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El Proyecto Ejecutivo de la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que figura en su portal de internet, es un auténtico misterio.
Varios apartados del proyecto aparecen sin anexos y en otros las láminas que deberían explicar los detalles como el Proyecto Definitivo de Material Rodante, aparecen en negro 385 de las 396 páginas; o el Programa de Desvío del Tráfico Durante la Obra, con 33 de las 43 páginas en negro.
Pero hay un caso misterioso que supera la página de internet de la SCT en torno a la que es considerada la mayor inversión en materia de transporte en la historia de Jalisco.
Se trata de un par de contratos que fueron celebrados por el Gobierno del Estado con la empresa Personal Temporal Administrativo, S.A. de C.V. para “socializar” las obras de la Línea 3, con los vecinos de las colonias por donde cruzará el trazo de 21.5 kilómetros y 18 estaciones.
Registrada en el Padrón de Proveedores del Estado con número P23814, la compañía firmó el contrato 48/14 el once de abril de 2014 con el gobierno estatal por un monto de cuatro millones 499 mil 640 pesos, para “desarrollar e implementar diversas técnicas de la comunicación estratégica y asertiva entre el Gobierno del Estado y la sociedad jalisciense que permitan conocer el rumbo y aplicación de los programas sociales implementados por el Gobierno del Estado”.
El contrato fue firmado por el entonces Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Salvador González Reséndiz; así como por Juan Antonio Briseño Esparza, en su calidad de representante legal de Personal Temporal Administrativo, S.A. de C.V.
El contrato, que figura en el portal de la SEPAF, establece que los pagos serán en tres parcialidades, la primera a los 15 días naturales a partir de la firma del documento por un monto de un millón 740 mil pesos.
La segunda entrega un mes después por un millón 379 mil 820 pesos y por último el tercer pago por un millón 379 mil 820 pesos, contra entrega de los servicios.
El contrato que aparece en el portal, no incluye las cláusulas cuarta y quinta que detalla el tipo de servicio contratado; así como las cláusulas décima cuarta y décimo quinta.
Poco más de cuatro meses después, el 22 de agosto de 2014, la empresa recibe otro contrato, el 322/14, con el gobierno estatal por exactamente el mismo monto de abril del 2014 por cuatro millones 499 mil 640 pesos.
El documento tiene por objeto que el proveedor dé “continuidad a los programas de comunicación activa y efectiva entre el Gobierno del Estado y la ciudadanía, aplicando y ejecutando diversas técnicas sociales”.
El monto establece el mismo pago en tres parcialidades que el contrato anterior, la primera parte de un millón 740 mil pesos, la segunda entrega por un millón 379 mil 820 pesos y por último el tercer pago por un millón 379 mil 820 pesos, todos 20 días después de la entrega de los servicios.
La vigencia del documento era a partir del 22 de agosto de 2014 y hasta el 22 de noviembre de 2014, es decir, tres meses. De abril a noviembre de ese año, la empresa Personal Temporal Administrativo, S.A. de C.V. recibiría ocho millones 999 mil 280 pesos.
Sin embargo, los trabajos que justifiquen la inversión por casi nueve millones de pesos no aparecen por ningún lado. Ni en las páginas del gobierno estatal, ni en las colonias donde supuestamente se hizo la “socialización de la obra”.
Y pese a esto, todavía en septiembre de 2016, la mencionada empresa reclamaba un pago pendiente por más de un millón y medio de pesos, que también permanecían en el limbo por el cambio de subsecretario de administración.
