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En Zapopan, “la ciudad de las niñas y los niños” que tanto pregona el alcalde Pablo Lemus Navarro, 14 menores sordos tendrán que buscar padrinos para poder continuar sus estudios de secundaria.
La Secretaría de Educación en Jalisco, se negó a cubrir el pago al equipo multidisciplinario de maestros para que atendiera a un grupo propedéutico de alumnos que debe prepararse para ingresar a la Secundaria Mixta número 20, única escuela pública que atiende a los menores de la comunidad sorda de la zona metropolitana de Guadalajara.
La atención especial para estos menores, proviene precisamente de la deficiente formación que el modelo educativo del estado les brindó en la educación primaria de los llamados Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), por lo que es necesaria una actualización para incorporarse a la secundaria.
La negativa de las autoridades de educación a atender a este grupo, ocurre pese la recomendación 49/2018 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, quien solicitaba a la Secretaría del ramo, atender el reclamo de fondo de la comunidad sorda del estado y en particular de los padres de familia de los alumnos de la Secundaria Mixta número 20 de Zapopan.
La queja 3825/2017 fue presentada el 15 de junio de 2017 por organizaciones civiles de y para sordos, así como padres de familia de menores sordos, por la violación de los derechos humanos de las personas sordas, la violación al derecho a la igualdad y no discriminación, así como a un trato digno, al desarrollo y a la educación inclusiva bilingüe-bicultural para niñas, niños, adolescentes y jóvenes sordos.
Por esta circunstancia, los quejosos pedían que la Secretaría de Educación en Jalisco reparara económicamente en forma retroactiva los gastos que los padres de familia habían realizado por la falta de un protocolo de educación inclusiva y específicamente que asuman directamente los costos del programa de inclusión educativa bilingüe-bicultural de la Escuela Secundaria 20 de Zapopan.
La recomendación 49/2018 de diciembre de 2018 dirigida al secretario Juan Carlos Flores Miramontes, señala en 14 puntos claramente que la dependencia debe atender la queja y comenzar por la indemnización para reparar el daño, destinar una partida presupuestal en 2019 para atender el tema, capacitar a maestros en lengua de señas, aplicar un programa de educación inclusiva y celebrar convenios con asociaciones que cubran el perfil para brindar este tipo de atención a la comunidad sorda.
Pero la dependencia no cumplió con lo determinado por la CEDHJ pues no indemnizó a los padres de los menores sordos, cumplió solo parcialmente con algunos salarios y no creó un programa de educación inclusiva que atendiera la discriminación y el trato desigual para los menores.
Ahora, los 14 sordos tendrán que buscar padrinos que puedan ayudar a cubrir los 33 mil pesos mensuales que se paga a 3 maestros especialistas en lengua de señas para atender a este grupo propedéutico.
Lamentablemente no solo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco fue olímpicamente ignorada en sus resoluciones, sino que la misma dependencia olvidó su propia recomendación al no darle seguimiento a la misma.
