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Distraído todo mundo con la pandemia del coronavirus, pocos han reparado en la nueva crisis que enfrenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) donde la acumulación de cadáveres es de tal magnitud, que no se necesitarían dos (como en 2018) sino tres tráileres frigoríficos para almacenar los cuerpos.
De acuerdo con fuentes del mismo instituto, habría ya mil 600 resguardados en las atiborradas cámaras supuestamente con capacidad solo para mil fallecidos, por lo que decenas de éstos serían colocados en sitios no acondicionados para su conservación.
Hace dos años cuando fue ventilada la crisis que desbordaba la capacidad del IJCF, el fiscal central acudió a las instalaciones para confirmar cómo en un cuarto sin refrigeración alguna, estaban los cuerpos que ya habían superado la capacidad de las cámaras de refrigeración y en su descomposición taponeaban incluso el drenaje del lugar.
Los fétidos olores inundaban oficinas y hacían insoportable la jornada laboral de peritos y el resto del personal administrativo.
Los cuerpos, que eran responsabilidad de la Fiscalía y no del instituto que únicamente estaba obligado a efectuar los peritajes, terminaron almacenados en dos tráileres en una historia que fue motivo de escándalo internacional.
Sin embargo, más allá de la estridente cobertura informativa que llevó a bautizarlos como “los tráileres de la muerte”, no se tomaron acciones efectivas para resolver el fondo del problema.
Es decir, no era construir más contenedores refrigerados para recibir más muertos, sino acotar la violencia en Jalisco que se mantiene al mismo ritmo de hace dos años con 8 homicidios violentos en promedio por día.
El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, reveló que tan solo de enero a mayo de 2020 se encontraron 215 cuerpos en fosas clandestinas y actualmente existen varias fosas en las que continúan los trabajos para rescatar más restos humanos.
A estas habrían que sumarse otras fosas de otros municipios de Jalisco y los asesinatos que también terminan siendo materia de peritaje en las instalaciones centrales.
El motivo de la acumulación de personas fallecidas en el IJCF, parece deberse primero al cúmulo de cadáveres que llegan todos los días, a la carencia de personal para los dictámenes de genética pendientes de concluir y a la falta de espacio en los panteones para que una vez que se haya cumplido con las fichas de cada cuerpo y cuando éste no fuera reclamado, proceder a su inhumación como lo establece la ley.
Que se haya difundido, los últimos espacios adquiridos en los cementerios fueron 400 criptas en el municipio de Guadalajara y 200 más en El Salto, mismos que ya fueron utilizados.
El trabajo para los especialistas en medicina forense se acumula también en las pruebas de ADN que por ley están obligados a hacer en cada miembro, cada resto encontrado en las fosas.
Cuando Macedonio Tamez Guajardo era el coordinador de seguridad y dependía de él la operación del IJCF, hubo la instrucción de solo hacer pruebas genéticas a cabeza y tronco y no al resto de los miembros encontrados por ejemplo en las 138 bolsas del bosque de La Primavera.
Es por eso que entregaron cuerpos de mujer con piernas de hombre y una mujer hasta presentó una denuncia porque el cuerpo que le entregaron de su hijo, tenía una cabeza distinta.
Toda esta nueva crisis de cuerpos y el peregrinar de familiares de desaparecidos en el instituto, parece pasar de noche para la Comisión Estatal de Derechos Humanos…
De lo que sucede con familiares de desaparecidos, peritos, jornadas laborales, expedientes, litigios perdidos, certificaciones y hasta la herencia del Chino López, será motivo de una futura entrega.
