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El Gobierno del Estado incumplió el compromiso de garantizar los derechos laborales de la desaparecida empresa camionera Sistecozome, por lo que un puñado de sus ex trabajadores podría vivir en este mes de diciembre otra muy amarga navidad.
A tres años de que el congreso local aprobara la liquidación del organismo, los ex empleados han ganado todos los juicios laborales y fueron ya emitidos los laudos, pero el gobierno estatal rehúye sus obligaciones con un argumento contundente: “no hay dinero”.
El dictamen de decreto que abrogó la Ley Orgánica del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome) y decretó por inviable la extinción de la empresa, advertía lo siguiente:
“El Gobierno del Estado deberá garantizar en todo momento el respeto estricto a los derechos laborales de los servidores públicos y trabajadores de dicho organismo en los términos de ley, proponiendo opciones de liquidación, reubicación o cualquier otra figura bajo condiciones de justicia y equidad”.
No obstante, hay al menos 40 laudos pendientes de cumplirse y otros más en proceso de emitirse –-todos en contra de las autoridades de Jalisco—por unos 35 millones de pesos, mismos que no han sido cubiertos.
De acuerdo con los dirigentes sindicales de los ex trabajadores del Sistecozome, el Gobierno de Jalisco siguió una ruta equivocada en la extinción de la empresa, pues comenzó a desmantelarla sin tomar en cuenta los pasivos laborales y los recursos que iba a necesitar para liquidar a decenas de trabajadores.
Por ejemplo, una parte de los camiones y los trolebuses, fueron cedidos junto con un buen volumen de refacciones al Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur), sin mediar una contraprestación para la empresa.
Lo mismo sucedió con los permisos y derechos de las rutas, lo más valioso en una compañía de transporte, que también fueron desincorporados para después pasar a la figura de ruta empresa mediante licitaciones, pero sin beneficio para Sistecozome.
Según los representantes de los ex empleados, había activos por unos 500 millones de pesos que pudieron haberse utilizado para atender los pasivos que ya existían con laudos pendientes, además del proceso de indemnizaciones que obviamente tendrían que enfrentar.
La decisión de las autoridades de desincorporar los bienes de una empresa en liquidación sin proteger a los trabajadores, violó la Ley Federal del Trabajo que obliga a garantizar antes que otros adeudos, los derechos laborales.
El sindicato en su momento intentó efectuar un embargo precautorio de los activos para garantizar los pagos, pero el juzgado negó el recurso al recibir del gobierno estatal el compromiso de ser fiador que respondería a los empleados.
Durante un año, los abogados han negociado con las autoridades estatales quienes se empeñan en considerar válidas “renuncias voluntarias” arrancadas con amenazas en el pasado gobierno, pero que al final no prosperarán.
Este miércoles, los ex trabajadores de Sistecozome volverán a manifestarse frente a Palacio de Gobierno y en Puerto Vallarta, para reclamar que se cubran laudos e indemnizaciones.
No descartan que las protestas suban de tono ante la desesperación por tantos meses de lucha y la cercanía de navidad.
