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Estos desaparecidos no eran estudiantes. Se esfumaron cuando un grupo civil armado sitió la cabecera municipal durante cinco días y se llevó a una treintena de hombres en las narices de militares, policías federales, estatales y municipales. Eso ocurrió en mayo del 2015, ocho meses después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en este pueblo, que está a media hora de la normal rural.
Pero estos desparecidos no le importan a nadie. Sus familias, provenientes de una de las zonas más pobres del país, los buscan, casi, en solitario.
Después de casi tres años, el Colectivo Siempre Vivos, que se formó después de la toma del pueblo, los familiares volvieron a obtener una pista de lo que pasó con ellos gracias a la declaración de Julio César Vargas Valladares, un presunto sicario de la banda de Los Ardillos, cuyo testimonio está asentado en la causa 206/2015 de la SEIDO, donde se investiga la desaparición y asesinato de los hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, su primo Vicente Apreza y los ingenieros Mario Montiel Ferrer y Jesús Romero.
Los cinco fueron interceptados el 26 de diciembre de 2014 cerca de Chilapa y sus cuerpos calcinados fueron localizados días después en un crucero del municipio de Zitlala.
Vargas Valladares habría participado varios crímenes cometidos por Los Ardillos, entre ellos los de los desaparecidos de mayo de 2015. En su declaración, el hombre reveló detalles del grupo criminal y dijo que a los 30 “les hicieron lo mismo que a los 43”. .
En su relato describe que fueron desmembrados hasta que murieron, mientras los pedazos de cuerpos eran incinerados y luego arrojados al Río Azul, en el municipio de Quechultenango. Los gritos de las víctimas, dijo, no se escucharon por el borboteo del rio. También relató que todo fue por órdenes de Celso Ortega Jiménez, líder del grupo Los Ardillos y hermano del ex diputado local y presidente del Congreso de Guerrero (de 2012 a 2015), Bernardo Ortega Jiménez, a quien la familia Díaz Navarro ha señalado desde el inicio como cabeza política y protector del grupo criminal.
“Los culpables tienen nombre, tienen apellidos, tienen rostros. Son personas, vamos, que son ahora fáciles de identificar. Ya nada más falta que las autoridades hagan su trabajo de investigación y que hagan valer ya el estado de derecho”, dijo José Díaz Navarro el lunes 27, al presentar un informe de trabajo del colectivo.
El testigo también declaró que le tocó presenciar, en otra ocasión, que el diputado Bernardo Ortega entregó a su hermano Celso una caja de cartón “del aceite 1,2,3” llena con billetes de 500 pesos, como agradecimiento por apoyarlo en las campañas políticas.
Ubicada en la parte baja de La Montaña de Guerrero, Chilapa es la salida obligada de la droga que se produce en esta región.
La tragedia del pueblo comenzó a gestarse en 2014, con el enfrentamiento entre dos grupos criminales ligados a grupos políticos: Los Rojos (identificados con el PRI) y Los Ardillos (relacionados con el PRD).
Pero tras las elecciones de 2015, los Ardillos tomaron el control y ahora es tal su poder que hasta la venta de pollo en muchas comunidades está en su control.
Sólo este año ha registrado 242 homicidios, incluido el de la niña de 13 años que fue desaparecida el 12 de noviembre.
Aunque hubo un tiempo en el que Chilapa pareció importarle a las autoridades federales y a la comunidad internacional, el abandono es evidente.
El Colectivo Siempre Vivos ha realizado búsquedas de fosas clandestinas por su cuenta. José Díaz Navarro, quien dejó de dar clases para buscar a sus hermanos, ahora está desplazado por amenazas de muerte.
Bernardo Carreto uno de los miembros del colectivo que buscaba a tres de sus hijos, fue acribillado el 22 de diciembre de 2015. Otros miembros de la organización han sido amenazados y se han tenido que desplazar a otras localidades. Varias mujeres del grupo no llegaron a la presentación del informe “porque no tenían dinero para el pasaje”.
“Aparte de ser víctimas tenemos que andar como limosneros para que se nos pueda brindar el derecho que tenemos para recibir atención”, dijo el profesor, que para ir a poner las cruces en el lugar donde encontraron los cuerpos de sus hermanos tuvo que ir escoltado por 15 policías federales.
Ahora, tras la revelación del testimonio del sicario. Los familiares pidieron a las autoridades que hagan las diligencias en el lugar para confirmar si pudo haber indicios que o confirmen lo declarado por el testigo.
En un salón improvisado, con un proyector prestado y buscando una pluma de último momento José Díaz Navarro hizo la presentación de las nuevas pistas que deja la declaración del sicario sobre el destino de los desaparecidos de mayo, frente a un público de mujeres que apenas habla español. El hombre resumió la tragedia de este pueblo en una frase: “ojalá esta información la hubiera dado alguna autoridad”.
El miedo
Chilapa es un municipio que une a La Montaña con la la zona centro de Guerrero. Tiene poco más de 100 mil habitantes y su tasa de homicidios se duplicó en los últimos tres años. Pero lo que más asusta a los chilapenses es la impunidad con la que la gente “desaparece”.
