La polémica Línea Tres del Tren Eléctrico Urbano ha sido un dolor de cabeza para las administraciones estatales y federales pasadas y presentes. En su historial se cuentan desde el rechazo a partir de su anuncio, pasando por retrasos, sobreprecios, demandas de vecinos por afectaciones a sus viviendas, una clausura, múltiples quejas de ambientalistas, una pre inauguración sin estar terminada y desencuentros entre el presidente Andres Manuel López Obrador (AMLO) y el gobernador Enrique Alfaro Ramirez, quienes al parecer han fumado la pipa de la Paz y se han comprometido a dar continuidad a la obra para evitar que quede como un elefante blanco en la ciudad. Finalmente nos han dicho que en diciembre, ahora sí, entrará en operación.
De manera sorpresiva, y tras una reunión que sostuvo con el gobernador jalisciense en Palacio Nacional la semana pasada, López Obrador anunció que dará prioridad a la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara que permanece detenida desde la terminación de la administración pasada. AMLO manifestó a los jaliscienses que aportará los cuatro mil 500 millones de pesos que se presume hacen falta para concluirla.
Entre los predicamentos que ha enfrentado esta polémica construcción está el señalamiento formal por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por presuntas irregularidades que superan los 109 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2017 y se documentan duplicidad de pagos en compras, compras equivocadas, compras a sobreprecio, pagos hechos a contratistas indebidos entre otros. Un catálogo de esquemas de crasa corrupción.
No está de más recordar que esta imponente obra forma parte de un ambicioso y bien planeado proyecto para superar los problemas de movilidad que desde 1975 ya se padecían a causa del déficit de transporte público masivo, pero que el gobierno anterior no supo o no tuvo la capacidad de gestionar como estaba planeada desde hace más de 20 años.
Fue en esa época, gracias al esfuerzo del Gobernador Alberto Orozco Romero y del alcalde de Guadalajara Guillermo Cosío Vidaurri, que se hizo posible la apertura de lo que es hoy la Avenida Federalismo y la realización de un túnel que permitió que por esa vía existiera paso, primero de autobuses y después de trolebuses, que brindaron un gran servicio a la ciudad. El Gobierno de Flavio Romero de Velasco mantuvo esa red y fueron ampliadas en muchos sentidos las líneas de autobuses. Bajo la administración de Enrique Álvarez del Castillo, fue que se planeó y ejecutó la Línea Uno del Sistema del Tren Eléctrico Urbano. No la pudo terminar y fue al gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, a quien correspondió concluirla y además de ello gestionó, proyectó e impulsó la construcción de la Línea Dos dejando la Línea Tres debidamente planeada, con un proyecto aprobado que era por vía subterránea totalmente, en la misma ruta que se hizo la línea tres actual. Quedó también el proyecto de la ampliación de la línea dos del parque de la Revolución hasta la avenida Aviación.
Durante esos gobiernos se hicieron Infinidad de obras viales. Pero fue a la llegada de administraciones panistas que se dejó de avanzar. Alberto Cárdenas Jiménez no hizo prácticamente nada en materia de transporte urbano y movilidad. Francisco Ramírez Acuña se dedicó a ampliar el sistema de transporte colectivo de la zona metropolitana, porque se decía que tenía muchos intereses en esa operación de empresas de autobuses a través de prestanombres, -simplemente fue el vox populi-. Durante el Gobierno de Emilio González Márquez se realizó el famoso adefesio del Macrobús que fue un copia de un modelo que funciona quizá en Bogotá donde existen avenidas demasiado anchas en sus capitales, pero que en el caso de Jalisco fue un esperpento que vino a romper toda la estructura en la vialidad de la Calzada Independencia, con estaciones horribles e inmensas, además de costosísimas e innecesarias, pero que significaron un gran negocio para funcionarios y empresarios corruptos.
Aristóteles Sandoval tuvo la voluntad de dar continuidad a ese plan de movilidad que había quedado estancado por gobiernos azules. Sin embargo, la línea tres está desfigurada.
Pero aún cuando culmine la Línea Tres cómo se está prometiendo, no podemos soslayar que a Guadalajara le falta una gran conectividad, faltan las líneas cuatro y cinco del tren ligero, nuevos corredores de megabuses articulados ligeros de doble fuelle, siendo urgente la revisión de rutas, y retomar el sistema de digitalización de semáforos sincronizados; se hacen necesarias nuevas vías y sin duda mejorar el transporte público.
