Para millones de mexicanos, la Educación Pública de calidad es quizá el único vehículo legal y genuino para salir de la pobreza, y para aspirar a un verdadero bienestar. Por ello resulta alarmante que en este sexenio la Educación sea un tema que ha estado abandonado y que ahora que se ha volteado a ver sea exclusivamente con el interés de propiciar su destrucción, de dar el empujón que faltaba para arrojar a generaciones enteras al precipicio de la ignorancia, en donde estarán condenados a vivir en la miseria sin posibilidades de revertir esa condición en la que nacieron.
“El que nace pobre y con pocas oportunidades no puede más que seguir estando pobre y sin oportunidades. La única opción para romper ese esquema es una educación pública con calidad. Y esa opción es la que se está perdiendo e impide que crucemos la calle de la desigualdad”, escribió hace unos días el periodista Jorge Fernández Menéndez, y no tiene poca razón, cuando estamos siendo observadores quasi mudos del mayor atentado en contra de la Educación en México.
Y es que, el presentar un Plan de Estudios incompleto y mal hecho para el ciclo escolar 2022-2023, solo por el afán de entregar “logros” de la secretaria saliente, Delfina Gómez Álvarez, corrobora que al presidente Andrés Manuel López Obrador lo mueven mayormente los temas políticos y el resto ocupa planos inferiores, como es el caso de la educación, siendo que sin importar las críticas y dudas que generó el nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, las autoridades lo aprobaron y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de agosto de 2022.
El nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya está vigente, aunque todavía no se diseñan los contenidos específicos para los alumnos de tercero a sexto grado de primaria.
Y las críticas prevalecen. La organización civil Mexicanos Primero, fustigó que presentar un nuevo plan de estudios a dos semanas de iniciar el ciclo escolar obstaculiza que las autoridades educativas atiendan, en primer lugar, el rezago académico que profundizó la pandemia de covid-19.
Además, será un reto implementar esta iniciativa debido a que la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez, no participó en el diseño, consideró Fernando Alcázar, director de judicialización de la organización en conferencia de prensa.
“Desde el principio, nosotros lo que hemos dicho sobre este cambio al plan y programa de estudios es que, desafortunadamente, este cambio distrae de las verdaderas crisis que necesitan una atención inmediata”, señaló.
El experto en educación dijo que las principales crisis escolares que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debería atender con urgencia son el rezago académico, el abandono escolar y las afectaciones a la salud socioemocional de las y los estudiantes, problemáticas que la pandemia de covid-19 agudizó.
Otro pendiente que requiere pronta solución es garantizar el regreso seguro a clases, pues aunque han disminuido los casos de coronavirus, la pandemia continúa.
“Los estragos de la pandemia y el encierro siguen sin ser atendidos. El rezago académico, el daño a la salud socioemocional y el abandono escolar no cuentan con diagnóstico ni con un plan de atención. Las escuelas siguen hoy sin protocolos de salud obligatorios y, en muchos casos, sin insumos para la prevención”, afirmó.
Aunque planean analizar a profundidad el nuevo plan de estudio para la educación básica que la SEP presentó el martes, Alcázar dijo que el cambio a los planes y programas de estudio y a los libros de texto se dio en un debate abstracto e ideológico, que no tomó en cuenta la participación de los docentes, ni hizo consultas previas a personas con discapacidad y a comunidades indígenas.
“Proceso, además, del cual no formó parte la nueva titular de la SEP, pero que tendrá que implementar su pilotaje en dos semanas que inicie el ciclo escolar 2022-2023. La curva de aprendizaje de ella y su equipo será muy grande, por decir lo menos”, subrayó.
“Apresuran las cosas porque la secretaria saliente (Delfina Gómez) quiere presentar logros que no realizó en su año y medio de gestión”, por eso -de entrada- este plan está incompleto, muestra improvisación, y lo más grave es que “presenta algunos elementos que pueden ser regresivos para los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes”, apuntó Fernando Ruíz, director de Investigación de Mexicanos Primero.
El especialista detalla que el nuevo plan fractura la continuidad y la coherencia pedagógica que ya se había logrado, no aclara cómo se protegerán los derechos laborales de los docentes, a quienes se les aumenta la carga administrativa que de por sí ya tienen, y tampoco contempla recursos adicionales del presupuesto para su implementación.
Las lagunas y contradicciones del plan son numerosas, denotando la prisa con la que fue elaborado para que coincidiera con las últimas acciones de la titular de la SEP, Delfina Gómez, cuyo relevo en esa dependencia ya fue anunciado por el presidente mexicano la semana pasada.
Si bien, por el momento, no desaparecerán los grados escolares, de acuerdo con las instrucciones que la SEP les está trasmitiendo en esta semana a los directivos de las escuelas, sí se implementarán nuevas fases que en realidad van a complicar tanto la labor docente como el aprendizaje de los menores.
El plan no incluye la ampliación de horarios, mantiene la cancelación de las escuelas de tiempo completo, y transfiere a los maestros la responsabilidad del diseño curricular.
“También queda indefinida la cuestión de las evaluaciones de aprendizaje”, poniendo en riesgo el derecho de los niños a contar “con una identificación clara de los avances logrados”, lamenta Ruíz.
Todo esto “agravará la pérdida de aprendizajes” que ya se padece a partir de la pandemia de Covid-19, y más grave aún es que el plan separó la educación básica de la educación media superior (bachillerato o preparatoria), cuando esta última, desde 2017, ya estaba incluida en México como parte de la educación básica.
Así, se profundiza la desigualdad que prevalece entre los niños que acuden a la educación privada y aquellos que lo hacen en la pública, lo que violenta los derechos humanos de los estudiantes con menos recursos económicos.
Adicionalmente, las autoridades educativas no han definido en cuántas escuelas regirán las nuevas medidas, pues por un lado se dice que el plan “es aplicable y obligatorio” para todo el Sistema Educativo Nacional, al mismo tiempo se menciona que en el ciclo escolar que iniciará la próxima semana se “realizará un piloteo del Plan de Estudio”.(Alto Nivel).
Fernando Alcázar, director de judicialización de la organización civil Mexicanos Primero, añadió que el gobierno federal ignora la crisis educativa actual, aunque es “una olla de presión a punto de estallar” debido a la desatención institucional.
Pero todo lo que aquí se ha mencionado no le interesa a López Obrador, quien llegó a la presidencia de este país con la promesa de “primero los pobres”, y es a los primeros que está condenando a vivir en la miseria, al privarlos de recibir las oportunidades que la vida les negó.
opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1