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En una nota firmada por Liliana Navarro, publicada en el diario Mural el 30 de enero, consta que la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Aimeé Figueroa Neri, no sólo admitió que devengará un sueldo neto de 109 mil 148 pesos mensuales, sino que defendió este cobro de dinero público con el argumento de que se basa en el tabulador salarial del año pasado.
Pero fue más allá, en la precitada información, sostuvo que si se hubiera basado en lo que marca el tabulador de este año, pudo haber cobrado más de 121 mil pesos netos al mes, sin embargo no lo hizo para ajustarse a las medidas de austeridad: es decir, nos hizo el favor de sacrificarse y sólo cobrar lo mismo que el presidente de la república.
De cualquier manera, esta funcionaria contará con diversas prestaciones, entre las que sobresalen todas las relativas a la ley en materia laboral, seguridad social, despensa y transporte.
Este caso es comparable con el insultante y ventajoso incremento salarial, de más del 70 por ciento con respecto a su antecesor, que la junta de gobierno del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) otorgó a su nuevo director, Augusto Valencia López, quien –hasta el momento en que redacto esta columna- no ha dado marcha atrás a un salario bruto anual de 1 millón 810 mil pesos, cantidad que integra prestaciones como despensa, prima vacacional, fondo de pensiones y otras más como ayuda para el transporte.
Ahora bien, en lo concerniente a Figueroa Neri, bien vale la pena saber –y que se haga del conocimiento público- cuáles fueron los criterios para definir sus emolumentos; en lo personal no me asusta ni ofende que un empleado de gobierno gane bien, más cuando se habla de actividades que implican riesgos y altas responsabilidades, cosa que no advierto cuando nos referimos a un ente del que por ahora sólo se espera que cumpla con sus tareas sustantivas.
Del Sistema Estatal Anticorrupción no hay nada; lo único que conocemos es que le fue aprobado un presupuesto para este año de más de 50 millones de pesos, de los cuales, 70 por ciento se destinará al pago de nómina: demasiado dinero para una entidad cuya presencia ha sido meramente testimonial y simbólica. Por cantidades bastante menores, políticos, reporteros y miembros de la llamada sociedad civil han puesto el grito en el cielo. Resulta curioso pues, el silencio que hoy guardan los opinantes consuetudinarios ante la asignación de un presupuesto muy superior al del Instituto Jalisciense de las Mujeres o el IJAS, organismos que ya pasaron por la guadaña gubernamental, debido a la falta de pertinencia y una supuesta ineficacia.
Así las cosas, ambos ejemplos, son de mucha valía cuando tratamos de explicarnos y comprender la metamorfosis que experimentan ciertos personajes cuando arriban a posiciones que les facilitan saciar apetitos financieros que en el ámbito privado jamás lograrían.
A lo anterior, quiero agregar un par de preguntas: ¿aquellas organizaciones de la sociedad civil, empresariales y “líderes de opinión” que participaron en la creación del SEA, avalan que la titular de la secretaría ejecutiva tenga un sueldo mensual neto mayor al del gobernador? ¿Quién, del poder ejecutivo o legislativo, solicitará de manera pública y formal, que estos dos funcionarios se apeguen a los criterios de austeridad que exigen los nuevos tiempos y dejen de justificar estos excesos con base en lo que les permite la ley?
No existe coherencia entre la función de combatir la corrupción y esgrimir excusas legaloides para evadir el cumplimiento de la Constitución.
Congruencia, decencia y resultados son los mínimos que se esperan del SEA y el IIEG, porque hasta el momento sólo hay descaro y ambición desmedida.
