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Más allá de la gravedad de la pandemia por el Covid 19, en el horizonte de México se levantan nubarrones oscuros de tormenta por la crisis económica que se avecina y los problemas sociales que va a acarrear.
Independientemente de la estrategia sanitaria que el gobierno federal impulsa a través de la recomendación de permanecer en casa y “ordenar” el cierre de actividades no esenciales, en la práctica estamos ante medidas difíciles de acatar por circunstancias de sobra conocidas.
La primera de ellas es que la mayoría de los mexicanos tiene que acudir a laborar para sobrevivir, dicho en términos coloquiales “vive al día”; la segunda es el elevado porcentaje que trabaja en el sector informal, aproximadamente un 57 por ciento de la población económicamente activa.
De la convocatoria del gobierno a las empresas no esenciales para que detengan sus actividades y envíen a sus trabajadores a casa con su salario completo, hay que tomar en cuenta que el 97 por ciento de las empresas en el país estimadas en 4 millones cien mil, son micros y pequeñas y generan el 75 por ciento del empleo.
Es previsible entonces que un elevado porcentaje de las microempresas no estén en condiciones de sortear la circunstancia económica de frenar su producción, pago de nóminas y después retornar a su actividad normal en el supuesto que efectivamente solo dure un mes la parálisis laboral.
Especialistas advierten que de prolongarse la pandemia podría perderse el 10 por ciento de los empleos formales estimados en 20 millones, es decir, unos 2 millones de personas sin trabajo.
Un estudio elaborado por especialistas del centro BBVA alertaban hace una semana que “la inacción es más peligrosa que la sobrerreacción, tanto para la salud pública como para la economía”.
Los economistas de BBVA Research en México especifican la importancia de redirigir el gasto público al sistema de salud pública, así como el apoyo directo a las familias.
El estudio menciona además medidas fiscales como transferencias en efectivo a personas sin empleo o que dependen de su ingreso diario para vivir y estímulos fiscales a pequeñas y medianas empresas.
Estados Unidos comprendió la importancia de la inyección de recursos. Junto a la declaratoria de emergencia nacional, destinó 2.2 billones de dólares (2 millones de millones más 200 mil millones de dólares), para efectuar pagos directos a personas, familias, préstamos a pequeñas empresas, fondos para desempleados, aerolíneas, hoteles y cruceros.
Se trata de 3 veces más recursos que los inyectados en la crisis financiera del 2009 y 7 veces los destinados en el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
También a partir de este primero de abril, el Consejo de la Unión Europea destinará 37 mil millones de euros para atender los estragos de la pandemia, para reforzar sistemas sanitarios, apoyo a pequeñas y medianas empresas y servicios comunitarios.
Pese a este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado la alternativa de estímulos fiscales y solamente refirió la baja del combustible como único estímulo (situación más bien derivada del desplome del precio del petróleo).
Pero el gobierno federal puede comenzar ya con fórmulas simples si no dispone de amplios recursos para sortear la crisis. Que durante la emergencia, deje de cobrar el servicio de electricidad de familias resguardadas en sus domicilios; que acuerde con estados y municipios suprimir el cobro del agua potable y que condone impuestos, otorgue estímulos fiscales o que aplace declaraciones y pagos de impuestos.
Si no hay un plan financiero de apoyo, el aislamiento fracasará ante la realidad social de salir a buscar el sustento diario y la famosa convocatoria del “quédate en casa”, ni siquiera será como las llamadas a misa… porque tampoco hay servicios religiosos.
