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Sin duda, hablaría muy bien de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal (SFP), que por iniciativa propia emprendiera investigaciones para establecer la posible responsabilidad de Grupo México por actividades que realiza con afectaciones al hábitat y provocan severos daños en la salud de poblaciones en diversas regiones del país especialmente en Sonora, o para dictaminar posibles sanciones por acciones polémicas y tachadas de turbias del programa «A Toda Máquina», y no se limitara únicamente a dar seguimiento a temas cuando es inexorable o imperativo sean revisados, sea porque la opinión pública los ventila o agrupaciones civiles lo demandan, como fue el caso de los señalamientos de presuntos ilicitudes que se indagan al ex Delegado para los Programas Federales de Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.
Se sabe que Grupo México ha tenido 22 “accidentes” de derrame de químicos en los últimos 20 años provocando excesiva contaminación envenenando aguas y tierras con consecuencias fatales, como ocurrió el pasado 10 de julio tras verter 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, “uno de los mares de mayor biodiversidad del mundo y cuna de la vaquita marina”, como se señala en una carta firmada por 400 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, académicos y artistas de México y América Latina, que la semana pasada dirigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir se ponga un alto a la trasnacional Grupo México, del empresario German Larrea.
Tras este tipo de presión por parte de la sociedad civil organizada, es de esperar que de inmediato se instruya a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval que inicie la respectiva investigación, aún cuando es históricamente conocido el daño que Grupo México ha causado en la zona y no se ha hecho nada por detenerlo.
En lo que se refiere al programa “A Toda Máquina”, como ya se ha mencionado en otras ocasiones se trata de un programa multimillonario (3 mil 674 millones de pesos) para arrendamiento de maquinaria que entregó el Gobierno de Jalisco a un empresario amigo del gobernador Enrique Alfaro Ramìrez, del que investigaciones periodísticas han revelado serias inconsistencias, conflicto de intereses, sobre precios, favoritismos, y triquiñuelas para beneficiar a la empresa Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V. propiedad del empresario Guillermo Romo, quien acompañó al gobernador a presenciar un partido de básquetbol de Los Lakers, en la mejor zona del Staples Center.
Por esta licitación presuntamente amañada, se presentaron un par de denuncias en el ámbito local, pero ante el nulo avance de las investigaciones, ademas de la presunción de hechos constitutivos de delito con repercusiones al erario federal, los diputados jaliscienses del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acudieron en días pasados a la Ciudad de México para presentar una denuncia en contra del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y otros funcionarios ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Es lo deseable que también respecto a este tema se instruya a la SFP iniciar de inmediato las averiguaciones correspondientes, aunque una vez más se tenga que actuar por presiones y no por iniciativa propia como sería lo más correcto, sin menoscabo de que se enviaría una señal muy favorable que permitiría a los ciudadanos devolver el crédito y la confianza en las instituciones.
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