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Según dio a conocer un diario local el pasado lunes, la polémica Villa Panamericana será vendida este viernes, tras alcanzar el gobierno un acuerdo para esta transacción con la empresa Green Life Capital, SAPI SA de CV, que pagará a instituciones públicas por el edificio mil 500 millones de pesos, de los cuales 495 millones se entregarán al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco – IPEJAL- y mil 5 millones al Ijalvi -antes IPROVIPE-, sin importar que dicho inmueble mantiene medidas cautelares impidiendo su enajenación, a riesgo de que el gobernador incurra en una violación a la suspensión que lo haría acreedor por desacato a una sanción que va desde una amonestación hasta la separación del cargo y acción penal.
Debemos recordar que la Villa Panamericana albergó a 7 mil 500 atletas en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, y desde entonces está convertida en un “elefante blanco”. Su inversión ascendió a alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que aportaron el Gobierno del Estado con recursos públicos a través del Instituto de Promoción de la Vivienda hoy (Ijalvi) y el IPEJAL y en una mínima parte la empresa constructora Corey, siendo gobernador el panista Emilio González Márquez.
En la nota informativa se dijo que “para eludir las acciones legales que motivaron una suspensión, la empresa que comprará la Villa le anexará un terreno, con lo que se alcanzarán los metros cuadrados que se requieren para cubrir la densidad de vivienda”.
La periodista Sonia Serrano señaló que “En el convenio también se hace referencia a los procesos legales que hay en torno al inmueble, de los cuales se da por enterada la empresa que compra. Además, se asegura que tanto Ijalvi como Ipejal ‘cuentan con las autorizaciones y acuerdos correspondientes de sus órganos de gobierno’”.
La intención era recuperar la inversión a través de la venta de los 650 departamentos de los que consta el complejo, pero vecinos del lugar, organizaciones civiles y la sociedad en general se opusieron a que se destinara a vivienda debido a que se encuentra en una zona de protección ambiental y recarga de mantos acuíferos, por su cercanía con el Bosque La Primavera, pulmón principal de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y se interpusieron diversas denuncias y demandas que se mantienen vigentes, además de existir averiguaciones en curso por presuntos señalamientos de desvío de recursos y peculado.
Ante esta situación, quienes conformamos la Asociación Civil Conciencia Cívica Jalisciense, junto con el Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Fundación Cuenca Lerma Chapala, Vecinos de Rancho Contento y la Federación de Sindicatos del Estado, presentamos ese mismo lunes un incidente de violación a la suspensión otorgada.
De tal manera que la autoridad correspondiente ha sido enterada y de violarse la suspensión legal, el ayuntamiento de Zapopan, los institutos de Pensiones del Estado y de Vivienda, así como el superior jerárquico, en este caso el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, serían apercibidos por desacato y como ya mencionaba la sanción puede ir hasta la destitución del cargo y la accion penal.
Quienes nos oponemos a que la Villa Panamericana se destine a vivienda con las concebidas afectaciones, hemos señalado de que este inmueble fue construido violentando la normatividad urbana, ambiental y económica- administrativa, con la complicidad y acciones de autoridades y especuladores desde finales del año 2009.
Dentro de más acciones realizadas desde la sociedad, se promovieron tres juicios de nulidad contra dictámenes, licencias de edificación y convenios; los que fueron admitidos y otorgadas diversas suspensiones que ordenan la paralización de la construcción; así como impiden su comercialización; se ordena la suspensión de actividad como es promoción, preventa, venta, renta, habitabilidad, obra y todo tipo de utilización del bien inmueble.
El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus ha reiterado que no otorgará licencia alguna, aunque es difícil creer su versión en el sentido de que desconocía los planes de venta del inmueble.
En esta opaca negociación de la Villa Panamericana han surgido elementos que hacen presuponer irregularidades que no están del todo claras, tan es así que las pláticas sobre la compra-venta del inmueble que se habría realizado durante los meses de mayo y junio se mantuvo en la opacidad y de hecho, todavía estuviésemos en ese desconocimiento sino fuese por la investigación y posterior publicación en un diario local, que es el que nos ha alertado de la negociación que se espera concretar este viernes 30 de agosto.
Debemos admitir que este caso nos ha generado, primero sorpresa y segundo desconfianza, por ejemplo, al enterarnos que la empresa compradora bautizada como Green Life Capital, SAPI S.A. de C.V., se constituyó apenas el 22 de mayo pasado. Otro hallazgo digno de mención es que el consorcio que adquirirá el polémico inmueble está integrado por cuatro sociedades mercantiles mexicanas, y entre los nombres de los flamantes compradores nos percatamos que son empresarios que en su momento fueron funcionarios.
Una ola de sucesos en torno a este tema han estado surgiendo a partir del lunes en que se publicó la noticia a ocho columnas.
Lo más extraño es que el gobernador Enrique Alfaro, quien avala la negociación no haya salido hasta ahora a medios de comunicación ni siquiera a redes sociales para fijar un posicionamiento. Ante ello, nos preguntamos cuál es su verdadero interés al aprobar esta transacción cuando está perfectamente enterado que los firmantes incurrirán en una ilegalidad, y cuando conoce la existencia de los procedimientos legales y que no han sido desahogados por la autoridad correspondiente por lo que la finca está impedida por ley para obtener cualquier permiso o acción inmobiliaria como la que se pretende llevar a cabo. Él también conoce las limitaciones que tiene la zona en donde está construida la Villa, sabe del daño que significaría al Bosque de la Primavera, el impacto ambiental y la afectación para un sector importante de la población que vive al poniente y norte de la zona metropolitana de Guadalajara, así que no solo está incurriendo en una violación a la suspensión, sino en una inmoralidad porque no puede pretender imponer su propia ley a manotazos pasando por encima de las normas y eso se llama corrupción, y constituye abuso de autoridad.
La opacidad también se ha dado en las instituciones involucradas en este tema (IPEJAL e Ijalvi), que por lo menos una de ellas tenía programada una reunión de consejo para este jueves y nada se ha sabido en cuanto a su celebración.
La fecha establecida para la firma del contrato según la periodista Sonia Serrano es este viernes, así que estaremos muy atentos con el seguimiento de este asunto que seguramente seguirá dando mucha más información, en tanto, nos mantendremos pugnando porque se dé respuesta a temas que son de fundamental interés como ¿qué pasará con el manejo de la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida, los impactos ambientales en la zona de recarga, el manejo de cuenca y la garantía para infiltración adecuada y manejo tanto de las aguas pluviales como los mantos freáticos, los impactos viales, y la viabilidad de infraestructura?, entre otros.
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@salvadorcosio1
