Inicio / Opinión / Estados y la IP, a prueba con las vacunas

Estados y la IP, a prueba con las vacunas


Sin duda, es una buena noticia que el gobierno federal haya cambiado su postura en torno a no ser la única vía para que los mexicanos tengan acceso a las vacunas contra la Covid-19, toda vez que se abre la posibilidad de que mayor número de personas puedan ser inoculados en menor tiempo. Sin embargo, habrá que recordar, existen ciertos procedimientos y trámites que de momento complicarían su llegada al sector privado para su venta y distribución. De tal suerte que se puede advertir desde ahora que estarán a prueba las destrezas, capacidades, y pericia de quienes serían, en este caso la iniciativa privada y los gobiernos estatales, los encargados de tal proeza.

Habrá que recordar que en primera instancia el Gobierno Federal había asumido una posición de rechazo a la posibilidad de que los Estados y empresas privadas compraran vacunas en el extranjero, pero ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abrió la puerta a la alternativa de que esto pueda ser viable, al abordar el tema en su ya acostumbrado video que los fines de semana gusta de compartir en sus redes sociales.

López Obrador precisó que no existe algún impedimento para que particulares adquieran la vacuna en el extranjero y la traigan a México.

“Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias, claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna, que se compre afuera. Lo que estamos haciendo es comprar toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita”, detalló.

Ahora bien, es preciso mencionar que así como algunas voces de personajes de la Cuarta Transformación se pronunciaron en el sentido de que se impidiera una ruta diferente para la llegada de la vacuna a México que no fuera la del gobierno federal, también es de señalar que de haber procedido en esa forma se habría incurrido en una ilegalidad, ya que ninguna ley prohíbe comprar sus propias vacunas.

La periodista, Surya Palacios, en una publicación de Primer Nivel, aborda el tema que me permito compartir:

“Ante la llegada a México del primer cargamento de 3,000 vacunas contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer, y el inicio de su aplicación, nuestro país tiene ante sí un importante reto logístico que podría enfrentar varias dificultades, considerando que el gobierno federal prohibió -al menos verbalmente- que los estados exploren la posibilidad de comprar sus propias vacunas, a pesar de que ninguna ley lo impide.

En ese tenor, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es enfático: “Si la vacuna está autorizada por Cofepris, que es la autoridad que en el ámbito nacional determina las posibilidades de utilización de todos los fármacos, medicamentos, vacunas, etcétera, en el país, a mi modo de ver basta con que se satisfagan los requisitos de importación de los medicamentos o de los insumos que son considerados lícitos, para que los particulares, las entidades federativas o quien quiera las pueda comprar”.

Al menos 10 estados que integran la Alianza Federalista han manifestado su disposición para importar vacunas, pagándolas con su propio presupuesto, a fin de acelerar el proceso de inmunización”.

Prohibición sin fundamento
Hace unas semanas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, argumentó que los estados tenían prohibido comprar sus propias vacunas contra el Covid-19, de acuerdo con los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud. Sin embargo, esos numerales no prohíben de ninguna forma que las entidades compren en el extranjero este tipo de productos.

En entrevista con ALTO NIVEL, el ministro en retiro apunta que “el doctor López-Gatell me parece que lo que está pensando es que debe haber un programa nacional de vacunación en materia de Covid, y me parece que ha confundido argumentos técnicos con argumentos económicos, e inclusive con argumentos ideológicos”, pues la Ley General de Salud en ninguno de sus artículos prohíbe la importación de vacunas, siempre que estas ya hayan sido autorizadas por Cofepris.

“Si yo quisiera comprar, yo como particular, una vacuna, y yo satisfago los requisitos que la Secretaría de Hacienda me establece para la importación, ¿De verdad se me impediría la adquisición de esta vacuna?, pues creo que no habría ningún argumento”. Lo mismo sucede con las entidades federativas o con los hospitales particulares, enfatiza el jurista.

Si los estados del país “quieren hacer una compra, la medicina está o el medicamento o la vacuna están en el comercio, y satisfago los requisitos de importación que me establece la Secretaría de Hacienda, yo creo que la Secretaría de Salud en modo alguno me podría prohibir la incorporación de este medicamento permitido y autorizado en mi país”, asevera José Ramón Cossío.

Por otro lado, si esa prohibición, que hasta ahora solo es verbal, se llegara a presentar oficialmente, las entidades federativas pueden interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a decir de Cossío, sería difícil que no les dieran la razón.

En el caso de los particulares ocurriría lo mismo, pero acudiendo al juicio de amparo. Si un hospital privado quiere importar vacunas contra el Covid-19, y estas se encuentran disponibles por los laboratorios que las fabrican, en caso de que se les prohibiera su introducción al país, los particulares tienen a su alcance promover un juicio de amparo ante los juzgados federales de México.
“La probabilidad de que las autoridades me tengan que autorizar, las autoridades judiciales, esa importación, es altísima, porque no habría una razón jurídica para que me prohibieran esta importación”, concluye José Ramón Cossío.

Se trata pues sin duda de un tema alentador este de la apertura del gobierno federal, ahora habrá que esperar a ver si lo pueden cristalizar las instancias ya referidas de manera que se puedan tener otras vías para los empresarios que estén en condiciones de cubrir las vacunas para sus empleados, y las familias que tengan posibilidades de invertir en los antivirales para protección de su círculo familiar más cercano.

opinion.salcosga@hotmail.com
@salvasorcosio1

• Salvador Cosío Gaona

Foto del avatar
Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.

Te puede interesar:

Jalisco más seguro que nunca

Por Carlos Martínez Macías Con una puntería escalofriante, el gobernador Enrique Alfaro cumplió su cita …