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Es una pena. Las organizaciones empresariales en Jalisco, desde hace cuando menos unos quince años, perdieron dos componentes fundamentales de frente al poder público: dignidad y representatividad.
La dignidad se fue cuando la subsistencia de muchos organismos comenzó a depender, en gran medida, del apoyo financiero de los gobiernos municipales, estatal y federal, con el pretexto de aplicar y poner en marcha programas y proyectos “productivos” en beneficio de sus agremiados.
Con ello, su representatividad comenzó a menguarse con el avance de los gobiernos. Es así que con el paso de los años (hoy más que nunca), la independencia de este sector se diluyó cuando más de un “líder” inició el lustrado de los zapatos del mandatario estatal en turno.
El resultado de lo antes escrito, es que los gobernantes han dispuesto, disponen y –por lo visto-, dispondrán, de la voluntad de un buen número de dirigentes camarales, empresariales e industriales del Estado.
En un contexto como el que describo, por eso no es casual que el pasado viernes 23 de noviembre haya nacido el Consejo Estatal de Empresarios de Jalisco (CEEJ), con una membresía y representatividad mucho mayor que algunas cámaras y entes empresariales que se ostentan de manera pomposa pero ya insostenible, como “cúpulas”.
La premisa fundamental de esta nueva asociación se basa en constituir una amplia red de negocios entre sus socios y quienes no lo son, a fin de inhibir la vergonzante práctica de arrodillarse ante los pies de cualquier gobierno.
Salvo el caso de la Canaco Guadalajara -hoy dignamente presidida por Xavier Orendáin de Obeso-, en la actualidad habría que evaluar el papel de las dirigencias de otros organismos frente a los desafíos que Jalisco y el país entero enfrentarán. Y es que a menos de que Masayi González Uyeda logre encabezar los esfuerzos del CCIJ, la realidad es que la iniciativa privada de Jalisco corre el riego de continuar su declive moral y descomposición ética.
Sumidos en la práctica de chismes, difamaciones, protagonismos patéticos y simulaciones fútiles, la IP en la entidad, en lo general, terminó por convertirse en una marioneta del poder gubernamental. Mientras que hubo quien hizo “negocios” con delegaciones federales como la de Economía (que de seguro muy pronto se harán del conocimiento público), hay los que, mientras que por un lado lamen el suelo por el que caminará Enrique Alfaro, por el otro también sacuden con las manos –a escondidas, según ellos, para que nadie se entere- el polvo de la banqueta por la que andará Carlos Lomelí.
Seamos francos y digamos las cosas como son: ciertos dirigentes juegan en dos o más canchas para salvaguardar sus intereses personales, no los de sus representados. Ese es el quid del asunto que debe exponerse y revisarse con seriedad.
Si el gremio empresarial de Jalisco quiere recobrar la credibilidad que tuvo en otra época, primero tiene que recuperar el espacio perdido de frente al poder público, y para ello, debe admitir su tremenda dependencia económica de los gobiernos para renovar sus criterios de operación.
Pero más aún. Habrá que preguntarse por qué mientras suscriben e impulsan políticas públicas anticorrupción, por ejemplo, hacen mutis ante los severos señalamientos y serias sospechas de corrupción en las que están inmiscuidos líderes y ex líderes empresariales, alcaldes, delegados federales o funcionarios públicos estatales. ¿Cobardía? ¿Conveniencia? ¿Complicidad? ¿Hipocresía? ¿Simulación?
Me parece pues, que el desafío consiste enhacer una depuración de los liderazgos empresariales de Jalisco y también una valoración sobre la conducta que prevalece en el sector, ello con el firme propósito de retomar los principios básicos de la integridad, el respeto, pero sobre todo, del honor.
