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Por Luis Octavio Cotero Bernal (*)
Dispense mi querido lector esta jactancia que expreso con toda modestia y con plena certeza de que, es precisamente la conciencia el juez más rigorista que posee todo individuo.
Los juicios de los demás, respecto al hacer o al no hacer de cada uno de nosotros, salen sobrando cuando el individuo tiene plena conciencia de lo que hace y de lo que omite y valga esta ocasión mi comentario por la imputación que realiza la Fiscalía Anticorrupción en mi contra, aparentemente por haber incurrido en un delito, el cual nace de la acción desplegada por la Fiscalía del Estado, al decidir que, unas cajas refrigerantes en cuyo interior se contenían los cuerpos de unas personas, se trasladaran a diverso lugar del que se encontraban en calidad de resguardo.
El tema que me ocupa es uno de los temas en el que la autoridad ha estado ausente, evadiendo así su responsabilidad, esa responsabilidad que les impone la ley, pues no se requiere tener conocimiento del derecho para entender que, es precisamente la autoridad, quien tiene el deber de otorgarle a todo ciudadano, la seguridad suficiente para vivir en paz y por ende, someter al criminal.
La ley primaria de los mexicanos impone a los gobernantes de los tres niveles, sus facultades y obligaciones, dotándoles de recursos y de instituciones para que la sociedad logre vivir en paz, desde la comunidad más pequeña hasta la totalidad de la patria y de no hacerlo, todo ello constituye una indiscutible traición.
Nuestro país hoy vive una tragedia permanente, donde ni siquiera la sangre derramada por las víctimas del crimen y los desaparecidos, provocan en los gobernantes, tan siquiera la más mínima intención de reconocer tan severas problemáticas, menos aún de erradicarlas.
Es urgente denunciar públicamente a los criminales que detentan el poder en su beneficio y quisiera de todo corazón, que los mismos gobernantes a que me refiero, me rebatieran todo lo manifestado y me sacaran del error en que, entonces me encuentro y ofrecerles en el momento oportuno, una disculpa pública.
En los tres poderes de gobierno no hay una sola excepción, pues los titulares de cada una de las dependencias públicas que pudiéramos traer a escena, junto con todos sus cómplices, manipulan el engranaje de las instituciones en perjuicio de la sociedad.
Fueron los representantes populares los que nos generaron una institución que tiene por nombre Fiscalía Anticorrupción, gracias a la cual el día de ayer, se me sometió ante la justicia para que se defina jurídicamente si soy un delincuente o no, con el argumento de que soy responsable de la transportación de unos cadáveres, de los que bien vale la pena precisar que, jurídicamente es la Fiscalía del Estado, la única institución responsable de ellos y todo su contexto.
Es la Fiscalía del Estado, a través del ministerio público, quien, una vez que localiza los restos humanos, dispone su destino final; o bien, consciente que, sigan almacenados indeterminadamente al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; sin embargo, en el contexto del tema que nos ocupa, la Fiscalía en aquellas fechas, pretendía encontrar un espacio más digno para dichos cadáveres, pero que, dada la irresponsabilidad que revistió al Secretario General de Gobierno de la administración pasada, tuvieron el desenlace ya conocido por todos.
El actual Secretario General de Gobierno, quien preside la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no es mejor que el anterior, pues ni siquiera tiene la decencia de asomarse a las juntas de gobierno, menos hacer acto de presencia en aras de darse el tiempo para verificar las condiciones laborales en las que se desempeña el personal operativo; o bien, conocer con exactitud, el número de personas que ahí laboran, pues el número de empleados está muy lejos de ser el suficiente para tal demanda de trabajo.
Todo lo anterior es la razón por la que, con el debido respeto a usted amable lector, le manifiesto mi satisfacción por haber servido a la sociedad, lo que me permite sentirme contento, pero también sentirme avergonzado, dado el tipo de autoridades que tenemos, autoridades tan incapaces, tan inmorales, tan corruptas; por tener frente a nosotros, instituciones de administración y procuración de justicia en la vil desgracia, con servidores públicos corruptos y sin recursos materiales y económicos suficientes.
(*) Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
