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Presumir la impunidad que algunos como él gozan en territorio mexicano, aún cuando portase un brazalete electrónico y técnicamente no hubiere estado quebrantando la ley al acudir a cenar a un restaurante de la Ciudad de México, le costó su libertad al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. La prisión preventiva que le fue dictada y por la que desde el pasado miércoles 3 de noviembre se encuentra en el Reclusorio Norte, es leída por muchos como una instrucción que salió de Palacio Nacional, porque al igual que el resto de los mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se sintió burlado y humillado por el ex funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien tuvo la mala idea de acudir al lujoso restaurante Hunan la noche del 9 de octubre y su imagen departiendo con amigos y degustando un Peking duck fue capturada haciéndose viral en redes sociales y la noticia publicada en todos los medios de comunicación del país y más allá de nuestras fronteras.
Las fotos fueron tomadas por la periodista independiente Lourdes Mendoza, -quien mantiene un proceso jurídico por daño moral en contra de Lozoya, luego de que este la señalara de recibir costosos regalos de funcionarios para “tener buena prensa”-.
Hay que recordar que desde que retornó a México extraditado de España hace 16 meses, tras ser detenido por la Interpol acusado de tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, Lozoya, negoció con la FGR para convertirse en testigo colaborador del Ministerio Público y aportar información que lleve a sancionar a altos exfuncionarios relacionados con la entrega de sobornos, actos de corrupción y la adjudicación irregular de contratos de obra pública relacionados con los casos Agronitrogenados y Odebrecht.
Emilio Lozoya, inculpó en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari; además de al menos una decena de políticos, entre ellos, ex senadores del PAN. En la denuncia que Emilio Lozoya presentó el 11 de agosto de 2020 ante la FGR, reveló nombres y montos de sobornos que presuntamente ordenaron funcionarios del gobierno de Peña Nieto y de opositores que los recibieron.
Señaló directamente a Ricardo Anaya, entonces diputado del PAN, y a su secretario particular, Osiris Hernández, además a José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
También a los ex senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez, y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos, gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente.
Desde entonces, solo uno de estos personajes se encuentra en prisión, dado que las acusaciones sin ton ni son que entregó para mantener su libertad, una a una se le han venido diluyendo o los ofendidos se las han estado contestado, ellos sí con pruebas y argumentos.
Pero lo que condujo a Emilio Lozoya tras las rejas no fue que haya vendido espejitos al propio AMLO y a la Fiscalía para comprar impunidad respecto a los dos procesos que se le siguen, pues está claro que ha sido la afrenta al presidente López Obrador, lo que lo terminó por recluirle en un penal.
El ex director de Pemex no violentó la ley al acudir a cenar, pero sí dañó egos, narrativas, estructuras, e instituciones.
La prisión preventiva a Emilio Lozoya, quien podría pasar hasta 30 años en la cárcel en caso de ser encontrado culpable; fue dictada porque Andrés Manuel así lo instruyó a la Fiscalía, es decir, le dio luz verde para que se fuera con toda la caballería en su contra y el juez entendió el mensaje.
Lo que debe ser muy preocupante en este caso, es la forma en que el Ejecutivo violenta el Estado de Derecho al determinar cuándo y quién debe ir a prisión. Así como la facilidad con la que rompe los acuerdos, porque existía entre Lozoya y las autoridades mexicanas un pacto desde el momento de su extradición a México que estricta y técnicamente no violó Lozoya, aunque desde cualquier punto de vista fue un exceso y un error dejarse ver en un lujoso restaurante presumiendo su impunidad.
Y hay que dejar claro que no es que Emilio Lozoya sea inocente, de hecho, es un delincuente confeso que ya admitió haber recibido más de 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras públicas, pero sí debe llamar la atención el poder supremo que ostenta el presidente; tanto por la manipulación que ejerce sobre la FGR, como la actuación diferenciada de algunos jueces para sancionar casos como el de la ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el que nos ocupa con el ex director de Pemex.
«Veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial (…) son los que determinaron que se quedara ahí (en prisión) el señor Lozoya», dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa mañanera, un día después de que el juez revocara la medida de libertad condicionada.
López Obrador dijo también que «hay que tenerle confianza a la Fiscalía» que, aseguró, «no va a permitir la impunidad».
«Creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos, fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a funcionarios corruptos menos en México», dijo.
El caso de Lozoya, había sido presentado por el gobierno de López Obrador como un avance en su cruzada contra la corrupción. Sin embargo, la fotografía en el Hunan y las críticas que acarreó detonaron la furia del presidente, quien en aquel momento calificó esa acción de «inmoral», y la historia que se escribió a partir de ese instante ya todos la conocemos.
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