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El candidato del partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, en una reunión con miembros de la Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco (Careintra), lanzó la advertencia que muchos esperábamos y que un puñado de pillos jamás habría querido escuchar: “Dejo mi compromiso, no va a haber impunidad y tengo ya una lista, una relación con elementos de prueba, para que cuando menos unos veinte funcionarios que ya traemos identificados, van a acabar en la cárcel. Así de claro, porque si no, no hay combate a la corrupción, y es puro cuento”.
Si bien se trata de un anuncio que por obligación cualquier aspirante a gobernador de Jalisco tiene que hacer, lo cierto es que cobra especial relevancia porque lo lanza quien encabeza todas las encuestas hasta ahora conocidas; pero más aún, este aviso se da en el marco de una coyuntura muy especial. Ya se sabe que algunos personajes de la función pública estatal, que de modo “inexplicable” dieron el salto de la medianía económica a la opulencia financiera en pocos años, han tratado de construir puentes de amistad con Alfaro con el fin de conquistar su simpatía y así –según ellos- librar la posibilidad de enfrentar a la justicia.
Pero la cosa no para ahí. Me cuentan que esta amenaza no sólo contempla a integrantes del gobierno estatal, sino que también tiene como destinatarios a quienes abandonaron su proyecto político para sumarse a las filas de Morena. Es decir, Enrique no sólo buscaría meter a la cárcel a sus rivales políticos, sino también a quienes tuvieron la osadía de atentar contra su liderazgo.
Ahora bien, pienso que una declaración de esta naturaleza, tiene que venir acompañada de algo más. Si en realidad ya tiene en su poder “una relación con elementos de prueba” para que “cuando menos unos veinte funcionarios” vayan a prisión, entonces habrá que plantear una pregunta clave: ¿por qué no presenta las denuncias penales correspondientes de una buena vez?
De no hacerlo, Alfaro estaría cayendo en una peligrosa contradicción. Si lo que persigue es combatir la corrupción y la impunidad, ¿para qué postergar las acciones legales que amerita el caso? Vamos, incluso hasta como estrategia de campaña le vendría muy bien.
Hacer pública una información de este tamaño exige una operación jurídica inmediata, específica y contundente.
Está claro que son tiempos para la promesa, pero también para la congruencia.
