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Lastimosos relatos de madres de desaparecidos, son la más clara muestra de la grave crisis que enfrenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF): no les entregan algunos cuerpos, porque todavía “no los completan”.
Identificados por algún tatuaje o de plano por algún familiar, no pueden ser entregados porque el fallecido fue desmembrado y no han encontrado el brazo, la pierna o hasta la cabeza.
Al delicado problema de unos dos mil 500 cadáveres que rebasan ya la capacidad de resguardo del instituto, se suman también los miles de restos que en bolsas negras y otros compartimientos, se apilan en pasillos y amenazan con convertirse en un severo foco de infección.
Además de los malos olores que comienzan a escaparse de distintos puntos del organismo, empieza a fluir también la información referente a los rezagos que padece el instituto y que incluyen unos 20 mil dictámenes pendientes en genética para tomar las muestras de ADN en los restos humanos.
La inusitada carga de trabajo de los últimos años, ha llevado a colapsar los servicios y hoy se requiere contratar un ejército de médicos forenses, peritos en antropología, en química, en criminalística, en informática y en otras tantas disciplinas que forman parte de las pesadas encomiendas que debe realiza el IJCF.
Hasta hace unos años, llegó a acumular 336 peritos y todavía requería de otros 200 más para atender las labores que son requeridas por la Fiscalía del Estado.
Sin embargo, en los últimos tres años se ha dado un fuerte recorte de personal especializado con el argumento de ahorrar recursos, pese a que esto significaba desmantelar un buen equipo que se había integrado y donde algunos peritos en criminalística fueron certificados por Estados Unidos luego de la capacitación recibida por el FBI.
Uno de estos peritos fue enviado a Singapur a recibir cursos de actualización en investigación criminal, servicios que fueron cubiertos por la embajada norteamericana.
El rezago y acumulación de restos de cuerpos en el instituto provino de la escandalosa proliferación de fosas clandestinas en Jalisco, pero también por equivocadas disposiciones dictadas durante la gestión de Macedonio Tamez Guajardo, coordinador de seguridad en el estado.
En ese tiempo, se giraron instrucciones a los peritos para que solamente se tomaran muestras de ADN del tronco y la cabeza, pero no del resto de fragmentos humanos encontrados en bolsas negras en decenas de fosas.
La explicación fue que de esta manera bajaban los costos, pese a que por protocolo forense cada resto del fallecido requiere de una prueba genética aparte.
Fue por esta circunstancia que se llegaron a dar casos de cuerpos que fueron entregados a familiares pese a que algunas partes no pertenecían al individuo reportado como desaparecido.
Ahora la más reciente crisis del IJCF tiene que ver con las autopsias. Son tantas las que hay que realizar cada día y tan escaso el personal, que a los familiares les entregan el cuerpo cuatro o cinco días después del fallecimiento.
Esto ha propiciado una cadena de corrupción. Hace unos días, a una persona le pidieron que pagara cinco mil pesos para agilizar la autopsia y de esta manera evitarle la espera de varios días para recibir el cuerpo de su familiar.
