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En un anuncio sorpresivo, el Secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores, estimó que se han resuelto todos los inconvenientes ante la Dirección de Aeronáutica Civil para pasar al proyecto ejecutivo de la terminal aérea de Costa Alegre.
Según el director de Asuntos Agrarios, Mario Vladimir Avilés, sólo restaría pagar cinco millones de pesos a los ejidatarios de José María Morelos para resolver el conflicto y que el gobierno federal expida un decreto expropiatorio por las 71 hectáreas que requiere la aeropista para terminar las adecuaciones y comenzar a operar.
El funcionario estatal hasta se toma el atrevimiento de fijar un plazo: será en el mes de septiembre.
Sin embargo, ambos funcionarios eluden exponer la verdad. Que en torno al proyecto de Chalacatepec hay todavía numerosas impugnaciones que hacen imposible que se cumplan los tiempos fijados.
La primera de ellas tiene que ver con la pista que ya fue construida en la zona. Se trata de una plancha de pavimento extensa que fue realizada sobre terrenos que fueron impugnados por pertenecer al ejido y que hicieron aparecer como tierras particulares.
El gobierno estatal firmó un convenio de ocupación temporal de los terrenos para hacer la aeropista mientras expropiaba, pero nunca realizó el trámite, sino que en su lugar gestionó una donación por parte de Reforma Agraria de los terrenos, pese a que no está en las atribuciones de la dependencia donar tierras.
Según el documento 13562 ante el notario público Enrique Ramos Ruiz en julio de 2006, un grupo de particulares que se ostentaban como dueños de predios en las inmediaciones de las lagunas de Chalacatepec y Paramán y Xola, donan y transmiten gratuitamente las tierras al gobierno federal para que se construya el aeropuerto.
Entre los donantes aparece Javier Dueñas García, entonces oficial mayor de la Secretaría de Reforma Agraria.
No obstante, el acto es irregular porque los terrenos pertenecían al ejido, no hubo acto expropiatorio ni la asamblea aprobó el convenio de ocupación temporal de los terrenos.
Por si fuera poco, los acuerdos que han avanzado con la supuesta representación ejidal, también fueron impugnados porque la directiva elegida el 23 de octubre de 2013 fue motivo de las quejas 66/2014, 71/2014 y 72/2014, que buscan dejar sin efecto las resoluciones de la misma.
Cleofas Rodríguez había terminado su función como presidente del ejido el 17 de octubre de 2013 y la ley agraria marca que en caso de no haberse elegido nuevos representantes, los suplentes entran en funciones y el consejo de vigilancia del ejido tiene 60 días para convocar a elecciones.
Cleofas convoca a asamblea pese a que no tenía representación legal (su periodo había terminado seis días antes) y además que una convocatoria debe ser con ocho días de anticipación.
De esta elección celebrada en “Casa Sarita” avalada por autoridades estatales y federales que hasta expidieron credenciales, siguieron otras directivas sancionadas por la inicial mesa directiva señalada como ilegal.
Ahora, un puñado de 60 ejidatarios de los casi 500 que tiene José María Morelos, sería quienes pretenden tomar acuerdos pese a no ser la mayoría.
De esta forma, con una directiva impugnada, con quejas ante tribunales agrarios, con amparos, sentencias impugnadas al Tribunal Agrario y nuevas acciones legales que se presentarán en el mes de septiembre, es poco probable que la famosa aeropista pueda quedar lista en poco tiempo.
Los aterrizajes eso sí que siguen sucediendo en la placa de pavimento del “aeropuerto” de Costa Alegre, tienen que ver con vacas que suelen cruzar por ahí y que aflojan el cuerpo para dejar caer sus heces en la aeropista todavía sin estrenar.
