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El formato de la Contraloría del Estado para presentar declaraciones, es un compendio de buenas intenciones del que difícilmente podría desprenderse información que permitiera descubrir actos de corrupción de funcionarios.
Solicita los datos del cónyuge y dependientes; la lista de bienes inmuebles del declarante, cónyuge y dependientes, así como el tipo de bien, ubicación, forma de adquisición, Registro Público, valor y fecha de adquisición; la lista de bienes muebles, tipo de bien, forma de adquisición y valor.
También solicita otro tipo de valores como inversiones o cuentas bancarias; adeudos del declarante, cónyuge y dependientes; percepciones del declarante por sueldos y honorarios; rentas, regalías e intereses; donaciones, herencias y legados; préstamos hipotecarios personales; venta de bienes muebles e inmuebles; venta de valores como acciones.
Luego viene la aplicación de los recursos del declarante, como pago de préstamos hipotecarios o personales; adquisición de bienes inmuebles; adquisición de vehículos; adquisición de otros bienes muebles; gastos de manutención, servicios generales; otros, como ISR, Pensiones del Estado, etcétera.
Tras esta información, se supone que deben cuadrar las cuentas en lo reportado como ingresos en el año con pagos que se hayan realizado.
El problema es que la mayor parte de esta información está completamente a criterio del declarante llenarla y es con frecuencia fácil de eludir a través de terceras personas (prestanombres) o fingiendo donaciones o rentas de las propiedades.
La mejor prueba de que este tipo de instrumentos de la Contraloría no sirven para nada, es la escasa revisión de los bienes de ex funcionarios de la administración de Emilio González Márquez.
El mismo ex mandatario, contador público de profesión, tendría que explicar el origen de los recursos para adquirir sus propiedades, luego que en su momento reconociera que por la crisis del 94 perdió su vivienda. Durante un tiempo el domicilio para recibir correspondencia y suscripciones, fue la finca de su madre a espaldas de Galería del Calzado.
Otros colaboradores cercanos, como Carlos Andrade Garín, fueron señalados como propietarios de varias residencias que es difícil “cuadrarlas” con los ingresos percibidos en su encargo.
Un cercano colaborador de Emilio vive en una finca en un exclusivo condominio cerca de la cabecera municipal de Zapopan. La residencia tendría un costo de nueve millones de pesos.
Si sumáramos los poco más de cien mil pesos mensuales que percibió como salario en seis años (sin gastar absolutamente en nada), no alcanzaría a cubrir el precio de la propiedad.
Así como estos casos, existen decenas más de ex funcionarios que comenzaron la administración viviendo en colonias de clase media y terminaron en Valle Real, Puerta de Hierro, Bugambilias, El Palomar u otros fraccionamientos exclusivos de la ciudad.
Hay un destacado panista, por ejemplo, que colecciona obras de arte. Tiene acondicionado en su domicilio un espacio con vidrios, luces y temperatura controlada para proteger sus cuadros.
En el seno del mismo PAN, hay leyendas azules que hablan de ex funcionarios con Emilio que amasaron grandes fortunas al amparo de negocios, uno de los motivos de la disputa entre Fernando Guzmán Pérez Peláez con el entonces poderoso y ahora amparado Herbert Taylor Arthur…
¿Qué dicen las declaraciones iniciales y las finales de estos funcionarios en manos de la Contraloría del Estado? ¿Es tan inútil este mecanismo que no se puede ni siquiera rastrear la ruta del dinero y las inversiones inmobiliarias que llevaron en seis años a convertir a simples pecadores estándar en millonarios?
