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Perdida ente las muchas notas informativas de la jornada diaria, pocos repararon en la protesta que ejidatarios de El Colli realizaron hace unos días contra el ayuntamiento de Zapopan, misma que podría convertirse en una “bola de nieve” que afecte a las autoridades municipales.
Los integrantes del ejido reclaman la indemnización de 10 hectáreas que la comuna zapopana dispuso en 2009 para la ampliación de la avenida Las Torres, sin mediar un proceso expropiatorio o llegar a un acuerdo con los afectados.
La superficie de dos mil 500 metros de largo por 40 metros de ancho, forma parte de la dotación de 506 hectáreas recibidas en 1938 por el ejido y es solo una parte de las que les han arrebatado para vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara, ya que otras 14 hectáreas les fueron quitadas en 2007 para el periférico por el Gobierno del Estado con Emilio González Márquez y con Juan Sánchez Aldana en la presidencia de Zapopan.
Fue también en la administración de Sánchez Aldana cuando ocurre el despojo de las tierras para la realización de la avenida Las Torres a fines de 2009, ante lo cual los ejidatarios presentaron el juicio de amparo 1378/2009 ante el Juzgado Primero de Distrito, mismo que fue dando tumbos hasta que en 2018 la jueza que conocía la causa, se “excusó” de seguir por su cercanía con el secretario del ayuntamiento.
Fue abierto entonces el expediente 1120/2018 ante el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, quien finalmente ordenó la restitución de las tierras, pero ante la imposibilidad de cumplir con esta sentencia, se abrió un incidente de cumplimiento sustituto que incluyó avalúos y concluyó con la determinación de que el ayuntamiento tenía que pagar la indemnización.
El 18 de agosto de 2018, se emitió la orden de cumplimiento de ejecutoria a las autoridades de Zapopan y les dieron un plazo de 24 horas para cumplir con lo ordenado por el juez derivado del juicio de amparo,
Sin embargo, las “24 horas” se convirtieron en más de dos años de argucias legales para eludir el pago de la sentencia y en este tiempo el ayuntamiento ha expuesto diferentes razones para no pagar.
Por ejemplo, la tesorera presentó ante el juzgado, el desglose del presupuesto de egresos de 2020 donde acredita que tiene comprometidos los recursos para el municipio por lo que no dispone del dinero para cumplir con el ordenamiento legal.
Pero en el proyecto de presupuesto para el 2021, el ayuntamiento tampoco contempla una partida para este conflicto y por lo mismo elude los requerimientos del juez que ha pedido que se garantice el monto de la indemnización para los ejidatarios de El Colli.
En el proyecto del próximo año, figura una bolsa para cubrir “resoluciones judiciales” pero que no alcanza ni el 25 por ciento del monto que arrojó el avalúo de las tierras en litigio.
Será en las próximas dos semanas, antes que lleguen las vacaciones, cuando el ayuntamiento deberá acatar los requerimientos y demostrar que no cuenta con los recursos para efectuar el pago.
De no ser así, el juzgado segundo podría remitir actuaciones a un tribunal colegiado para que intervenga sobre el desacato y rebeldía en el que habría incurrido la autoridad municipal, al vencerse el plazo de “24 horas” (hace más de dos años) para cumplir la sentencia.
Según Ley de Amparo, el tribunal remitiría a la Suprema Corte de Justicia el caso y de proceder la sanción, el alcalde, los regidores, el síndico y la tesorera, podrían ser acreedores de una multa, destitución, inhabilitación o hasta ir a la cárcel.
