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Se veía venir y qué bueno. Llegó la hora de rendir cuentas a los órganos responsables de garantizar la transparencia en el país.
Esto es una muy buena noticia, pues hay evidencia suficiente -por decir lo menos- como para sospechar de que ciertas prácticas, procesos y conductas que se dan tanto en el seno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), no corresponden a la misión por la cual fueron creados.
Primero, fue el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 2 de octubre, ante los integrantes del Comité del 68, se pronunció a favor de evaluar si vale la pena crear órganos donde haya burócratas con altos ingresos.
“No se trata de estar nada más creando aparatos burocráticos, gastando el dinero del pueblo, en mantener a burócratas de altos vuelos, a la burocracia dorada; ya eso se va a terminar”, dijo. Y abundó: “Ahí tienen ustedes ejemplos como el Instituto de la Transparencia: ganan como 250 mil pesos mensuales los consejeros y ¿qué han hecho desde que se fundó ese Instituto? ¿Han evitado la corrupción en México? ¡Nada! ¡Al contrario!”.
López Obrador criticó que el Inai ha mantenido en reserva información sobre casos relevantes que han afectado al país.
“Cuando se fundó ese Instituto decidieron que iban a mantener en secreto todo lo que se le condonó de impuestos a los grandes contribuyentes y, hace poco, ese mismo Instituto de la Transparencia, resolvió mantener en secreto el caso Odebrecht. Entonces, ya no más farsa, ya no más simulación”.
Después, en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, el 5 de octubre, quien será secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que el próximo gobierno hará una profunda revisión de las instituciones de transparencia y rendición de cuentas en México para evitar dispendios y duplicidades.
Y es que –según expresó- estos organismos sólo han atendido la forma y no el fondo de lo relativo a la transparencia, rendición de cuentas y auditoría.
Respecto a este tema, la semana anterior escribí en este espacio que no es lo mismo acceso a la información, que acceder a información de calidad que transparente los recursos y funciones públicas.
“Lo importante no es publicar en un portal la información derivada del uso de los recursos públicos, sino que resulta fundamental poner a disposición de la sociedad en general la información que le permita saber si fue o no pertinente tal o cual gasto ejercido”, afirmé.
Y es que no se necesita más que mirar con atención los escandalosos casos de corrupción que se dan a lo largo y ancho de la nación, incluido Jalisco, para darse cuenta que debido al marco legal y, en especial el proceder de muchos de los comisionados responsables de los llamados órganos garantes, que estas instituciones son un fracaso.
Por eso resulta pertinente analizar con objetividad la conveniencia de emprender una reforma que detenga el derroche de los recursos financieros en entes burocratizados, que sólo han servido como aparador mediático para quienes en realidad sólo buscan satisfacer apetitos egocéntricos y crear acuerdos y vínculos indecibles con actores del poder público.
En esta tesitura, es que el Inai y el Itei se convirtieron en una extensión de la burocracia dorada, cuyos protagonistas, buscan utilizar como trampolín para saltar a la elite donde la complicidad y el contubernio abren la puerta para acceder a las grandes fortunas personales.
Ahora bien, seamos francos, es cierto que se ha avanzado en materia de transparencia, pero ello no significa que estemos mejor que antes; la “ciudadanización” de este tipo de órganos, en los hechos, no ha sido más que una muy lamentable simulación.
En ese sentido, muchos coincidimos con lo dicho por Olga Sánchez, quien afirmó: “Se aprueban leyes que parecen traslapar las responsabilidades de funcionarios públicos, se validan las malas prácticas, porque como los procesos están ciudadanizados, el gobierno diluye su responsabilidad directa y el problema se agrava dado que estas estrategias representan, obviamente, costos presupuestarios”.
Para terminar, y en virtud de que López Obrador tendrá un salario de 102 mil pesos al mes, no está de más recordar cuánto ganan los comisionados del Inai y el Itei. En el primer caso, según su portal de transparencia, el ingreso bruto es de 194 mil 708 pesos mensuales; mientras que en Jalisco, alcanzan los 94 mil 699 pesos, con un aguinaldo anual de 189 mil 902 pesos.
¡Chulada!
