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Durante el anuncio de una inversión multimillonaria por 12 mil millones de pesos para ampliar el aeropuerto de Guadalajara (incluida la construcción de una segunda terminal y otra pista), el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reveló que utilizarían los terrenos del ejido Santa Cruz del Valle por los que habían pagado 750 millones de pesos.
Sin embargo, la historia de la adquisición de las tierras tiene circunstancias muy singulares entre las que figuran amenazas, presiones y acuerdos incumplidos.
En 1998 el ejido interpuso el amparo 528/1997 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa donde pide la nulidad del decreto expropiatorio del gobierno federal que les arrebató 298 hectáreas para la construcción del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.
El juez resolvió a su favor y declaró nula la expropiación por violaciones a los derechos de garantía de audiencia y una inadecuada indemnización. Los ejidatarios de Santa Cruz del Valle conservaron 101 hectáreas de la superficie expropiada y el aeropuerto mantuvo la posesión de 197 hectáreas.
Aunque es el gobierno federal el señalado en el litigio, el GAP intervino como “concesionario” o “tercero perjudicado” para negociar con los ejidatarios y conseguir las otras 101 hectáreas en poder del ejido y de esta manera continuar con sus planes de expansión.
El 29 de julio de 2019, el grupo firmó un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que con recursos propios cubrir la indemnización reclamada por los ejidatarios por la totalidad de 298 hectáreas que fueron expropiadas irregularmente.
Según el documento (cuya copia posee este columnista) se pactó pagar directamente a 134 ejidatarios del total de 148 en el padrón, la cantidad de 378 millones 284 mil 369 pesos con 46 centavos, por concepto de contraprestación económica complementaria a la indemnización constitucional.
El monto para cada uno de los 134 miembros del ejido fue de 2 millones 823 mil 017 pesos con 68 centavos.
También el convenio establece un segundo pago complementario por 279 millones 005 mil 658 pesos para cubrirse a más tardar en el mes de enero de 2020, obligándose los ejidatarios a entregar la posesión y propiedad de las tierras a la SCT y ésta a su vez a la concesionaria aeroportuaria.
El convenio en su cláusula séptima, también incluye el pago adicional de 34 millones de pesos por “reintegración de gastos y de asesoría” para 4 personas (los abogados) que llevaron la gestión, trámites y recursos legales.
Dentro del convenio ventilado en el juzgado cuarto, se hace referencia que solamente falta pagar a 10 ejidatarios por haber fallecido o por otras causas. Mención aparte es la del ejidatario Manuel Rafael Fierros Magdaleno al que le corresponden 13 millones 287 mil pesos por 4 hectáreas y media que según el señalado se “encuentran invadidas”.
Por este motivo el presidente del ejido solicita al juez que “ordene el lanzamiento de la parcela 4” con el uso de la fuerza pública.
Pero Manuel Fierros no puede disponer de las tierras porque 3 de estas hectáreas están en posesión del ejido El Zapote con el que tiene un convenio por lo que no puede disponer de ellas.
Además, el acuerdo señalaba el mes de enero para cubrir la segunda parte de 279 millones 005 mil 658 pesos, pero este monto no se ha cubierto a los ejidatarios.
Y aunque no han recibido el pago, al firmar el convenio el ejido quejoso reconoce que las 298 hectáreas pertenecen al gobierno federal y están dadas (sic) en concesión al “tercero perjudicado”, es decir, al Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V.