En Chilapa, la violencia se ha ensañado con los pobladores. Las fachadas de las casas están martilladas por las balas. Los negocios cierran temprano y en las banquetas hay cruces en señal de que ahí murió alguien, como si fueran calzadas de cementerio.
Los grupos delictivos que pelean el control de la zona –Los Ardillos y Los Rojos, ambos escisiones del cártel de los Beltrán Leyva– llevan más de dos años en guerra por el territorio y cualquiera es blanco de un ataque. La locura confunde límites entre rivales y la impunidad se manifiesta en la relación de los politicos con las bandas criminales: en mayo asesinaron a balazos el candidato de la coalición PRI-PVEM a la presidencia municipal, Ulises Fabián Quiroz y en las bardas aparecieron pintas culpando al candidato oporsitor, Miguel Cantorán. Días después, el ex fiscal de Guerrero Miguel Ángel Godínez, aseguró que el entonces alcalde, Francisco Javier García, era investigado por tener nexos con Los Rojos.
Por eso, los Abundiz Sánchez optaron por el sigilo. Tenían miedo de denunciar la desaparición de Gilberto ante el Ministerio Público local, a cargo de Agustín Peña Fajardo, a quien los familiares de otros desaparecidos identifican también en la nómina de Los Rojos. Un padre de dos jóvenes desaparecidos asegura que las llamadas de amenza de muerte que ha recibido por buscar a sus hijos le llegaron después de que denunció y dio su número en el ministerio público.
“Al darnos cuenta que nadie sabía de él, y dada la circunstancia de Chilapa, obviamente nos quedó claro que alguien se lo había llevado”, dice ahora una hermana de Gilberto.
Lo mejor, pensaron, sería indagar por su cuenta. Empezaron con los amigos. Después, la búsqueda los llevó a hospitales y a la cárcel del municipio. Pero las listas de contactos se agotaron rápidamente, porque a partir de la desaparición de Gilberto, muchos vecinos comenzaron a ver con recelo a la familia. Estaban solos, con el apoyo de nadie.
En todo caso, su búsqueda quedó suspendida el 9 de mayo, cuando unos 300 hombres armados de las comunidades de Ayahualulco, El Jagüey, San Ángel y Xiloxuchicán se apersonaron en la cabecera municipal y durante cinco días tomaron el control del pueblo. Esa semana desaparecieron más de 30 personas, frente a decenas de agentes de la policía estatal, Gendarmería y Secretaría de la Defensa Nacional.
Siete meses después, nada se sabe sobre esos desaparecidos.
La nota roja
La irrupción de los hombres que sitiarion la ciudad atrajo la atención de organismos internacionales, entre ellos, la oficina en Mexico de la Alto Comisionada de las Naciones Unidas, que empezó a registrar casos. El gobierno mexicano externó su preocupación por el municipio y acrecentó el número de agentes policiacos en el municipio. La familia de Gilberto dio por terminado su silencio.
Aunque no se unieron al grupo de familiares de desaparecidos, el 17 de mayo, urgidos de noticias, los familiares de Gilberto presentaron la denuncia ante el ministerio público. Ese mismo día acudieron al Servicio Médico Forense. La primera respuesta que recibieron de las autoridades fue que ya había pasado mucho tiempo desde la desaparición y que lo más probable era que Gilberto ya estuviera muerto.
“En el Ministerio Público te dan un trato de la fregada, no te atienden como debe ser, no te tienen niguna consideración, para ellos solo son datos y punto”, dice, meses después, la hermana de Gilberto.
La joven tiene una expresión de desesperanza, como si le hubieran borrado la sonrisa desde hace mucho. Su madre, en cambio, permanece impasible, al borde de las lágrimas, pero después de contenerse un rato reclama, casi gritando y en un ahogo de respiración, que lo que les pasó es una injusticia.
Los Abundiz ratificaron la denuncia de la desaparición el 19 de mayo ante la Fiscalía del Estado y el 21 de ese mismo mes, declararon ante una unidad especial de la Comisión Nacional de Seguridad. Pero nada pasó.
Dos días después, la sección de la nota roja de un periódico local les dio la noticia que no habían querido tener en 83 días, desde la desaparición de Gilberto: En la contraportada del diario estaba la fotografía de tres cabezas –una de ellas cubierta con cinta canela–, en estado de descomposición y con las mandíbulas tan apretadas que parecían una sola pieza. Junto a la foto de las cabezas, había otra imagen de un torso desnudo. El tatuaje de un ala de murciélago en la piel le devolvió el rostro a Gilberto Abundiz.
La autopsia reveló que el dorso ya tenía un mes en estado de descomposición. Los peritos revelarían que la decapitación se las hicieron cuando aún estaban vivos, pues sólo un dolor así pudo haber que alguien tratara de suprimir el dolor así apretando las mandíbulas.
Los padres y hermanas de Gilberto siguen sin entender por qué se lo llevaron y por qué lo mantuvieron vivo un mes. Pero tienen muy pocas esperanzas de que las autoridades lo investiguen.
“Si no es porque vimos el periódico, quizá seguiría desaparecido”, dice su hermana. “Por parte de la PGR tuve una respuesta, así tajante de una licenciada que me dijo: ‘Nosotros solo vamos a investigar los casos sucedidos del 9 al 14 de mayo’. Para ellos, lo demás no es delito’”.
(Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie).
