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Al secretario general de gobierno, Roberto “El Chino” López Lara, le llueve sobre mojado.
A su desafortunado manejo del tema del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ahora se suma la denuncia que este miércoles hará la asociación civil “Grano de Arena”, quien lo acusa de encabezar una red de corrupción con la que los habría despojado de una finca.
El apoderado legal de la citada asociación, Fidel Kosonoy Ayala, en charla con este columnista, narró la siguiente historia:
Debido a las condiciones deterioradas que registraban las fincas aseguradas por la Procuraduría General de la República (PGR), Orientación Política Grano de Arena AC, presentó a las autoridades un programa de mantenimiento de las propiedades por medio de resguardos a distintas agrupaciones con fines benéficos.
El convenio fue firmado con la Depositaria Regional de Occidente de Bienes Asegurados de la PGR, el 12 de agosto de 1998. Derivado del mismo, Grano de Arena recibe el 10 de octubre de 1998 la posesión de la finca ubicada en Lechuga número 1333, esquina Rinconada de la Floresta en Bosques de la Victoria, “por tiempo indefinido”.
Posteriormente firmarían dos contratos de arrendamiento, el primero el 15 de febrero 1999 y el segundo el primero de febrero de 2002, que al no renovarse quedó en forma indefinida.
La propiedad fue asegurada por la PGR a los hermanos Arellano Félix dentro de la averiguación previa 4384/93 y la asociación civil la utilizó primero como albergue para adictos denominado “Alcance Victoria” que atendió a 50 personas; luego fueron alquiladas sus habitaciones mediante Airbnb, siempre con el objetivo de obtener ingresos para su mantenimiento.
A las 01:30 horas de la madrugada del dos de agosto pasado, agentes de la Fuerza Única del Estado, irrumpieron en la casa con el pretexto de una denuncia por venta de droga.
La orden de cateo según carpeta de investigación 39683/2018, fue expedida por el juez tercero de control, Horacio Vega Pámanes, bajo el supuesto de un delito de narcomenudeo.
En la diligencia, los agentes someten a 27 personas en la finca, 15 de ellos inquilinos de distintas partes del país. Supuestamente en una de las habitaciones encontraron droga en pequeñas cantidades por lo que se procedió al aseguramiento.
Según Fidel Kosonoy, la maniobra fue tan premeditada que “sembraron” la droga en pequeñas dosis para acreditar narcomenudeo y de esta manera poder intervenir, ya que de lo contrario con más droga hubieran tenido que remitir el caso a la PGR, la auténtica depositaria legal de la propiedad.
Los miembros de Grano de Arena investigaron el caso y encontraron que mediante documentos falsos, Gabriel Elías Gil García, se ostenta como dueño según escritura 52,836 del siete de septiembre de 1987, sólo que equivocadamente señala la dirección en Lechuga 2835, en lugar de Lechuga 1333.
Gil García nombra como apoderado general a Salvador Méndez Carrillo para la venta de la propiedad a Comercializadora Hendrix, S.A. de C.V. en once millones de pesos. Pero Méndez Carrillo, el apoderado en la venta, es el mismo dueño de la comercializadora que compra, además de ser el Director de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria del Instituto de Pensiones de Jalisco.
La operación queda asentada el cinco de enero de 2017 en la escritura 53,669 ante el notario público 122 Carlos Gutiérrez Aceves e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo folio 2654354.
Fidel Kosonoy dice que pese a ser una finca asegurada por la PGR, consiguieron que la Comisión Federal de Electricidad cambiara de nombre el servicio a favor de Comercializadora Hendrix, S.A. de C.V. con una leyenda adicional que dice: “no realizar cambio de nombre”.
Lo mismo sucedió con el Siapa, donde aparecía el propietario Francisco Rafael Félix Arellano (los hermanos siempre invertían los apellidos) y ahora está a nombre de la comercializadora.
Por si fuera poco, pese a que supuestamente se cometió un delito de narcomenudeo, no hay ninguna persona detenida y permitieron a las personas sacar sus pertenencias, autos, computadoras y obras de arte que había en el lugar.
Kosonoy señala directamente al “Chino” López, de estar detrás de una red de corrupción que involucra a funcionarios estatales, jueces, elementos de fiscalía y notarios, para despojar a particulares de casas, terrenos, ranchos y hasta fábricas.
Estima que existen por los menos 70 despojos con el mismo “modus operandi” y este día encabezarán una rueda de prensa para hacer la denuncia, invitar a los afectados que se sumen al movimiento contra estos malos funcionarios y pedir al gobernador que sea separado del cargo el secretario de gobierno para ser investigado.
