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Por Carlos Martínez Macías
“Talón de Aquiles” en la actual administración federal, el abasto de medicamentos y en general la atención médica en el país, ha sido un prolongado dolor de cabeza que amenaza con permanecer hasta el último día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin encontrarse la cura.
La construcción de una super farmacia equivalente a cinco zócalos de la Ciudad de México con “todas las medicinas del mundo”, parece no ser la mejor solución para el abasto, que requiere de todo un andamiaje que pasa por la producción de los laboratorios, redes de distribución, manejo de medicamentos que requieren refrigeración y mecanismos específicos de compras.
Según reveló en su momento, el presidente encontró un “cartel de los medicamentos” que exprimía los recursos públicos al concentrar los mayores volúmenes de los productos y tener utilidades supuestamente del 30 por ciento.
No obstante, las instrucciones del primer mandatario fueron desmantelar las redes donde él veía complicidades y realizar compras consolidadas directas por parte de la Secretaría de Hacienda, pero sin diseñar una estructura que sustituyera a las prácticas que operaron hasta 2018.
Según documentos de análisis del sector salud, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las compras de medicinas se realizaban siguiendo una cadena integrada por una Comisión Negociadora de Precios donde participaba el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud.
Luego ya operaba una compra consolidada federal, infraestructura de almacenamiento y distribución y los laboratorios. El gobierno compraba medicinas de patente cada año directamente a los fabricantes y negociaba a través de la comisión, mientras que el IMSS hacía compras consolidadas de productos genéricos.
Pero en esta operación de abasto, una parte importante la desempeñaban los distribuidores, que llegaron a tener almacenes hasta dos veces el equivalente al zócalo, unos cien mil metros cuadrados y otros espacios aparte de refrigeración, con dos mil puntos de entrega.
Aunque pareciera una labor de intermediación, a los laboratorios les convenía, ya que ahorraban un porcentaje importante del costo de producción al dejar en manos de esta red la entrega; mientras que el distribuidor concentraba más de 100 ó 150 medicamentos para hacer luego los repartos.
Durante buena parte del 2019, el gobierno federal deliberó cómo iba a sustituir la anterior fórmula y finalmente dividió en siete regiones el país, fraccionó la compra de medicamentos y servicios de almacenamiento y distribución para tener 21 proveedores, pero las operaciones fueron directas por lo que no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.
En 2020, con un modelo todavía prueba para el abasto de medicamentos, el mundo enfrenta la pandemia del covid 19 y el gobierno federal decide apostarle a un organismo internacional, por lo cual contrata a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con la cual adquiere poco menos del 30 por ciento de los medicamentos que necesitaba México.
A través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el organismo asegura haber generado ahorros para el país por 10 mil millones de pesos, al conseguir 180 proveedores de 21 países.
La UNOPS, incluso presumió que fue premiado por la misma ONU (de la cual depende), como el mejor proyecto de compras de medicamentos con el INSABI de 2022. Pero el INSABI desapareció en mayo de 2023 y el contrato del organismo con el gobierno mexicano también se esfumó a fines de 2022, con todo y los ahorros.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, de 2018 a 2023, el abasto de medicamentos cayó 4.5 por ciento. En 2018 se cubría el 77.6 por ciento de las recetas y ahora, en 2023, el 73.1 por ciento.
También las unidades médicas se desplomaron. En 2018 había 22 mil 615 unidades y para 2023, 21 mil 614, es decir, mil menos.
