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El dos veces aspirante a diputado local por Movimiento Ciudadano, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, enfrenta un galimatías legal muy al estilo de Shakespeare: “ser o no ser”.
Si efectivamente obtuvo licencia al cargo como presidente municipal de Puerto Vallarta en la sesión del tres de marzo de 2015 –-para hacerse efectiva a partir del seis de marzo–, habría incurrido en usurpación de funciones al realizar una diligencia ante el juzgado cuarto de lo civil el nueve de marzo ostentándose como alcalde.
Pero si procede la suspensión provisional otorgada en el juicio 01/2015 por el mismo juez cuarto de lo civil para dejar sin efecto los acuerdos de la sesión de ayuntamiento en lo que toca a la licencia para el primer edil, entonces seguiría en funciones de presidente y por lo tanto no podría estar registrado como candidato a diputado local pues debió retirarse del puesto 90 días antes de la elección.
En “La Noche del Mochilas” (Milenio, ocho de abril de 2015), revelé que para cumplir la sentencia en el juicio civil sumario 1116/2008, Guerrero Martínez celebró un convenio con la empresa Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, S. A. de C. V. donde el ayuntamiento reconoce una deuda de 123 millones 760 mil 148 pesos.
El acuerdo requirió una protocolización de firmas realizada ante el notario número siete de Puerto Vallarta, Elías Amezcua González, con número 1053/BIS, donde comparece Guerrero Martínez y se identifica como alcalde.
El convenio fue entregado al juez cuarto de lo civil el nueve de marzo de 2015, cuando se suponía que “El Mochilas” ya no era presidente municipal.
Pero todavía hay otra anomalía. Cuando funcionarios municipales de Vallarta entregaron el convenio al juez, incurrieron en desacato pues el síndico Roberto Ascencio había tramitado el juicio de nulidad 289/2015 contra los acuerdos de la sesión de ayuntamiento del tres de febrero de 2015 cuando Guerrero Martínez sacó adelante la votación para reconocer el pago a la citada empresa.
El juez tercero de lo civil, otorgó la suspensión del acto reclamado y ordenó que se dejaran sin efecto los acuerdos y que no se hiciera diligencia alguna hasta determinar el fondo del asunto, lo que no se cumplió.
La otra irregularidad parte de la licencia misma otorgada el tres de marzo para hacerse válida el seis de marzo de 2015. El regidor panista Humberto Muñoz Vargas, presentó el recurso administrativo 01/2015 ante el juez cuarto de lo civil de Puerto Vallarta para dejar sin efecto los acuerdos de la citada cesión de ayuntamiento ya que no se convocó para la licencia con ocho días de antelación.
La suspensión provisional fue otorgada el seis de marzo con lo que Ramón Demetrio Guerrero Martínez tendría que seguir como alcalde y no el interino Javier Pelayo Méndez.
La organización Conciencia Cívica presentó una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que determine como inelegible al “Mochilas” por la suspensión vigente y tramitó el amparo 726/2015 ante el Juzgado Quinto en Materia Administrativa contra la falta de respuesta.
La resolución del Juzgado Quinto está por salir y en ésta ordenaría al Instituto Electoral que resuelva la queja de Conciencia Cívica. En caso de ser desechada, la organización todavía puede acudir ante el Tribunal Electoral para que resuelva sobre si Ramón Demetrio Guerrero Martínez es inelegible, no importa que ya esté en campaña.
Además, al menos un partido interpondrá otras acciones legales ante el Tribunal Electoral contra el dictamen que lo validó como candidato a diputado local por el distrito cinco y en el sitio número tres de la lista para ser legislador por la vía plurinominal.
