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Por Carlos Martínez Macías
En una increíble estrategia de campaña, Ramón Demetrio Guerrero, alias “El Mochilas”, candidato a la alcaldía de Puerto Vallarta, lanza un spot donde asegura que lo acusaron de robar cuando fue alcalde, de haber vendido terrenos municipales y “hasta que me robé un Gansito de la primaria”.
Luego, retador, se pregunta por qué entonces le aprobaron sus cuentas públicas y no hubo nunca una denuncia formal en su contra, para luego él mismo concluir: “porque no hay nada”.
Mencionar el rosario de acusaciones que lo han perseguido en su carrera política y el polémico episodio de la venta de terrenos del municipio, no parece definitivamente ser la movida más inteligente.
Hay jóvenes que ni siquiera sabían de este pasaje y recordarlo, invita invariablemente a que revisen en las publicaciones de medios de comunicación de su época como alcalde, a que se refiere con estos señalamientos.
Por principio de cuentas, habrá que refrescar que las acusaciones en su contra, en realidad tenían mucho de verdad, porque desincorporaron 18 predios del patrimonio del municipio para pagar una serie de deudas que arrastraba el ayuntamiento, en una operación bastante oscura.
Además de que no se documentó el tamaño de la deuda que se pretendía cubrir a proveedores, ni se anexaron avalúos de los terrenos que formaban parte del paquete, todo sucedió en una noche.
El dos de febrero de 2015 fue convocada una sesión de ayuntamiento a celebrarse a las 21:00 horas. Sin embargo, ésta comenzó quince minutos antes de la medianoche solo para solicitar un receso hasta la una de la mañana que en realidad se prolongó hasta las 03:40 horas ya del tres de febrero.
En esa madrugada, “El Mochilas” propuso en asuntos generales la desincorporación de 18 predios municipales para supuestamente cubrir una serie de deudas a proveedores.
Seis de estos terrenos serían utilizados para pagar una supuesta deuda de más de 120 millones de pesos a la empresa Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V., derivada de la sentencia 1116/2008 ventilada en el juzgado Cuarto de lo Civil.
En el proceso, la citada compañía reclamaba el incumplimiento de un contrato de arrendamiento en la Plaza del Pitillal para la construcción y operación de un estacionamiento.
El juez cuarto de lo civil, Fernando de Alba Paredes, emitió la sentencia el nueve de diciembre de 2009 donde conmina al ayuntamiento de Puerto Vallarta a pagar a Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V., 24 millones 600 mil pesos costo total de la obra.
Además, establece un pago por cuatro millones 866 mil 702 pesos por concepto de daños y perjuicios al patrimonio de la empresa y un millón 473 mil 335 pesos con diez centavos, por gastos y constas de primera instancia.
Como la sentencia fue apelada, en segunda instancia el mismo juez ratificó la misma por lo que hubo que sumarle otro millón 473 mil 335 pesos con diez centavos. El gran total fue de 32 millones 413 mil 372 pesos con veinte centavos.
Sin embargo, para efectos de desincorporar los seis terrenos municipales, Ramón Demetrio Guerrero señaló que tenían que acatar una sentencia por más de 120 millones de pesos.
En videos que aún figuran en redes sociales, un regidor le cuestiona por qué si la sentencia obliga a pagar más de 30 millones, el alcalde asegura que la deuda es de 120 millones de pesos, por lo que le pide cuentas. “El Mochilas” ignora el reclamo y pone a votación el punto, mismo que es aprobado por la mayoría de Movimiento Ciudadano.
Ese mismo día, tres de febrero de 2015, el alcalde Ramón Demetrio Guerrero protocolizó el acuerdo ante el notario número siete de Puerto Vallarta, Elías Amezcua González, en un acto celebrado ante el fedatario público a las 13:30 horas, según revela la escritura 1053/ BIS.
La escritura con el convenio con Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V. protocolizado ante notario, fue presentado el nueve de marzo de 2015 ante el juez cuarto de lo civil para acreditar que daban cumplimiento a la sentencia 1116/2008.
Pero “El Mochilas” había solicitado licencia como alcalde el tres de marzo para hacerse efectiva a partir del seis de marzo de 2015. Es decir, cuando el documento fue presentado ante la autoridad judicial el nueve de marzo, Ramón Demetrio Guerrero ya no podía ostentarse como presidente municipal.
Había pedido licencia para irse como candidato a diputado local, donde después formaría parte de la LXI legislatura. La misma que en 2017, aprobó la cuenta pública de 2015, donde nunca se hizo referencia a la polémica sesión de ayuntamiento en aquella noche de su mal.
