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A la memoria de Héctor García Lugo
Por Carlos Martínez Macías
El gobernador en su cuarto informe insistió en que hay a quienes no les gustan las cifras, los datos. Pues en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), hubo algunos a los que no les gustaron.
En el cuarto informe, se presume que en 2022, el presupuesto anual fue de 363.2 millones de pesos, lo que significa un aumento de 103 por ciento con respecto a 2018.
Pero personal del instituto se muestra sorprendido con el abultado presupuesto pues no se refleja en las instalaciones. Por ejemplo, existe un comedor que utilizaban los empleados que ya no pueden utilizar por su deterioro y compartieron a este columnista las fotografías del mismo. Los techos están rotos, el horno no sirve y los trabajadores deben comer en sus respectivas áreas.
No importa que los peritos tomen sus alimentos en sus oficinas donde existe exposición a contaminación biológica por las evidencias que procesan, además de que el edificio está “a reventar de cadáveres”.
Otras imágenes enviadas a quien esto escribe, exhiben cuerpos en el piso, restos en mesas y tarjas que se tapan constantemente. Revelan que la semana pasada, tuvieron una visita en el anfiteatro y los cadáveres fueron cubiertos con sábanas.
El apartado documental del Cuarto Informe, detalla que en 2022 contrataron 52 personas, entre otras, 2 para radiología, 4 para antropología, 7 para medicina y 8 para tareas administrativas (más que en otras áreas técnicas).
Pero fuentes del mismo IJCF señalan que los supuestos peritos contratados son los mismos que mueven de un área a otra.
En el anexo del informe, se da cuenta que se adquirieron en el año 14 vehículos, 7 tipo pick up y 7 sedán. Sin embargo, la mayoría de las unidades están en lamentables condiciones por lo que el personal tiene temor a utilizarlas. Aseguran que es más grande el parque vehicular que no funciona que el que está en condiciones de usarse y que las nuevas unidades fueron puestas a disposición de solo un área.
Las personas fallecidas sin identificar también figuran en el informe. De acuerdo con estos datos, desde 2018 y hasta 2022, suman 2 mil 469 cuerpos que no han sido identificados. También destaca el número de 4 mil 283 segmentos humanos, mismos que permanecen en cámaras refrigeradas y los más recientes todavía en planchas envueltos en plásticos rojos.
Entre las cifras, figura el número de confrontas positivas entre personas fallecidas sin identificar y familiares. En este rubro fueron apenas 308 en 2022, lo que significa un promedio de menos de una por día a lo largo del año, situación que genera malestar a las mujeres víctimas de desaparecidos que semana a semana se reúnen frente a las instalaciones del ICJF para exigir más pruebas de este tipo para identificar a sus seres queridos.
Por cierto, peritos confiaron una anécdota que parece increíble. Los empleados colocaron mantas afuera del instituto para manifestar que trabajaban bajo protesta por las pésimas condiciones laborales. Los directivos ordenaron retirar los letreros y los enviaron a analizar en busca de huellas digitales de los responsables de las protestas.
Es decir que utilizaron los equipos de ciencias forenses para buscar a los autores de la protesta en lugar de atender las razones del malestar de los empleados.
Pero no encontraron a los culpables.
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Me sorprendió y dolió la muerte de Héctor García Lugo, un gran amigo. Fundador del periódico El Sol, Siempre Libres, del que fui director, fue un tipo audaz y me reconozco culpable de haberle mostrado el camino hacia sus dos pasiones: Puerto Vallarta y el periodismo.
Recordaré la cobertura periodística donde nos tocó coincidir en el conflicto zapatista en Chiapas y las tardes de pesca en Boca de Tomates, acompañados de una hielera bien servida.
A Caty, Adriana, Paola y Hectorín, un abrazo afectuoso y solidario.
