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Aunque en los discursos oficiales las autoridades de la Secretaría de Educación en Jalisco pregonan el respeto a la inclusión y a los derechos humanos, en la práctica la atención para estos valores queda en entredicho. Aquí un ejemplo:
El lunes 29 de abril pasado, regresaron a clases más de un millón 400 mil niños y jóvenes de educación básica en la entidad; sin embargo, en este grupo no pudieron retornar a las aulas 40 jóvenes sordos porque ya no contaron con el equipo multidisciplinario que les impartía sus lecciones.
La causa, la incapacidad de la Secretaría de Educación de responder a la recomendación 49/2018 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) desde el 20 de diciembre de 2018 para atender a los estudiantes sordos de la Secundaria 20 Francisco Camacho Robles, de Zapopan, quienes dejaron de recibir clases por falta de pago desde hace cuatro meses para asesores en lengua de señas.
Derivado de la queja 3825/2017 presentada el 15 de junio de 2017 por organizaciones civiles de y para sordos, así como padres de familia de menores sordos, por la violación de los derechos humanos de las personas sordas, la CEDHJ determinó fundada la queja y emitió la recomendación 49/2018 por la “violación del derecho a la legalidad, a la igualdad y no discriminación, al trato digno, al desarrollo y a la educación inclusiva bilingüe-bicultural para niñas, niños, adolescentes y jóvenes sordos”.
La recomendación que requirió de una investigación de un año y medio, incluye testimonios de decenas de familiares de niños y jóvenes sordos que coinciden en que las autoridades educativas en Jalisco no cumplen con protocolos, ni programas de atención incluyentes.
Por estas circunstancias, las organizaciones firmantes de la queja piden entre otras cosas “que se repare económicamente de forma retroactiva a los padres de familia de la Escuela Secundaria No. 20 de Zapopan por las erogaciones causadas por la falta de un programa de educación inclusiva pública bilingüe bicultural de parte de la Secretaría de Educación Jalisco” y que la Secretaría de Educación Jalisco asuma directamente los costos del programa de inclusión educativa bilingüe-bicultural para alumnos sordos de la Escuela Secundaria No. 20 de Zapopan.
En sus conclusiones la CEDHJ determinó que “la Secretaría de Educación Jalisco no ha garantizado los derechos humanos a la legalidad, igualdad y no discriminación, al trato digno, al desarrollo y a la educación inclusiva bilingüe-bicultural para niñas, niños, adolescentes y jóvenes sordos, por lo que este sector de la población tiene derecho a una justa atención y reparación integral de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora y efectiva de las violaciones de derechos humanos cometidas en su agravio”.
Por ello recomienda al secretario Juan Carlos Flores Miramontes, catorce puntos que incluyen la reparación del daño, una partida presupuestal para atender a la comunidad sorda, capacite a docentes en lengua de señas, aplique un programa de educación inclusiva en todos los niveles educativos y firme un convenio de colaboración con asociaciones civiles que cuenten con el perfil idóneo para acciones a favor de este sector.
La asociación civil Educación Incluyente, por ejemplo, una de las firmantes de la queja, tiene 14 años trabajando en este tipo de formación especial con un equipo multidisciplinario que incluye intérprete, maestro sordo y maestro de educación especial en apoyo al de asignatura.
La Secundaria 20 de Zapopan es la única en el estado que imparte este tipo de clases y es el mismo caso de la Preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara que atiende a jóvenes sordos. En el caso de la preparatoria, la U de G se hizo cargo de cubrir los salarios del personal.
Sin embargo, en la Secundaria 20 los padres de familia de sordos pagaban con sus aportaciones los honorarios de los asesores en lengua de señas.
A partir de la recomendación 49/2018 dirigida a la Secretaría de Educación en Jalisco donde la CEDHJ le pide que destine en su presupuesto 2019 una partida especial para atender a los estudiantes de la comunidad sorda, los padres de familia dejaron de aportar las cuotas.
Pero tras cuatro meses de no recibir respuesta ni pagos, los asesores en lenguas de señas no regresaron el lunes 29 de abril a trabajar y ahora está en riesgo el ciclo escolar de 40 estudiantes sordos de la ejemplar Secundaria 20.
Ironías de la vida que ocurra en Zapopan, autodenominada “Ciudad de los Niños” y por parte de funcionarios de la Secretaría de Educación, que parece que tampoco escuchan.
