Los despachos que pretenden hacer cobros extrajudiciales aprovechando la abultada cartera vencida en México y la ignorancia de los ciudadanos en materia de leyes para defenderse, rayan en lo absurdo.
Uno de estos negocios envió una carta a un tarjetahabiente moroso donde le advierte que la tarde del lunes 24 de abril de 2017, “se ejecutará un procedimiento especial de cobranza en este domicilio”.
Luego aclara que “cuando usted adquirió su crédito con Credomatic, firmó un contrato de adhesión, mismo que nos sirvió de base para obtener una orden de cobro”.
En el documento, el despacho comienza con la amenaza para el cliente bancario: “recuerde que la ley y el contrato que usted firmó, nos ampara para ejecutar una diligencia de embargo en el que podrían acudir a su domicilio un flete, cargadores, un actuario, policías y un cerrajero”.
En un arranque de prudencia y ternura, el abogado firmante de la misiva, agrega que a la diligencia, acudiría “un médico que cuide la salud de los habitantes del domicilio durante su ejecución”.
Si bien muestran preocupación por la salud de los señalados, no parece importarles el qué dirán, ya que más adelante explican que los elementos de seguridad “procederán a cerrar la circulación de la calle y cuidarán el orden, en tanto el cerrajero procederá a abrir el domicilio con ayuda del secretario ejecutor”.
Para garantizar el pago reclamado, detallan que los cargadores procederán a subir al flete los bienes muebles que garanticen tres veces su adeudo y ejemplifican que cargarán con “computadoras, electrónica (sic) o muebles del hogar”, los que serán etiquetados y depositados en una bodega.
Y sigue la amenaza, ya que menciona que si alguien se llegara a oponer a la práctica de este embargo, “se puede aplicar una medida de apremio”.
Después sigue la extorsión ya que menciona que para recuperar los bienes deberá pagar el adeudo total de 80 mil pesos, así como siete mil pesos de gastos de ejecución; pero si acepta pagar ocho mil pesos antes de la ejecución del embargo, se considerará cubierto el adeudo.
Como el caso descrito, miles de cartas de cobranza extrajudicial sorprenden a los habitantes de la zona metropolitana sin que exista una autoridad que los oriente o los respalde.
El senado recientemente aprobó reformas al artículo 284 bis del Código Penal Federal, que establece sanciones para quienes realicen prácticas de acoso en la cobranza de hasta seis años de prisión y multas de 50 mil a 300 mil pesos.
En 2015 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), creó el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) y en ese mismo año acumuló 18 mil 544 quejas.
Según el organismo, los bancos con más quejas recibidas son Santander, Banamex, BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte, Scotiabank Inverlat, HSBC, Banco Azteca y Banco Ahorro Famsa.
Los despachos con más reclamos: Muñoz y Asociados S.A. de C.V., Servicios Técnicos de Cobranza S.A. de C.V. y Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada S.A. de C.V.
Hasta marzo de 2017, la Condusef había aplicado mil 418 multas por 44.3 millones de pesos a instituciones financieras por abusos cometidos contra los usuarios.
Independientemente de las sanciones aprobadas por el senado, los abusos de despachos de cobros extrajudiciales ya constituían los delitos de amenazas y extorsiones hacia los ciudadanos, pero no ameritó de la Fiscalía General del Estado una campaña de orientación o una mesa especial para atender estos atropellos.
Atención a estos temas sensibles le darían al fiscal Eduardo Almaguer mayores puntos, que todos los molinos color naranja que pretenda enfrentar.