Sin duda ha habido buenas intenciones por parte de algunos gobiernos; cada nueva administración intenta descubrir el hilo negro para solucionar ese grave problema. Con bombo y platillo se anuncia cada sexenio el proyecto que librará a los tapatíos de los estragos del tráfico, la contaminación, el estrés, los malos tratos de choferes, las incomodidades y el mal servicio y todo lo que significa ya sea ser pasajero o automovilista en esta metrópoli, pero solo queda en eso, en buenas intenciones. Son variados los factores que impiden que se avance en el tema, desde la corrupción, la mala planeación, y los desgastantes enfrentamientos con sindicatos y transportistas.
En el período inmediato anterior, como una acción contundente para el mejoramiento de la calidad del transporte público en Jalisco, el Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, desde el año 2013 impulsó a petición de expertos en materia de movilidad y sociedad civil organizada, la implementación del modelo ruta-empresa, con la promesa de una alta seguridad y condiciones para transportar con mayor alcance y menor tiempo a la población de la zona metropolitana.
Entre las bondades prometidas destacaban la reducción de los tiempos de traslado; mejor y mayor atención por parte de los transportistas a los usuarios y mejores medidas de seguridad; lo cual implicaba que cualquier ciudadano podría saber a qué hora pasaría exactamente su camión, los conductores no competirían entre ellos por pasaje y se daría un salto en la calidad del servicio automático.
Pero el transporte es hoy uno más de los pendientes que heredó la administración de Sandoval Iñiguez al gobierno de Enrique Alfaro.
No hubo mejora, no se logró llevar sus proyectos a buen puerto y el resultado es que sigue siendo un servicio deficiente, caro y malo.
Antes de que Aristóteles Sandoval presentara su proyecto de ruta-empresa, su antecesor, el ex gobernador Emilio Gonzalez Márquez ya había hecho lo propio. También tuvo esa “buena intención” de solucionar el problema del transporte en Guadalajara a través de la misma figura de ruta-empresa y el resultado fue el mismo, fracasó.
En esa ocasión el titular de la “Secretaría de Vialidad y Transporte”, hoy “Secretaría de Movilidad” era Diego Monraz Villaseñor quien en la presente administración repite en el cargo pero ahora promete hacerlo bien. Si bien ha mencionado que comparar los resultados de su gestión en la administración panista con la nueva encomienda que tiene en el gobierno actual, sería impreciso, subraya que la diferencia en este nuevo intento de reordenar al transporte público en la entidad, consiste en que ahora el proyecto tiene alcances, plazos, y un marco legal que lo respaldan.
Ocurre que el lunes pasado, el Gobierno de Enrique Alfaro Ramirez, presentó su proyecto en materia de movilidad para la actual administración con la promesa de “recuperar la rectoría” del transporte público, ampliar su cobertura y mejorar el servicio que reciben sus usuarios.
“En un año, a final de 2019, habremos de tener reordenadas las rutas del transporte público, habremos de haber cumplido un programa de capacitación intensivo a los choferes de todas las unidades de transporte público y habremos de tener listo todo el modelo de pago electrónico para poder hacer el monitoreo, el direccionamiento de los subsidios focalizados y la política de transbordos que habremos de diseñar”, anunció el gobernador sobre las metas planteadas al corto plazo.
Dijo también que en cuanto finalice una serie de mejoras técnicas, y los transportistas que prestan servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara firmen una carta compromiso para sumarse al nuevo modelo, ahora denominado Mi Transporte, se podrá aplicar el incremento en el costo del pasaje avalado en agosto de 2018 por el Comité Técnico de Validación de Tarifas (9.50 pesos para la capital del estado y 10 pesos para Puerto Vallarta).
En el plan sexenal también se incluyen temas relativos a la mejora de las líneas 1 y 2 del Tren Ligero, la puesta en marcha de la línea 3 y la gestión de recursos para la línea 4 y el Peribús.
El titular de Movilidad, Diego Monraz, ha dicho tajante que “es un abismo la comparación de hace seis años a ahora”, porque esta vez sí se tienen ya las condiciones, incluido el marco legal, para llevar el proyecto a buen puerto. Aseguró que en diciembre ya se verán los primeros resultados, pero el objetivo final se alcanzará en el transcurso de la administración, así que estaremos muy atentos en el seguimiento en espera de que esta vez sí se logren avances significativos y que no se trate de nueva cuenta de solo “una buena intención.
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