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Benito Pablo Juárez García, también conocido como Benemérito de las Américas, fue un presidente mexicano respetuoso del máximo órgano de justicia de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Órgano de poder que hasta hace poco, incluso en los tiempos de la presidencia del Ministro Arturo Saldivar, gozaba de buena reputación y se respetaba a sus integrantes. Hoy, tristemente la transformación de cuarta del presidente Andrés Manuel López Obrador la ha manoseado a su libre arbitrio, y de estar integrada por intachables doctos en el derecho, hoy esta conformada en buena parte por los amigos del amigo del inquilino que vive en el palacio presidencial y que en vez de destacarse por sus excelsas sentencias, lo hace porque una de sus miembros plagió las tesis con las que supuestamente habría obtenido sus títulos de licenciatura, maestría y hasta doctorado.Lejos han quedado los tiempos en que la SCJN era la instancia en que los más brillantes jurisconsultos del país debatían con la ley en la mano las controversias y asuntos propios de ese Poder. Salvo contados Ministros, la corte suprema corte es el vivo reflejo del desorden que López ha provocado a lo largo y ancho del país en su cruzada por destruir las instituciones. En toda democracia, la separación de poderes es esencial para garantizar un sistema de gobierno equilibrado y justo. Uno de los pilares fundamentales de esta separación radica en el respeto mutuo entre los diferentes poderes del Estado. En el caso específico del gobierno y la Suprema Corte de Justicia, la relación de respeto institucional adquiere una importancia vital.En el sistema legal de cualquier nación La Suprema Corte de Justicia tiene una función crucial; su papel es garantizar que las leyes se interpreten y apliquen de manera justa y acorde con la Constitución. Es la institución encargada de salvaguardar el Estado de derecho y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para desempeñar esta misión, los Ministros de la Suprema Corte deben ser independientes y no estar sujetos a presiones políticas o influencias indebidas. Pero eso es lo que más odia López Obrador, porque él cree que el gobierno es solo él y entonces en esa lógica, ni legislativo, ni judicial, sino “lo que diga mi dedito”.El respeto hacia la Suprema Corte de Justicia por parte del gobierno es esencial para mantener la integridad y la independencia del poder judicial. Sin un respeto sólido y genuino, se corre el riesgo de socavar la confianza de la ciudadanía en el sistema legal y minar los cimientos mismos de la democracia. El respeto mutuo entre los poderes del Estado es la base de un sistema equilibrado que garantiza la rendición de cuentas y protege los derechos de todos los ciudadanos.Cuando el gobierno respeta a la Suprema Corte de Justicia, respalda la independencia judicial y reconoce su rol vital en la toma de decisiones legales.Esto implica no solo aceptar sus decisiones y resoluciones, sino también abstenerse de cualquier intento de influir en ellas. El gobierno debe recordar que la Suprema Corte es un órgano autónomo y apolítico cuyo objetivo primordial es garantizar la justicia y la imparcialidad en la aplicación de la ley. Pero a López Obrador y sus esbirros se les olvida todo eso y azuzan a sus manadas de chairos a protestar por algo que ni siquiera entienden.El respeto del gobierno hacia la Suprema Corte de Justicia no solo es un deber, sino también una inversión en el fortalecimiento del Estado de derecho. Cuando el poder ejecutivo respeta las decisiones de la Corte, se sienta un precedente valioso que fomenta la confianza en las instituciones y el sistema judicial. Esto es esencial para mantener la estabilidad, la cohesión social y el respeto por las leyes en una sociedad democrática.Como sociedad, debemos valorar y salvaguardar el papel de la Suprema Corte de Justicia como guardiana de la justicia y la imparcialidad. El respeto institucional es el cimiento sobre el cual se construye una democracia sólida y duradera.La separación de poderes es una piedra angular de la democracia y un pilar fundamental del Estado de derecho. En un sistema democrático saludable, cada poder del gobierno debe tener límites claros y respetar la autonomía y la independencia de los otros poderes.En este sentido, es esencial destacar el papel crucial que la Suprema Corte de Justicia desempeña en la protección y salvaguarda de la justicia y los derechos fundamentales en cualquier país.Afortunadamente somos millones los ciudadanos que sí entendemos la división de poderes y que sí respetamos a las instituciones; por ello nuestro reclamo puntual y decidido al presidente López Obrador por andar metiéndose en asuntos que no le competen y culparlo desde ya por la terrible polarización social que motiva todos los días en contra de la SCJN y particularmente en contra de su Ministra Presidenta, que con valentía y apoyo de millones de mexicanos ha sabido sortear el embate de todo el poder del aparato del gobierno federal.La importancia de la SCJN radica en que actúa como un contrapeso a los poderes ejecutivo y legislativo, y su función principal es la de velar por la constitucionalidad de las leyes y las políticas gubernamentales.En una sociedad democrática, es imprescindible que el Gobierno respete y acate las decisiones y pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia. Este respeto no solo es una cuestión de cortesía institucional, sino también de preservar el estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando el Gobierno ignora o menosprecia las decisiones de la Corte, se corre el riesgo de socavar la independencia judicial y debilitar la protección de los derechos y las libertades.El respeto hacia la Suprema Corte de Justicia no implica que el Gobierno deba estar de acuerdo con todas las sentencias o resoluciones adoptadas. Es natural que existan diferencias de opinión y visiones sobre asuntos legales y políticos. Sin embargo, el respeto implica acatar las decisiones y recurrir a los mecanismos legales adecuados para impugnarlas o modificarlas, en lugar de intentar deslegitimar a la Corte o socavar su autoridad.El Gobierno debe recordar que la independencia judicial es un principio esencial para garantizar un sistema de justicia imparcial y equitativo. Los jueces deben tener la libertad de aplicar la ley sin influencias indebidas, sin miedo a represalias políticas o presiones externas. La independencia judicial es una garantía para todos los ciudadanos, ya que asegura que las decisiones sean basadas en el derecho y no en consideraciones políticas o personales como tanto anhela López Obrador.El respeto mutuo entre el Gobierno y la Suprema Corte de Justicia es vital para fortalecer la democracia y el imperio de la ley.López Obrador siempre ha presumido ser admirador de Benito Juárez y con sobrada jactancia repite de memoria las frases del Benemérito de las Américas, pero su narrativa se desvanece cuando traiciona con sus acciones, las palabras que afanosamente repite.opinion.salcosga@hotmail.com@salvadorcosio1
