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Aunque en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se ha vivido un proceso express que motivó al gobierno federal a entregar cientos de millones de pesos «recuperados» para el erario público estatal y perseguir y capturar en tiempo récord al ex mandatario, en Jalisco a Emilio González Márquez le han hecho lo que el viento a Juárez.
Si bien en los expedientes contra Tomas Yarrington y Duarte asoma el delito de lavado de dinero y la creación de una red de corrupción, en Jalisco no estamos ante un delito menor al haberse manejado con completa frivolidad y desparpajo miles de millones de pesos del presupuesto.
Tan solo la contraloría estatal en tiempos de Juan José Bañuelos Guardado, estimó en siete mil 573 millones de pesos las irregularidades en 2012, pero la Auditoría Superior de la Federación también había detectado en ese año malos manejos por 860 millones de pesos.
En un informe sobre la cuenta pública 2012, la ASF encontró elementos suficientes para suponer desvíos millonarios de recursos en las áreas sobre todo del sector salud que derivaron en 21 denuncias de hechos presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Ese año la Auditoría Superior presentó más de 140 denuncias por desvíos que rebasaron los cuatro mil millones de pesos de los cuales Jalisco acumulaba casi el 20 por ciento.
El presunto manejo irregular o posible desvío, proviene de los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno de Jalisco, específicamente por haber utilizado recursos del Seguro Popular en conceptos no autorizados por estos programas.
Entre las fallas más lamentables del manejo de los recursos, figuran gastos sin contar con los comprobantes que justificaran los egresos. En el último año de Emilio, en 2012, destacan 713 millones de pesos de servicios de subrogación sin comprobantes de por medio.
También existe el caso documentado de compra de ambulancias donadas a la Cruz Roja y a varios municipios, para los cual se dispuso de más de 75 millones de pesos del Seguro Popular, cuando el programa no contempla este tipo de transacciones.
Además en las cuentas observadas por la ASF, figuran pagos por más de seis millones de pesos a un particular sin justificar la compra; aparecen también cheques librados para once particulares con montos diversos también sin comprobar los gastos.
En el rosario de anomalías, figuran pagos de asesorías sin justificación alguna y pago de atenciones fantasmas que a diferencia de los gastos sin comprobar, aquí se presentaron las facturas pero nunca se prestó el servicio.
Entre los absurdos, hay casos de hombres sometidos a cirugías para extracción de la matriz.
Por las irregularidades de más de siete mil millones de pesos, se han presentado al menos tres denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado; mientras que en el ámbito federal, suman 21 las denuncias presentadas ante la PGR.
Sin embargo, pese a las auditorías locales y federales practicadas y a diferencia de lo que sucedió con Duarte en Veracruz, suman casi cinco años del actual gobierno priista sin que se llame a cuentas al ex gobernador ni figura en las carpetas de investigación.
Obra pública, pagos millonarios sin comprobantes, desvío de recursos públicos para los juegos panamericanos, además de numerosas leyes locales y federales atropelladas por ejemplo con las Villas Panamericanas, son el más claro ejemplo de la impunidad que se padece en Jalisco.
El problema es que Peña Nieto no elogió a Emilio en campaña (como lo hizo con Duarte) para tener que rectificar ahora con todo el peso del estado.
