Carrasco, abogado de la Escuela Libre de Derecho, añadió: “Es como cuando vas perdiendo en el primer tiempo y propones matar al árbitro: dejen a un lado las amenazas y mantengan el litigio en los tribunales. A jugar limpio”.
Aún falta ver el curso que seguirá este caso que ya se elucubra podría llegar a la SCJN con muy graves consecuencias, según alertó Claus von Wobeser, presidente International Chamber of Comerce, quien señaló que el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Claus von Wobeser se pronunció porque la Corte declare inconstitucional la ley eléctrica, ya que de lo contrario se tendría que indemnizar a los inversionistas, “esto nos puede salir más caro que la cancelación del aeropuerto”, dijo, aunque no precisó sus cifras. En el arbitraje tardarían 3, 4 años y “los mexicanos pagaríamos”, concluyó.
Habrá que ver hasta dónde llega este asunto, pero no deja de ser reprobable la actitud presidencial al cuestionar la integridad y honorabilidad de los jueces solo porque no está de acuerdo con sus decisiones, lo cual fija una lamentable posición política, que es ajena a la jurídica que debe prevalecer.
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