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El Gobierno del Estado ha optado por emplear la fórmula de un observatorio ciudadano para salir al paso de dos conflictos graves: el transporte público urbano y el polémico proyecto de la presa El Zapotillo.
En cuanto al primero, orillado por las circunstancias de sobra conocidas con la crisis de este servicio, ha llegado al extremo de vincular las decisiones de los integrantes al posible retorno a la tarifa a siete pesos.
Según la autoridad, serían los usuarios a través de esta figura los que revisarían rutas y validarían el posible aumento a siete pesos.
Para el caso del Zapotillo el camino no puede ser distinto. El Observatorio del Agua tiene además el agregado que está respaldado por dos universidades locales, la U de G y el Iteso; además de la asesoría de las universidades de Zaragoza y la Complutense de España.
Se supone que junto a su composición, el grupo sustentaría en estudios técnicos las razones de por qué no se justifica optar por grandes presas para resolver el abasto de agua o las devastadas condiciones de la cuenca del río Verde para seguir exprimiéndola.
Recurrir a la estrategia de crear observatorios para descargar parte de la responsabilidad en la toma de las decisiones o para aminorar las presiones sociales tiene, sin embargo, su dosis de riesgo.
Por ejemplo, la línea tres del Tren Eléctrico Urbano cuyo derrotero iría de Zapopan a Tlaquepaque, es ya motivo de debate y se levantan manifestaciones de rechazo de al menos 75 colonias de Guadalajara y Zapopan que se sienten afectadas por el trazo elevado.
La insistencia de construir un tramo de la línea de esta manera y no subterránea, no tomó en cuenta además los siguientes factores: la afectación de plusvalía de fincas y negocios; la contaminación visual por la larga joroba por donde circulará el tren y las características inestables del suelo de la zona que tendrá que soportar el enorme peso de las estructuras.
Por último, está el caso del mega desarrollo turístico de Chalacatepec, donde gracias a los amparos, recursos, quejas, denuncias, demandas y otro coctel de procesos legales, pasarán conservadoramente dos años para desenredar los juicios.
Un buen número de ejidatarios se sienten engañados y acusan al gobierno estatal de prestarse al despojo; otra parte, la menor, están a favor del proyecto.
Si buena parte de la solución para ambos conflictos está en la voluntad de los ciudadanos para que las obras progresen, no sería extraño que los vecinos afectados de Ávila Camacho y del ejido José María Morelos, exijan también su propio observatorio.
