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El Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) debe ser auditado de forma integral y urgente. Sus oficinas despiden un tufo repulsivo. Apesta a sospecha de corrupción y a una tremenda ineficacia que resulta insoportable para muchas zonas del área metropolitana.
Según su portal, es “el componente técnico que prioriza el desarrollo sustentable, la planeación y coordinación metropolitana. Consulta los acuerdos tomados dentro de las instancias de coordinación metropolitana, así como los indicadores que miden el avance de la metrópoli”. Nada más incongruente si lo cotejamos con sus resultados y la realidad.
Hoy, este “componente técnico” es un problema más. Se trata de un promotor opaco del trazo y construcción de ciclovías en espacios inadecuados que sólo inhiben, en muchísimos casos, el desarrollo económico e incrementan la polución debido al estrechamiento de las avenidas por las que circulan el transporte público y privado.
Y si de los bolardos hablamos, basta con revisar su colocación absurda en un sinnúmero de esquinas, que además de provocar accidentes a los conductores, impiden el caminar seguro de los peatones y personas con alguna discapacidad. Para confirmarlo, no se necesita ser experto en materia de vialidad ni medio ambiente, es suficiente con hacer uso del pensamiento lógico y atender la evidencia en las calles.
Si revisamos la historia de este ocurrente organismo, siempre genera conflicto e inconformidad en el ánimo de la gente. Decenas de colonias y comercios padecen las obras impulsadas e impuestas por “expertos” en políticas de vanguardia que al final atentan contra el bienestar y progreso de los habitantes.
Por supuesto que Guadalajara, entendida como la integración de los municipios metropolitanos, merece y requiere rutas para los ciclistas; pero esto no significa que para alcanzar el objetivo se tengan que infartar las arterias viales en favor de un mejor convivio colectivo.
La semana que recién concluyó, se escribió otro capítulo en el que Imeplan figura de nuevo como protagonista. Los alcaldes de Zapopan y Tlajomulco, Juan José Frangie y Salvador Zamora, respectivamente, en el marco de la sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana, cuestionaron la capacidad de la Policía Vial y coincidieron en que su presencia no se mira ni se siente.
Sobre el particular, ambos tienen toda la razón. Por un lado, Frangie argumentó: “Yo no veo que exista la Policía Vial. Recuerdo a la Policía Vial como una autoridad que en cruceros conflictivos siempre estaba. Había muchas veces mucha mayor presencia de la Policía Vial que las policías metropolitanas y yo, para mí, está desaparecida totalmente. No sé cuál haya sido la política del gobierno estatal, yo apoyo; habría que hacer una reestructura porque no se ven por ningún lado”.
En tanto, Zamora insistió en lo apremiante que es hacer valer el reglamento que condiciona el tránsito de camiones de carga pesada, sobre todo en el sur. “Donde tenemos que poner mucha atención, y eso se lo dejaría yo al ejecutivo, es que se pueda vigilar que se aplique la restricción actual que tiene vigencia porque hay un relajamiento prácticamente en dos años que tiene la implementación de esta medida, quien es responsable de vigilar que se cumpla. Me parece que en ese sentido hemos quedado mucho a deber”, comentó.
Al respecto, hay dos temas centrales: uno, que en teoría desde el 1 de enero del 2020 las unidades de carga pesada no pueden entrar a la ciudad de las 6:00 a las 9:00 horas, algo que ninguna autoridad hace cumplir; y dos, que ni siquiera existen señalamientos del horario de restricción en los puntos de ingreso.
Claro que el reordenamiento de la Policía Vial es un asunto complejo, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que las policías armadas dependen de la Secretaría de Seguridad. En esta tesitura, el otrora luchador social y ahora distinguido miembro de la opulenta burocracia, Mario Silva Rodríguez, titular del Imeplan, se pronunció de modo acertado: “No es un asunto de decir lo quito aquí y lo pongo acá. Si legalmente hay un fallo de la Corte que establece que mientras estén armadas las policías tienen que estar en esas condiciones, ahí hay una discusión”.
Sin embargo, eso no es pretexto para ignorar o demeritar el reclamo de los presidentes municipales y de miles de automovilistas que ven afectados sus desplazamientos por la descarada ausencia de agentes al momento de un choque laminero o la realización de un evento masivo.
Así pues, soy de los que opina que el Imeplan, como órgano coadyuvante, tiene que rendir cuentas de manera inmediata. Hay que hurgar en las entrañas de su operación y en el fondo del manejo de su presupuesto para conocer quién o quiénes podrían estar detrás de la versión –cada vez más pública y extendida– de que los estudios, planes, ciclovías y bolardos, más que instrumentos técnicos y soluciones de movilidad, se habrían convertido en un suculento negocio.
@oscarabrego111
