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“El Tren va porque va”… y así lo ha dejado saber el presidente Andrés Manuel López Obrador, para quien aparentemente ninguna otra situación es tan relevante como cumplir sus caprichos, porque finalmente es en eso en lo que se ha convertido este monumental proyecto junto con el de Dos Bocas, siendo que ni siquiera la devastadora pandemia ni las dificultades económicas que esta ha acarreado han provocado que se detenga su edificación pese a las múltiples necesidades bastante más importantes que el país enfrenta a causa de dicha catástrofe.
Y es que ha quedado más que claro que el Tren Maya es un capricho más de Andrés Manuel y que mientras más resistencias encuentra, más se empecina en seguir adelante con ese polémico proyecto.
Es tal el rechazo de diversos sectores a la obra en mención, que el tema ya ha escalado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la semana pasada un Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito solicitara a la Corte atraer el amparo promovido por el colectivo de comunidades Chuun t’aan por considerar que el caso es novedoso y reviste la trascendencia y relevancia necesarias para que el Máximo Tribunal se pronuncie.
Este amparo indirecto 746/2020, que representa el primero en llegar a la Corte, busca determinar la afectación a los derechos fundamentales a disfrutar de un medio ambiente sano. De igual forma la participación informada de las comunidades indígenas afectadas, a garantizar su identidad cultural, costumbres, tradiciones, la libertad de decisión sobre su territorio, al respeto y preservación de zonas y vestigios arqueológicos.
La agrupación Chuun t’aan argumentó en su demanda que el proyecto del Tren Maya se inició sin una consulta previa con pueblos indígenas que habitan la región, así como sin informarles sobre el impacto ambiental y los daños al patrimonio cultural que esta obra podría ocasionar.
Luego de que comunidades indigenas obtuvieran un amparo para frenar las obras del Tren en Campeche, López Obrador, en un acto más de soberbia y desdén hacia otros Poderes de la Nación diversos al que encabeza, se jactó que su gobierno ya se ha vuelto “experto en la carrera de obstáculos”.
Su desafío no solo va en contra de las autoridades judiciales, y de los pueblos indígenas, sino de los organismos y asociaciones que los apoyan y de los defensores del medio ambiente que también se han pronunciado en contra del proyecto.
El presidente acusó “hay intereses político-electorales” que se mueven en su contra después de que comunidades de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y organizaciones de la sociedad civil anunciaron la obtención de una suspensión a obras del Tren Maya en uno de sus tramos, siendo que días antes, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), había otorgado la autorización del impacto ambiental de la Fase 1 del proyecto que permite la tala de 800 hectáreas de selva (“afectación de masa forestal que contribuirá a la emisión de carbono, considerado uno de los causantes del cambio climático”).
“La suspensión definitiva tiene por efectos detener cualquier actividad relativa a la implementación del proyecto, salvo la relacionada al mantenimiento de las vías, hasta en tanto el juicio de amparo no sea resuelto de manera definitiva”, señala el resolutivo provisional ordenado por la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas, quien concedió, el 22 de junio pasado, la suspensión definitiva a un grupo de personas pertenecientes al pueblo Maya-Ch’ol, de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, quienes se ampararon frente a dicho proyecto.
Colectivos de Campeche y Quintana Roo, informaron que con estos proyectos se viola el derecho humano al acceso a un medio ambiente sano, ya que hay información de que se generarán grandes impactos sociales y ambientales, no sólo es el ferrocarril, sino que son grandes polos de desarrollo.
Indicaron que no se han presentado en su integridad los efectos en las manifestaciones de impacto ambiental, se fragmentan con lo que no se visualiza el impacto que habrá, además promueve la especulación de la tierra.
Xavier Martinez, director operativo del Cemda, dijo que fue incorrecto que el proyecto del Tren Maya sea dividido para su evaluación, ya que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debe ser integral para prever todos los impactos que se puedan dar, la Semarnat no evaluó en conjunto el proyecto.
La suspensión definitiva está relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 en contra del proyecto Tren Maya. Además, incide en la Fase 1, cuya MIA fue autorizada la semana pasada, ya que no se podrán realizar obras de esa fase pues se trataría de nuevas obras del tramo 2 de Escarcega a Calkiní.
El martes pasado, en su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reconoció que no sabe con detalle acerca de este amparo, pero desde su óptica se trata de una acción político-Electoral.
“Acuérdense de cuántos amparos promovió la organización de Claudio X. González para que no se construyera el Aeropuerto Felipe Ángeles, cientos de amparos, lo mismo en el caso del Tren Maya, hay varios amparos (…) no conozco el fondo del asuntos, pero es probable que esté vinculado con propósitos político-electorales.
“Tenemos que estar brincado obstáculos, ya somos expertos en la carrera de obstáculos, pero se cumple con la legalidad, vamos a ver de qué se trata y vamos a resolver”, dijo López Obrador.
Ese amague, desafío, burla, o cualquier cosa que el presidente haya querido expresar con su declaración, es una mala señal, tanto porque demuestra que no le quita el sueño una imposición de una autoridad Judicial, como porque no está dispuesto a que se detenga la construcción de uno de sus caprichos que más caro costará a los mexicanos ya sea por su elevado costo y por el daño ecológico que provocará.
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@salvadorcosio1
