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Como “iguanas amarillas” abandonadas al sol, decenas de motoconformadoras compradas por el gobierno de Jalisco permanecen olvidadas en un predio de Zapopan.
Forman parte de una polémica compra que se remonta al gobierno de Emilio González Márquez, que pasó “de noche” en la administración de Aristóteles Sandoval y que ha sido completamente ignorada en el actual gobierno de Enrique Alfaro, pese a que en más de una década, ya rebasa los cien millones de pesos de posible daño al erario.
La famosa maquinaria china adquirida en 2011 mediante licitación LPL02/2009 por un monto de 6.4 millones de dólares a la empresa FTO México, S. de R. L. de C. V., fue motivo de un gran escándalo.
El gobierno estatal presentaría en su momento una denuncia por fraude en contra de la empresa ganadora por mala calidad, pero ésta a su vez también demandó al gobierno estatal por no haberle cubierto reparaciones y gastos de mantenimiento fuera de garantía, además del almacenamiento de la maquinaria.
Al concluir el gobierno de Emilio González Márquez, fueron recogidas las máquinas de al menos doce municipios donde estaban asignadas para realizar distintos trabajos.
La intención era reparar algunas motoconformadoras dañadas y dar mantenimiento a las demás para entregarlas funcionando a la siguiente administración.
Pero el entonces secretario de Administración Salvador González Reséndiz no aceptó pagar por los servicios que reclamaba el proveedor y aquí comenzó a entramparse el caso.
El dos de septiembre de 2014, la Contraloría del Estado presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado a la que se le abrió averiguación previa 4987/2014 en contra de María Enriqueta Ortiz Guerrero, ex directora general jurídica de la Secretaría de Administración; así como contra Carlos Barrón Zepeda, ex director general de abastecimientos de la misma dependencia, por afectación al erario por 88 millones 353 mil pesos.
El 19 de noviembre de 2015 (un año y dos meses después de la denuncia) se reubica la denuncia a delitos por abuso de autoridad, bajo averiguación 18895/2015.
Con fecha 19 de septiembre de 2016 (dos años después de la denuncia), el ministerio público consigna la averiguación en la causa penal 283/2016-C por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. El 27 de septiembre de 2017 (tres años después de la denuncia), se ejecuta la orden de aprehensión contra los inculpados. Pero tres días después de la captura, se ordena su libertad por el sobreseimiento a la prescripción de la acción penal.
La fiscalía apela en dos ocasiones en enero de 2017 y en febrero de 2017 y son desechadas las impugnaciones. Se presenta amparo contra la libertad de los aludidos en 2018 y en marzo de ese año se desecha finalmente y queda firme la sentencia de la libertad.
Curiosamente, la causa penal no prosperó porque el delito había prescrito. Pero el siete de febrero de 2012, los entonces diputados locales, Hugo Daniel Gaeta y Juan Manuel Alatorre, habían solicitado desde entonces una investigación y la posterior denuncia contra el secretario de Administración Ricardo Serrano y contra quien resulte responsable, por las irregularidades en la compra de la maquinaria china.
Pero no hubo denuncia alguna y cuando se hizo, ya no había delito.
